Podemos estar seguros de que el exdictador Pervez Musharraf no será ejecutado, a pesar de que un tribunal especial lo sentenció a muerte en un veredicto verdaderamente inesperado este martes (17.12.2019). Pero no importa cuán grave sea el crimen: nunca deberíamos apoyar la pena capital.

El Ejército pakistaní es una institución inmensamente poderosa, tanto, que todas las instituciones civiles, incluyendo el Poder Judicial, han sido sus servidoras por al menos diez décadas.

Musharraf es un exjefe de las Fuerzas Armadas que gobernó el país con mano de hierro desde 1999 hasta 2008. Aunque ahora vive en un exilio autoimpuesto en los Emiratos Árabes Unidos, es respetado por los actuales comandantes del Ejército pakistaní por sus "servicios” durante la dictadura. Es decir, que el Ejército nunca querrá que su exjefe sea colgado. Eso haría mella en su imagen y limitaría su poder político en el país.

Este veredicto de la corte ya dañó mucho la imagen de las FF. AA. El valor simbólico de la condena no debe ser subestimado, ya que envía un claro mensaje a los generales de que estos no están por encima de la ley. Y de que también podrían ser juzgados y castigados por suspender y violar la Constitución. El mensaje indica que los militares no deben interferir en la política y que deben cumplir el rol que les asigna la Constitución.

El poderoso Ejército más bien se asegurará de que Musharraf no sufra daño alguno. Y hay vías legales para apelar este veredicto de la corte. Musharraf todavía puede recurrir a la Suprema Corte, que podría revertir o anular la sentencia. El Poder Judicial de Pakistán tiene un escabroso récord en cuanto a haber respaldado golpes militares, y una y otra vez ha dado cobertura legal a dictadores militares. Es decir que no se puede descartar que los tribunales superiores tomen una decisión diferente.

La población se define

Pero en la última década la política ha cambiado mucho en Pakistán.Las instituciones civiles se están posicionando cada vez más en contra el Ejército. Durante su tercer período como primer ministro, Nawaz Sharif -quien fue derrocado por un golpe militar no sangriento por el mismo Musharraf, en 1999- trató de tomar las riendas del poder militar. El expresidente pakistaní quería forjar vínculos más estrechos con India, de modo que Pakistán pudiera liberarse del discurso de la "seguridad estatal”. Creyó que eso atraería más inversiones extranjeras al país y, por último, disminuiría el poder del Ejército.

Otras instituciones también están tomando una postura más independiente con respecto a los militares. No debemos olvidar que la destitución de Musharraf solo fue posible debido a un movimiento masivo de juristas, en 2007. Recientemente, Asif Saaed Khosa, el presidente de la Corte Suprema, aprobó solo condicionalmente la prolongación del cargo del general Qamar Javed Bajwa, el jefe del Ejército del país. Ahora, el primer ministro pakistaní, Imran Khan, debe lograr que una ley sea aprobada por el Parlamento para respaldar la decisión de su Gobierno de permitir un segundo mandato al jefe de las FF. AA.

El Ejército se encuentra en una situación precaria, con medios de comunicación independientes y una sociedad civil en crecimiento, que también alza la voz. La participación de los militares en la política se está criticando más que nunca en Pakistán, lo que debe ser motivo de preocupación para el liderazgo militar.

Un nuevo contrato social

Mientras tanto, la presión internacional sobre el Ejército paquistaní también crece. En octubre, el grupo del Grupo de Acción Financiera, con sede en París, otorgó a Pakistán cuatro meses para demostrar que estaba luchando contra el financiamiento del terrorismo. Desde su llegada al poder, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también ha reducido sustancialmente la ayuda militar para Pakistán.

Pero eso no significa que los militares no se defiendan. Y un choque de instituciones en un país con armas nucleares, con innumerables grupos islamistas, no es un pensamiento muy agradable. Por lo tanto, lo que Pakistán necesita ahora es un nuevo contrato social que garantice que todas las instituciones estatales funcionen dentro de su ámbito constitucional.

También es hora de que los generales se sienten juntos, renuncien a algunos de sus poderes y acepten el derecho de los civiles a gobernar el país. Un país como Pakistán, que se encuentra entre muchas líneas de fractura geopolíticas, no puede permitirse una confrontación intrainstitucional prolongada.

(cp/ers)

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