En Nicaragua, país socio de la Unión Europea (UE), se ha despedido esta semana a personal médico y sanitario que había denunciado la ausencia de medidas de parte del Gobierno nicaragüense para enfrentar la pandemia de la COVID-19.

La noticia cae mal en una Bruselas que pretende liderar los esfuerzos internacionales para recabar fondos internacionales con vistas a la prevención y al tratamiento de la pandemia. "Es inaceptable que se esté desprotegiendo la salud pública de sus propios ciudadanos y que se despida a personal médico por denunciar la existencia de enfermos con COVID-19 en hospitales donde no se declara su ingreso", dice a DW Soraya Rodríguez, eurodiputada española.

"Por otro lado, las cifras oficiales son difíciles de creer. Pero de ser ciertas, si con doce afectados hay tres fallecidos, Nicaragua sería el país la tasa de mortalidad más alta", agrega Rodríguez, que integra la comisión de Relaciones Exteriores y la de Salud Pública en la Eurocámara.

Dos años en la agenda

Desde que comenzó la crisis política y social en abril de 2018, Nicaragua ha sido objeto de pronunciamientos desde las instituciones europeas. A una delegación del Parlamento Europeo se le permitió la entrada en enero de 2019 y pudo formarse un cuadro real de la situación en base a encuentros con diferentes actores sociales.

En ese momento se abogaba por la liberación de los presos políticos, por el cese de la represión y por cumplir los acuerdos que se habían logrado con la oposición. La falta de avances llevó, en octubre de 2019, a que el Consejo –los en ese entonces 28 jefes de Estado y de Gobierno– aprobaran la posibilidad de tomar medidas coercitivas contra miembros del Gobierno Ortega-Murillo. Pero, en realidad, nunca entraron en vigor.

Se suma la pandemia

Para abril de 2020, "no se han hecho avances tangibles en la democracia y los derechos humanos en Nicaragua. Las fuerzas de seguridad y los grupos armados progubernamentales siguen reprimiendo a opositores, manifestantes, periodistas, organizaciones de la sociedad civil y a miembros de la Iglesia Católica", dice un reciente comunicado del Alto Representante de la Política Exterior de la UE, Josep Borrell.

En el comunicado se mantienen mismos puntos de octubre de 2019: la liberación de los presos políticos, el regreso de las instituciones internacionales de derechos humanos y el cumplimiento de la hoja de ruta hacia unas elecciones justas y libres.

Al discurso conocido se agrega la crisis de la COVID-19: "La pandemia del coronavirus es una crisis de salud pública y más que requiere más que nunca que la solidaridad y los derechos humanos guíen las acciones conjuntas", dice el comunicado.

Lo prioritario es la salud

De sanciones no se habla. ¿No es el momento? "La situación lejos de mejorar ha empeorado. Pero a ello se suma la pandemia y la ausencia de cualquier tipo de medida para proteger la salud. Esto es lo prioritario ahora", sigue Rodríguez.

Hasta esta semana, Nicaragua era el único país de América Central que no había adoptado medidas de confinamiento ni de controles fronterizos ni de suspensión de asistencia escolar. Si bien esta semana, desde el Gobierno, se anunció que habría campañas de información para protegerse de la epidemia, en concreto poco se ve, dicen organizaciones locales.

Esta negación de la pandemia pone en riesgo no sólo al pequeño país centroamericano, sino a toda la región. En esa medida, ¿qué se puede hacer desde las instituciones europeas para lograr un cambio de actitud?

"El Servicio Europeo de Acción Exterior tiene mecanismos y debemos ponerlos en marcha", responde Rodríguez. Hay que recordar que la UE sigue siendo el principal donante de fondos de cooperación en Nicaragua.

En la información oficial de DEVCO, la agencia de desarrollo europea, consta la dificultad de implementar proyectos debido al afán de control y a la falta de voluntad de cooperación por parte del Gobierno. Sin embargo, se mantienen los proyectos en el sector productivo rural, en la formación profesional y en la adaptación al cambio climático.

"En esta situación, que ha podido con los sistemas sanitarios más fuertes del mundo, tenemos que dar pasos para proteger la salud pública de los más vulnerables. También para paliar las consecuencias económicas y sociales que va a traer esto", sigue Rodríguez. En su opinión entre los pasos urgentes que hay que dar es la protección de esas voces que denuncian los posibles contagios, que desde la institucionalidad se pretende ocultar.

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