Al alcance de la mano parece estar el nuevo acuerdo entre la Unión Europea y México. Éste, que reemplazará al que está en vigor desde el año 2000, "reforzará las ya muy buenas relaciones económicas y comerciales y aportará a que europeos y mexicanos cooperen para que los derechos humanos no se queden en el papel”: esa es la información difundida después del último encuentro (febrero, 2018) entre parlamentarios mexicanos y europeos.

Aunque problemas con el respeto a los derechos a la vida, la libertad y el bienestar de las poblaciones hay a ambos lados del Atlántico, las cifras mexicanas son acongojantes y acaparan la atención: Según el flamante informe de Amnistía Internacional hubo más de 40.000 homicidios en 2017. 12 periodistas fueron asesinados. Por otra parte, sigue sin esclarecerse la suerte de 34.656 desaparecidos, entre ellos los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En México se estima que hay unos 311.000 desplazados internos (según datos de International Displacement Monitoring Centre).

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De acuerdo con el Alto Comisariado para Derechos Humanos de la ONU, el grado de impunidad es del 98%. En esta situación, ¿qué aportaría un remozado acuerdo con los europeos?

Hablar claramente

"Nuestro principal tema ahora es la modernización del acuerdo comercial. Para ello hablamos claramente con nuestros colegas mexicanos, ellos saben que es muy importante para nosotros que en esos acuerdos se incluya una cláusula democrática para poder pedir que se trate con justicia a la gente, que haya asociaciones sociales, que los derechos civiles se respeten, que la gente no sea encarcelada sin motivo o perseguida”, explica a DW el eurodiputado alemán Thomas Mann, miembro de la delegación para las relaciones con México.

Consciente de las cifras, Mann –del bloque conservador y miembro de la Eurocámara desde 1994- ve buenas perspectivas de que, en cooperación con los europeos, la situación cambie. "El progreso es un caracol, no obstante hemos dado grandes pasos”, afirma.

Avances ha habido: las recientes leyes contra la tortura y las desapariciones forzadas se suman a la de protección a los defensores de derechos humanos y periodistas. También la controvertida Ley de Seguridad Interior que permite la presencia prolongada del Ejército en funciones de la Policía, sin mecanismos de rendición de cuentas.

"A pesar de que desde fuera no se puede hacer mucho, sí podemos insistir en que las fuerzas de seguridad tienen que ser independientes. También podemos abogar por y cooperar para luchar contra la corrupción. Podemos hacer presión política y moral, y la hacemos. Ponemos los temas sobre la mesa, no intercambiamos cumplidos”, agrega. Mann fue ponente del informe "Cooperación en materia de Cohesión Social y medidas para afrontar la exclusión social en México y la Unión Europea”.

La cláusula no basta

"En el acuerdo que entró en vigor en el 2000 también había una cláusula democrática”, dice por su parte a DW Josep-María Terricabras, eurodiputado español, ponente del informe "Cooperación para promover y reforzar la protección de los Derechos Humanos en México y la Unión Europea”.

"En estos 17 años hemos visto cómo el respeto de los derechos humanos ha ido descendiendo de una manera brutal. Y nadie ha dicho ‘stop, revisemos' . Por eso, no me basta. Yo querría ver estipulado en ese acuerdo un comité internacional independiente –conformado por especialistas de la UE, de México, de la ONU, de organizaciones de la sociedad civil- que acogiera las quejas y las investigara. No como un tribunal pero sí como un elemento de cierta garantía dado que todo lo que hemos tenido hasta ahora ha funcionado poco”, puntualiza Terricabras, de la bancada verde de la Eurocámara.

¿En qué se podría cooperar?

Más allá del esclarecimiento de hechos violentos, en su opinión, en el marco de este acuerdo se debería contemplar la cooperación europea en materia de formación de fuerzas de seguridad.

"Contrariamente a lo que se ha hecho ahora, que es militarizar el país, es importante que las fuerzas de seguridad locales sepan actuar correctamente”, agrega Terricabras. "La inversión que requiere esto, si no la puede hacer México, la podría hacer la UE”, apunta.

Cabe resaltar que la inversión social de México se estima entre el 8,4% y el 11% de su producto interno bruto. El promedio de los otros miembros de la OCDE es de un 21%. La población considerada vulnerable alcanza el 34%.

"Para conseguir la inclusión social hay que invertir más de lo que está haciendo en este momento México”, comenta Mann. "México tiene interés en experiencias nuestras como la de la educación dual”, agrega. En ese esquema formativo, las empresas abren sus puertas a jóvenes en formación para que aprendan en la práctica laboral. "Hay muchas empresas alemanas que quieren ofrecer esa posibilidad en México”, puntualiza.

Micro versus macro

Cabe preguntarse entonces, ¿contempla todo esto el nuevo acuerdo? Si bien se sabe que su parte no comercial incluye cooperación en materia de paz y seguridad, cambio climático, energía, justicia y libertades, desarrollo sostenible, manejo de desastres, lavado de dinero e igualdad de género, los parlamentarios no tienen influencia en él. Cuando esté listo, podrán aprobarlo o rechazarlo.

Así las cosas, mientras el uno ve buenas perspectivas para el cambio en el reforzado diálogo y en la mayor presencia europea que traería este acuerdo, el otro teme que la mejora sea sólo a nivel macroeconómico. "Pero a mí lo microeconómico me interesa más”, apunta Terricabras.

"Un acuerdo que vea los derechos humanos como el pastel y no sólo como su guinda debería aportar no sólo a que se sepa qué pasó con los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sino a que sus familiares puedan vivir mejor y a que su región fuera más segura”, concluye.