En Bruselas, plataformas de organizaciones de la sociedad civil hicieron llegar esta semana un pedido de auxilio a la Unión Europea. Las diez masacres que se contabilizaron en Colombia en el mes de agosto, las 45 en lo que va del año, los 18.650 desplazados y las más de las 57.000 personas confinadas actualmente debido al conflicto armado hacen urgente tomar cartas en el asunto. 

"Para detener esta escalada de violencia es fundamental que tanto la Unión Europea como sus estados miembros se pronuncien alta y claramente rechazándola”, dijo a DW Jorge Gómez, coordinador de la Oficina para los Derechos Humanos-Acción Colombia (OIDHACO), que aglutina a 35 organizaciones europeas y cinco plataformas colombianas.

¿Qué hace la UE?

Pero no es que Bruselas no sepa lo que está ocurriendo y no apoye a las víctimas. Desde el 2019, la UE ha destinado 10 millones de euros a asistir a desplazados y retornados en extrema vulnerabilidad y dar respuesta rápida a comunidades directamente afectadas por la violencia, informan a DW desde la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria (ECHO).

Hay fondos especialmente destinados a asistir a poblaciones afectadas por la pandemia y, en este año, un millón de euros adicionales se han destinado a desastres. Paralelamente están en marcha muchos proyectos con los fondos europeos destinados a la paz, la disminución del conflicto y a la inclusión de población afectada y minorías.

Por los asesinatos de líderes sociales se ha expresado preocupación tanto desde la delegación de la UE en Colombia como desde diversas embajadas europeas en el país. También desde el Parlamento Europeo, una treintena de eurodiputados hicieron llegar su rechazo y preocupación al presidente del país, Iván Duque.

¿Se puede hacer más? 

"El reclamo de protección de la UE es importante, pero insuficiente, porque  termina aceptando las razones que esgrime el gobierno, que lo explica todo con el narcotráfico. El problema no es el narcotráfico -que ha estado en el país por lo menos durante los últimos 45 años-, sino cómo se gestiona su confrontación”, explica a DW Alfonso Yepes, coordinador del observatorio de derechos humanos de la plataforma Coordinación Europa-Estados Unidos.   

"Este gobierno abandonó las líneas y los acuerdos que se habían hecho para dar un tratamiento alternativo al tema del narcotráfico, que implicaba poner acento en la sustitución voluntaria de los cultivos y en programas de desarrollo alternativo con las regiones”, agrega. Y si la presencia permanente de la UE fue muy importante para lograr esos acuerdos, desde Europa se debería insistir en su aplicación, opina el especialista. 

"Solicitamos a la Comisión Europea que se monitoree la implementación del paquete de medidas de seguridad para las comunidades y que se insista en poner en marcha el  desmantelamiento de las estructuras paramilitares, que son, en gran parte, las que están detrás de las masacres”, explica Gómez.

"Con el apoyo de la UE, se puso en marcha la unidad diseñada en los acuerdos para desmantelar las estructuras paramilitares. Pero su función ha sido reducida a la investigación de los asesinatos, dejando de lado la desarticulación de las redes que están detrás”, puntualiza Gómez. Todos estos puntos fueron tratados en un diálogo con la sociedad civil que la diplomacia europea sostuvo en julio, previo a su diálogo sobre derechos humanos con el gobierno colombiano.

Con todo, agosto fue especialmente cruento. Y, desde Bruselas, no se excluye la destinación de fondos adicionales para asistir a las víctimas.

"Esa ayuda es importante”, subraya Yepes. "No obstante es insuficiente si no se ataca el factor principal que genera la crisis: el retorno a la estrategia de guerra. Mientras no haya una presión seria por parte de la UE -con exigencia de resultados del cumplimiento de los acuerdos y la vía negociada-, se van a generar muchas más víctimas de las que pueda atender la ayuda humanitaria en cualquiera sea la región colombiana”, concluye.