El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que la detención del alcalde opositor de Caracas, Antonio Ledezma, es “para que responda por todos los delitos cometidos contra la paz del país, la seguridad y la Constitución”. El mandatario precisó que el arresto de Ledezma obedeció al cumplimiento de una orden de la Fiscalía General de la República.

Maduro relacionó indirectamente la detención de Antonio Ledezma con la presunta conspiración golpista que fue denunciada por el propio mandatario el pasado 13 de febrero. “Los hemos descubierto y le hemos evitado al país hechos graves de violencia”, dijo.

Sobre este aspecto, “es muy temprano para saber aún si en efecto hubo una intentona golpista” en Venezuela, dice a DW el profesor Wolfgang Muno, experto en temas venezolanos y política internacional de la Universidad Zeppelin, con sede en Friedrichshafen. “Las denuncias de Maduro sobre un complot podrían ser un invento, pero no puede excluirse que en efecto haya habido una conspiración”, agrega.

Justicia chavista

Los familiares del alcalde detenido dan una versión distinta de la de Maduro, en cuanto al procedimiento de detención. En la cuenta de Twitter de Ledezma, la esposa de éste, Mitzy Capriles, aseguró que la diligencia se produjo sin que mediara orden judicial, hecho que confirmó el abogado del alcalde, Omar Estacio.

La ausencia de una orden judicial violaría los principios del debido proceso, según los consagran las leyes venezolanas. Sin hacer referencia específica a la detención de Ledezma, María Esperanza Hermida, coordinadora de Exigibilidad de la ONG venezolana Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (PROVEA), recuerda que la presentación de una orden judicial es una de las garantías para que una detención sea legal: “Si una persona no es capturada cometiendo un delito y si no hay una orden judicial, no se están cumpliendo las pautas de un debido proceso”, dice la especialista a DW desde Caracas (escuche la entrevista completa en el audio de abajo).

En cuanto a la detención del alcalde opositor Ledezma y las posibilidades de que reciba un juicio justo, Wolfgang Muno menciona otro problema: en Venezuela, dice, “la Justicia es controlada por el chavismo, y de ninguna manera es independiente. En este sentido, un proceso justo resultaría ser una enorme sorpresa”.

Protestas y represión

La denuncia de Maduro sobre el supuesto complot en contra de su gobierno prácticamente coincidió con el primer aniversario del inicio de las manifestaciones opositoras que fueron seguidas con atención por la prensa de todo el mundo.

A un año de aquellos sucesos, y sobre la situación actual de los derechos humanos en Venezuela, Muno afirma que en el país sudamericano “no hay arrestos masivos de opositores, como lo hubo en la desaparecida República Democrática alemana. Los problemas son más sutiles, y eso es conocido”. Pero pese a ello, “la ONU y Human Rights Watch han criticado la respuesta del gobierno venezolano contra los manifestantes, así como la detención del opositor Leopoldo López”, afirma el académico.

Desde Caracas, Hermida señala que a partir de las manifestaciones de 2013 y 2014, “hemos notado una actuación de los funcionarios de seguridad del Estado que violenta estas garantías, y que no se corresponde con el respeto a los estándares internacionales” en materia de derechos humanos.

PROVEA participó en la documentación de los casos surgidos durante las protestas, “y notamos que se han venido desarrollando patrones represivos” como el uso desproporcionado de la fuerza pública en el control de manifestaciones masivas, o en la práctica de detenciones arbitrarias, dice Hermida.

Desde Alemania, Muno coincide: “Es un hecho que en Venezuela el ejército asume con frecuencia cada vez mayor funciones policiales; por ejemplo, contra manifestantes. Abusos e incluso tortura son practicados sin recibir castigo y, como lo demuestran los informes de Human Rights Watch acerca de las protestas de 2014, los autores cuentan con la colaboración de la Justicia”.