“Nos gustaría ser buenos, y no tan groseros, si tan sólo las circunstancias fueran diferentes”, reza una cita de la Ópera de los Tres Centavos de Bertolt Brecht que bien podrían repetir muchas multinacionales. La responsabilidad social y ecológica, la sostenibilidad, son frecuentemente mencionadas en la retórica de los objetivos empresariales. En la práctica, por el contrario, sólo muy pocas de las empresas líderes, las llamadas “global player”, están sinceramente dispuestas a perseguir tales fines.

Los derechos humanos deberían tener prioridad, desearía el encargado especial de la ONU para derechos humanos y empresas transacionales, John Ruggie: “el respeto a los derechos humanos básicos hoy es comparable al lugar que se le daba al respeto al medio ambiente hace 30 años”. Entonces, no había una firma que encargase estudios de factibilidad ecológica. Actualmente, casi todas las empresas lo hacen, asegura Ruggie.

Algunos avances se avizoran también actualmente en el tema de los derechos humanos. “En 30 años la mayoría de las empresas trabajará igualmente con estudios de factibilidad para el respeto a los derechos humanos. Hay muchas que ya han empezado a hacerlo”, asegura el encargado especial de Naciones Unidas.

Una de las firmas pioneras en este terreno ha sido el consorcio de electrónica Hewlett Packard (HP). Los programas de reciclaje para chatarra electrónica y el control de sus propias condiciones de producción y las de sus proveedores son parte de la estrategia voluntaria de reponsabilidad social de la empresa.

No siempre es fácil descubrir los caminos recorridos por las materias primas que emplea la firma. El oro, el estaño, el tungsteno o la tantalita se extraen muchas veces ilegalmente en la República Democrática del Congo, por ejemplo, ayudando a financiar la sangrienta guerra civil en ese país.

“HP se ocupa de ese tema desde 2007”, explica Karl Daumüller, Auditor Jefe de la filial alemana de Böblingen, cerca de Stuttgart. Daumüller comprueba el cumpliento de estándares sociales por parte de los proveedores de HP. En primer lugar, dice el auditor, se trata de garantizar que la trayectoria de un producto o lote a través de la cadena de producción y suministro sea transparente.

Además, HP ha implementado un programa de auditoría y un sistema de certificación para las siderúrgicas con que comercia. La empresa intenta, dice Karl Daumüller, influir también en el trazado de políticas y leyes.

Cuando una empresa de la talla de Hewlett Packard presiona, se ven resultados. Unas 260.000 personas trabajan en las proveedoras de HP en todo el mundo y son encuestadas sobre sus condiciones de trabajao, como parte de las auditorías implementadas por el gigante de la industria electrónica.

Quien quiera trabajar como abastecedor de HP tiene que presentar primero certificados, informes, dejarse examinar. Las instalaciones del aspirante reciben la visita de los respresentantes de HP y los trabajadores son entrevistados en sus puestos de trabajo. El procedimiento ofrece, por regla general, “información importante y confiable”, asegura Daumüller.

O sea que es posible ser una multinacional y cumplir con las normas de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, así como respetar los estándares ecológicos y, no obstante, obtener ganancias.

¿Dónde quedan entonces los frecuentemente esgrimidos argumentos sobre la imposibilidad de combinar competitividad y leyes vinculantes para el respeto a los derechos humanos y el medio ambiente? ¿Es la lucha por los precios la que impide regular? ¿Son muy caros y muy complicados los controles? ¿Son los derechos laborales y los derechos humanos un asunto interno de cada país en este mundo globalizado?

La Sociedad Alemana de Inversión y Desarrollo (DEG) no se deja convencer por tales argumentos: “Nuestros clientes tienen que estar dispuestos a cumplir con los estándares sociales y ecológicos internacionales, incluidas las normas internacionales del trabajo de la OIT. No negociamos con eso”, afirma Bruno Wenn, vocero de la presidencia de la DEG.

Como otras sociedades y bancos nacionales de desarrollo, la DEG alemana ayuda a financiar proyectos empresariales en países en vías de desarrollo. Entre sus éxitos más relevantes se cuentan firmas como el proveedor de telecomunicaciones africano Celtel o la ejemplar inciativa egipcia Sekem, líder en la producción de medicamentos de origen vegetal y productos agrícolas ecológicos a nivel mundial. El fundador de Sekem, Ibrahim Abouleish, recibió por ello el Premio Nobel Alternativo –Right Livelihood Award– en 2003.

Sin embargo, mientras el cumplimento de los estándares laborales y sociales recomendados por la OIT sea voluntario, empresas como Sekem o HP seguirán representando excepciones. “¿Que si es posible un capitalismo ético? ¡Por supuesto! Pero las normas voluntarias y subvenciones más bien tiran en dirección contraria”, teme el encargado de la ONU, John Ruggie.

Es por ello que Ruggie ha desarrollado un catálogo de medidas que será evaluado por el Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en Ginebra. Ellas deben contribuir a la prevención contra la violación de estos derechos, así como ofrecer una protección legal efectiva a las víctimas: una gran responsabilidad para cerca de 80.000 empresas transnacionales y 192 países miembros de la ONU de cara al futuro.

Autora: Helle Jeppesen (rml)
Editora: Emilia Rojas-Sasse