El imperio levantado en Chile por el alemán Paul Schäfer con trabajo esclavo, bajo favorables condiciones de exención tributaria, con el beneplácito de la dictadura y la vista gorda de la diplomacia alemana, consta actualmente de miles de hectáreas de terreno, un holding de empresas agrícolas y un centro turístico, entre otros bienes y propiedades.

Con el nombre de Villa Baviera, el entramado de sociedades anónimas en que figuran las empresas ABC (Agripalma, Bardana y Cinoglosa), la Sociedad inmobiliaria y de Inversiones Cerro Florido y numerosas subempresas, es administrado por un reducido grupo, principalmente herederos de colaboradores del líder de la secta, fallecido en 2010. "Las empresas benefician a cuatro familias, hijos de los exjerarcas”, dijo a DW el excolono y abogado de las víctimas, Winfried Hempel.

En tanto, muchos colonos y excolonos que fueron víctimas de pedofilia, medicación forzada y tortura, que trabajaron en jornadas extenuantes, sin pago de salario ni derecho a jubilación, tienen severas secuelas físicas y psicológicas, y viven en precarias condiciones.

"Es una situación muy injusta. No ha habido castigo penal para muchos crímenes, y además, algunas de las víctimas viven en l la pobreza, mientras otros se han adueñado del patrimonio de Colonia Dignidad. No hay transparencia, y ni la Justicia ni los gobiernos han puesto empeño en esclarecerlo”, señaló el politólogo Jan Stehle, del Centro de Investigación y Documentación Chile-Latinoamérica, en entrevista con DW.

Tampoco 11 chilenos que de niños fueron abusados por Schäfer han recibido la indemnización de unos 1.500 millones de pesos (un millón ochocientos mil euros) que en 2013 la Corte Suprema dictaminó que debía pagar Villa Baviera, y que ésta ha rehusado cancelar poniendo una serie de obstáculos.

"La Justicia debería haber confiscado esos bienes, que fueron acumulados por una asociación ilícita criminal a través de trabajo esclavo, tráfico de armas y otros crímenes, además de la acumulación de riqueza por no pago de salarios ni cotizaciones. Este es un patrimonio de un pasado criminal. Debería ir en beneficio de las víctimas”, sostiene Stehle.

Utilidades irrisorias

Cuando, en 1991, el gobierno chileno le quitó a la Colonia la personalidad jurídica de sociedad benefactora, ésta se organizó en sociedades anónimas y repartió acciones. "Esa fue la excusa ante la Inspección del Trabajo, para justificar que no se pagaban sueldos, pues todos eran accionistas. La mayoría recibió 360 acciones cada uno”, indica Hempel.

La cúpula, sin embargo, conservó una cantidad mayor de títulos y ha conseguido poderes de otros accionistas para representarlos.  Según Hempel, la administración de Villa Baviera controla hoy entre un 60% y un 70% de las empresas.

"En casi 30 años, estas sociedades han repartido utilidades sólo una vez y había montos tan irrisorios como 600 pesos chilenos, lo que es menos de un euro. Es una burla”, señala el abogado, quien dice haber visto cómo a accionistas minoritarios que pidieron revisar los libros antes de la asamblea anual, se les negó este derecho.

En una reciente conversatorio online sobre los avances en el caso Dignidad, organizada por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de la región del Maule, comentaba Horst Schaffrik, presidente de la Asociación por la Verdad, Justicia, Reparación y Dignidad de los excolonos: "Llevo 59 años en Chile en la llamada Villa Baviera. Trabajé 45 años aquí como esclavo y todo lo que recibí en 30 años como repartición de ganancias son 8.000 Pesos”. Esto es, el equivalente a 10 euros.

Stehle asegura que, en los últimos años, Villa Baviera ha subdividido terrenos y entregado a colonos y excolonos, "pero no todos han recibido parcelas. El año antepasado vendieron un terreno forestal de cientas de hectáreas por más de mil millones de pesos (más de un millón de euros). Nadie sabe qué pasó con ese dinero”.

Este sistema "se sigue burlando hasta hoy de sus víctimas y esclavos alemanes, y los deja sin propiedad ni herencia”, lamenta Schaffrik.

El secreto impuesto por Villa Baviera

El patrimonio actual de Villa Baviera es uno de los secretos mejor guardados. Investigarlo era una tarea prioritaria de la Comisión Mixta Chile-Alemania, creada según un memorándum de entendimiento firmado en Berlín por representantes de ambos gobiernos, en julio de 2017, con el objetivo de "abordar la memoria histórica de Colonia Dignidad y la integración de las víctimas en la sociedad”.

Según el acuerdo, la comisión debía, entre otros asuntos, establecer un centro de documentación y un sitio de memoria, y hacer un "diagnóstico de los activos, sociedades y empresas surgidas de Villa Baviera/Colonia Dignidad”.

Han pasado casi tres años, y el concepto de "sitio de memoria", elaborado por un grupo de expertos, y presentado el año pasado, sigue en el papel. El estallido social en Chile, y luego la crisis del coronavirus, interrumpieron los encuentros bilaterales.

La investigación del patrimonio, en tanto, no ha sido divulgada.

Por medio de una solicitud de acceso a la información, de acuerdo con la Ley de Transparencia chilena, DW intentó tener acceso a ese estudio, que fue encargado por la comisión bilateral a la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) en 2018.

La respuesta, de cuatro páginas, demoró dos meses en llegar. La carta firmada por el subsecretario de Relaciones Exteriores (s), Raúl Fernández, deniega el acceso al informe, argumentando que el estudio "fue encargado directamente por el gobierno alemán quien, al entregarlo, de manera informal, solicitó expresamente se mantuviera en secreto”.

En su misiva, Fernández no explica la causa ni los términos de esa solicitud de confidencialidad, pero señala que la develación de ese secreto, sin el consentimiento de Alemania, podría afectar las relaciones internacionales y "generar inconvenientes desde la órbita de la política exterior”.

El Gobierno alemán, en respuesta a una consulta de un grupo de diputados del partido La Izquierda (Die Linke) sobre los avances en el caso Dignidad, echa mayores luces sobre el asunto. Confirma que el estudio de factibilidad está en sus manos desde 2018, pero que este no puede ser público, pues "Villa Baviera sólo ha dado su consentimiento a la inspección de los libros contables (...) bajo la seguridad del secreto”.

Consultado por DW, Thomas Schnellenkamp, uno de los administradores del holding, declinó referirse al tema. Dijo no estar facultado a revelar las condiciones bajo las cuales fue realizado el estudio, ni por qué se llegó a este acuerdo.

"Es un escándalo que en un caso en eñ que falta tanto por aclarar se firme una cláusula de confidencialidad precisamente con los responsables del no esclarecimiento. La tarea de la comisión era esclarecer el patrimonio para que vaya en beneficio de las víctimas”, afirma Stehle.

Reparación para las víctimas

Como miembro de la comisión conjunta del Bundestag y el gobierno alemán por Colonia Dignidad, el diputado Friedrich Straetmanns, de La Izquierda, tuvo acceso al documento. "He leído el estudio y lamentablemente, como es reservado, no puedo referirme a él. Pero no encuentro que allí haya nada que requiera de secreto”, dijo a DW.

El parlamentario reconoce que no está satisfecho con el informe, del cual, en su opinión, surgen surgen muchas preguntas por aclarar. Si bien el contenido es secreto, tampoco se sabe de medidas tomadas a partir de esta información. 

"Es necesario saber si existen bienes al margen de la estructura legal que podrían liquidarse para ir a un fondo común y ver la factibilidad de que los bienes conocidos fuesen aportados a ese fondo común y administrados por un tercero para reparar a las víctimas”, propone Hempel.

Fondo de ayuda del Estado alemán

Mientras, para ir en apoyo de las víctimas, el Estado alemán abrió un fondo de ayuda. Unas 25 personas ya han recibido los 10.000 euros, y otras 100 estarían esperando el beneficio. Una de las preocupaciones de la comisión es que ese dinero no llegue a manos equivocadas, reitera Straetmanns.

"A las víctimas hay que ayudarlas, pero, al mismo tiempo, no puede ser que algunas personas se beneficien del dinero criminal de una asociación ilícita e impidan que haya transparencia. Sabemos que además del patrimonio legal hay uno oculto. ¿Quién se quedó con el dinero de las propiedades en Argentina y las cuentas bancarias en diversos países del Caribe? Son valores millonarios”, afirma Stehle.

El investigador recuerda que Villa Baviera también ha recibido ayuda del Estado alemán. Tras la detención de Paul Schäfer, la GIZ asesoró a Villa Baviera para reconvertir sus empresas, mejorar la actividad productiva y permitir el sustento de sus habitantes. Por lo mismo, debería estar dispuesta a abrir su contabilidad.

El diputado Straetmanns lamenta el lento avance en justicia y reparación para las víctimas. En su opinión, el patrimonio de Villa Baviera debería estar dirigido a ayudarlas, y servir para pagar indemnizaciones por los crímenes cometidos. "Pero eso no podemos determinarlo desde Alemania, sino que debe ser hecho en Chile, donde se han realizado los juicios”, indica.

Asimismo, espera una actitud más colaborativa del gobierno chileno, y que se retomen las reuniones de la comisión mixta, lo que podría realizarse por videoconferencia. "Debemos avanzar en la elaboración del pasado y el sitio de memoria”, subraya. El ocultamiento del patrimonio agrega un obstáculo más.

(cp)

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