Sonríen, beben unas copas y unos billetes se deslizan de mano en mano y con ellos también intercambian favores, alianzas, ofrecen privilegios en licitaciones y mueven las aguas políticas locales. La escena podría estar ubicada en cualquier parte de América Latina, un continente que sigue atenazado por las prácticas corruptas, los malos manejos de fondos públicos y la compra de votos.

La décima edición del informe "Barómetro Global de Corrupción (BGC)", elaborado por la organización Transparencia Internacional, hace una radiografía minuciosa de ese cáncer que enferma las instituciones, los negocios y la vida cotidiana. El reporte reconoce que en los "últimos cinco años, se han logrado grandes avances", y cita como ejemplo la investigación de la operación Lava Jato en Brasil, pero también revela que la mayoría de los ciudadanos opina que sus Gobiernos "no hacen lo suficiente para abordar la corrupción".

Al indagar entre residentes de 18 países sobre un posible aumento de la corrupción en los últimos 12 meses, los resultados reflejados en el Barómetro ponen a la cabeza de este triste listado a Venezuela, donde el 87% de los participantes considera que ha habido un repunte de ese flagelo; seguidos por el 66% de los dominicanos y el 65% de los peruanos. El 52% de los colombianos también comparte ese criterio y el 37% de los ciudadanos de Barbados.

Además, el informe alerta sobre los efectos dañinos y desproporcionados que las prácticas corruptas tienen sobre sectores vulnerables de la sociedad, especialmente las mujeres. Muchas "se ven obligadas a realizar favores sexuales a cambio de obtener servicios públicos, como aquellos relacionados con la salud y la educación. Esta práctica es conocida como extorsión sexual o ‘sextorsión'", subraya el texto. Una situación que hasta ahora no había sido incluida en estos informes anuales pero cuya incidencia ha llevado a divulgarla con más fuerza.

El problema se hace aún más grave, porque el 21% de los latinoamericanos que participaron en estas encuestas sostiene que en el sector de la prensa la mayoría o todas las personas que laboran están corruptas. Si quienes deben utilizar las planas de periódicos y los micrófonos de la televisión o la radio para denunciar las suciedades del poder, han sido comprados para callar o distorsionar esos hechos, la impunidad es aún mayor.

Por suerte, esa concomitancia entre poder y prensa, entre pluma y prebendas, no alcanza a todos los reporteros ni medios de prensa. No olvidemos que muchos casos de denuncia de sobornos, coimas y corruptelas se han conocido primero a través de las planas de los periódicos y los micrófonos de la televisión o de la radio, que han forzado a abrir investigaciones judiciales y a llevar tras las rejas a los implicados. Pero todavía falta hacer más.

¿Qué responderían los ciudadanos latinoamericanos si se les pregunta sobre su propia actuación, en el día a día, contra estas prácticas? Además de señalar a los gobiernos, las instituciones, las organizaciones no gubernamentales y los periodistas como parte de esta descomposición, ¿estarían dispuestos a reconocer su propio papel en tan nefasta práctica? No importa si se lleva toga, grados militares, la corbata del empresario, la grabadora del reportero o el sencillo overol de un obrero. A ese monstruo de mil cabezas debemos enfrentarlo todos, cada minuto y con conciencia.

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