"Lo que constatamos en el puente Simón Bolívar fue que las personas que cruzan la frontera de Venezuela hacia Colombia y en menor medida hacia Brasil lo hacen huyendo de la ausencia de lo más esencial. La visión de ese río imparable de sufrimiento a través del puente nos da una idea muy clara de que lo está pasando en Venezuela no es producto de una catástrofe natural, de una sequía o de un huracán es producto de una decisión política”, cuenta a DW Beatriz Becerra, eurodiputada que integró una delegación que visitó las fronteras venezolanas.

Becerra, vicepresidenta de la comisión de derechos humanos del Parlamento Europeo, es una de las promotoras de una nueva resolución de la eurocámara dedicada a la crisis venezolana. Esta vez se trata de la asistencia que requieren los países vecinos para hacer frente a esa ola de inmigración, mayormente de gente en condiciones de precariedad. 

Vecinos solidarios

La respuesta sobre todo de Colombia, destaca Agustín Díaz de Mera, presidente de la delegación, ha sido ejemplar: ha otorgado tarjetas de movilidad fronteriza para la gente que entra para abastecerse y también permiso de permanencia para los que no retornan. "Pero solos no pueden”, dice el eurodiputado, subrayando que la situación en Cúcuta es desastrosa.

De 437.000 en 2005, el número de venezolanos que viven fuera del territorio nacional ha aumentado a más de 1,6 millones. Sólo entre 2015 y 2017 salieron 945.000 según cifras de la Organización Internacional para la Migraciones (OIM). En Colombia se encuentran 820.000, en Perú 400.000. A Brasil, entre 2017 y lo que va del 2018 han ingresado 11.581 venezolanos.

Por otro lado, las rutas marítimas hacia Aruba, Curaçao, Bonaire, Trinidad y Tobago y Guyana son cada vez más importantes. En Europa, Venezuela es el único país de América Latina de donde (entre 2016 y 2017) se registraron nuevas solicitudes de asilo. "España es el único país de la UE en el que el año pasado crecieron las peticiones de asilo de forma dramática; se trata de ciudadanos de Venezuela”, sigue Becerra.

Según un informe de la OIM, en 2017 había alrededor de 200.000 personas nacidas en Venezuela registradas en España. El 61,3% de ellas con nacionalidad española ligada a la previa emigración española hacia el Nuevo Continente. Hacia Italia y Portugal se detecta también crecientes flujos de venezolanos; muchos de ellos, así la OIM, habilitados para obtener ciudadanía europea. 

Se pide respuesta europea

Pero no se trata sólo de los que piden asilo, cuando cabe la posibilidad, sino también de los permisos de residencia. "En nuestra resolución hay un llamado a los países de la UE para que utilicen todos los instrumentos para proporcionarles la posibilidad de vivir de una manera adecuada”, agrega. 

Especial atención merece la situación de los venezolanos en el Caribe. "Las islas Aruba y Curaçao están presentando una situación extremadamente delicada desde el punto de vista de los derechos humanos. Según ACNUR, Amnistía Internacional y Human Rights Watch se están produciendo encarcelamientos masivos de las personas que llegan en condiciones deplorables”, afirma Becerra. Debido a su situación de irregularidad, según las leyes locales, deben ser llevados a centros de internamiento. 

"Nuestros gobiernos tienen que asumir la responsabilidad de tratar de forma expresa la situación de estas personas”, plantea Becerra.  

Puntos muy sensibles

El tema es sensible. ¿Es realista dar un tratamiento especial a los venezolanos en plena crisis de refugiados en Europa? Becerra responde: "No es cierto que en Europa haya una crisis migratoria, ni de refugiados. Sí tenemos el reto de gestionar adecuadamente los flujos migratorios, pero las cifras nos dicen que no es ni mucho menos una crisis. El número de personas desplazadas en las fronteras europeas con el de las fronteras venezolanas es incomparable”, afirma.

Así las cosas, la resolución aprobada (04.07.2018) en la eurocámara va más allá. Haciéndose eco del informe del panel de expertos de la OEA (29.05.2018), la resolución apoya la apertura de investigaciones en la Corte Penal Internacional al gobierno de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. "El más inhumano y el más grave es haber provocado esta hambruna y esta situación de máxima emergencia y no permitir la asistencia humanitaria”, concluye Becerra.

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