El pasado lunes 8 de agosto, la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, aprovechó el Día Internacional de los Pueblos Indígenas para reafirmar públicamente el compromiso de la Unión con los derechos humanos de los pueblos ancestrales. "Siguen produciéndose violaciones de derechos humanos, como asesinatos y abusos contra defensores de los derechos humanos en varios países", denunció la jefa de la diplomacia europea. Recientemente, la Organización de Estados Americanos (OEA) reconoció que, si bien las leyes reconocen los derechos de estas personas (que suman el 10 por ciento de la población de América Latina), la realidad es bien distinta.

En la memoria de muchos europeos permanece todavía el caso de Berta Cáceres, la activista ambiental y dirigente indígena asesinada el pasado mes de marzo en Honduras, pero la lista de crímenes cometidos contra miembros o aliados de estas comunidades parece no tener fin. Las palabras de Mogherini, si bien fueron bienvenidas por organizaciones y activistas, también pusieron sobre la mesa una pregunta que Bruselas no está segura de saber responder: ¿Hace la diplomacia comunitaria europea todo lo que está en su mano para defender la vida y los derechos de estas personas?

UE, importante rol

"La UE es un actor clave en la escena internacional activo en varios ámbitos, incluyendo los derechos humanos, la ayuda al desarrollo y la protección medioambiental", señalaron a DW desde la oficina bruselense de Docip, una ONG que asiste a los representantes indígenas ante organismos internacionales como la UE o la ONU. Tal y como señalan desde esta organización, las preocupaciones y dificultades de los pueblos originarios son muy variadas y dependen de cada caso, pero entre todas ellas destacan algunas como la protección de la tierra y los recursos naturales, la vulnerabilidad frente a las actividades de las compañías extractivas multinacionales, la salvaguarda de sus culturas y tradiciones o las violaciones de derechos humanos de los activistas, que suceden a menudo en un contexto de impunidad.

En opinión del Docip, las instituciones comunitarias mantienen un compromiso con los pueblos indígenas desde hace mucho tiempo, aunque destacan que "este apoyo se ha incrementado particularmente desde hace un año y medio, a través de la implementación de una serie de proyectos de la UE a favor de los pueblos indígenas". Citan, por ejemplo, la recepción en Bruselas el pasado mes de junio de 15 delegados indígenas para la celebración de diálogos interinstitucionales e intercambio de posturas.

Más coherencia ayudaría

DW habló también con Kerstin Reemtsa, representante ante la UE de las Brigadas Internacionales de Paz. Reemtsa reconoce los "esfuerzos" del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), órgano diplomático de la UE que encabeza Mogherini, pero se muestra escéptica sobre las implicaciones prácticas de sus declaraciones y acciones. De su experiencia sobre el terreno en países como Guatemala concluyó que la compañías que realizan grandes proyectos de inversión que tratan de sacar beneficio de las riquezas de las tierras que estos pueblos habitan, rara vez los consultan o informan debidamente. Además, "muchas personas indígenas en América Latina entienden el desarrollo de una manera diferente que no considera que los enormes proyectos de inversión vayan a ayudarles a garantizar sus necesidades, la justicia social y la protección de la vida en general", indicó.

La cooperante señala como una de las grandes amenazas potenciales para estos pueblos los acuerdos de comercio, que "establecen reglas compartidas para dos economías muy diferentes" y ponen en peligro la supervivencia de la población indígena. Desde Docip recuerdan, no obstante, que la UE exige siempre una cláusula de derechos humanos que en teoría blinda los derechos fundamentales de estas personas.

En cualquier caso, las fuentes no oficiales consultadas coinciden en la gran influencia que puede tener la UE respecto de la protección y la promoción de los derechos humanos en América Latina más allá incluso del marco diplomático. Para Reemtsa, en consecuencia, la solución se halla en desarrollar unas políticas coherentes a todos los niveles: "Si la UE y los Estados miembros empezaran a promover de manera efectiva la coherencia entre sus compromisos de derechos humanos, especialmente aquellos con las personas indígenas, y su política de comercio e inversión en países latinoamericanos, se daría un gran paso".