"No soy un criminal, soy un periodista. Me presento voluntariamente cada mes ante el juez”- Así se dirigió Carlos Choc, de la comunidad Q´eqchi de El Estor, a la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Una persecución penal pende sobre Choc que, con otros 30 defensores del medio ambiente, se opone a la gran mina a cielo abierto de donde una multinacional de capital ruso con sede en Suizaextrae níquel. 

"Hay ríos secuestrados, las comunidades han perdido sus cosechas, el lago Izabal está contaminado. La zona está militarizada”, informa Choc. Pero no solo es El Estor, cuya estela de corrupción se hizo conocida en primavera de 2022 con el reportaje Mining Secrets, una coproducción de varios medios internacionales, entre ellos The Guardian, El País y Süddeutsche Zeitung. 

¿Guatemala, Estado de derecho?

"Podemos ver el tema de la minería aisladamente, sí. Pero no podríamos entender lo que sucede si no vemos el contexto más amplio de lo que está pasando en Guatemala”, dice a DW Marlies Stappers, directora ejecutiva de Impunity Watch, una organización no gubernamental con sede en La Haya que se dedica a investigar las causas de la impunidad en varios países del mundo.

"Es muy grave el deterioro actual del Estado de derecho.  A 25 años de la firma delos Acuerdos de Paz, que fueron fuertemente apoyados por Europa, los pueblos de Guatemala están cada vez más desamparados”, agrega Stappers.

"Estamos evidenciando la captura de las instituciones públicas con el objeto de restaurar el viejo orden en el país, con la impunidad como denominador común y con impacto en la pobreza, en los índices de violencia y corrupción. Se está desmantelando las instituciones”, explica a DW Jorge Santos, director de la Unidad de Protección a defensoras y defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA).

El éxito de la CICIG, el detonante

"Después de 36 años de guerra, en materia de justicia Guatemala tuvo avances significativos desde que en 2010 se firmó el convenio con la ONU para la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). En 2015, las investigaciones de la CICIG identificaron estructuras criminales incrustadas en el Estado que involucraban a la presidencia, a miembros de los ocho grupos corporativos familiares más grandes del país, a miembros de la élite política y militar y del crimen organizado”, recuerda Santos.

"Esteéxitofue usado en su contra y los grupos que buscan la impunidad no permitieron que siguiera su trabajo”, recuerda por su parte Stappers, quien entre 1995 y 2001 trabajó para la Comisión de la Verdad. En opinión de ambos especialistas, el cierre definitivo de la CICIG fue el principal detonante de la crisis actual: operadores de justicia, periodistas y activistas perseguidos, 24 jueces en el exilio, 2 en prisión, 8 fiscales procesados, más de 20 destituidos.

¿Qué puede hacer la UE?

"Europa tiene una responsabilidad histórica”, responde Stappers. "Ha invertido muchísimo en la construcción de instituciones democráticas y en la promoción y defensa de los derechos humanos. En una crisis tan grave como la que vemos, la UE tiene la obligación de proteger tanto a los actores como a las inversiones que ella misma ha hecho todos estos años”, sigue Stappers abogando por una misión de observación electoral de la UE a los comicios de 2023.

Por otro lado, "hay que tener presente que, en el marco del acuerdo comercial que tienen los países centroamericanos con la UE, el café, la caña de azúcar, la palma aceitera y productos mineros que se comercian, le pertenecen a ocho grupos corporativos. Los capitales europeos que se invierten en generación de energía eléctrica se dan en un Estado capturado por una élite económica que no permite el desarrollo normal de la economía”, explica Santos, remitiéndose a Mining Secrets y al plan para estigmatizar a los opositores a la extracción de níquel.

Como fuere, "les pedimos que estén atentos a las audiencias en nuestros procesos penales”, pide Carlos Choc, solicitando la presencia de una misión del Parlamento Europeo para constatar lo que está pasando con la minería en territorio Q´eqchi. "La semana pasada detuvieron a un comunitario por protestar; falleció en prisión porque su familia no tenía para pagar la talacha”, cuenta Choc, refiriéndose al dinero que guardias y autoridades exigen a los privados de libertad si es que quieren evitar maltratos.

(ers)