Respondiendo a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, el Gobierno alemán estableció nuevas regulaciones para poder detectar y evitar ese tipo de atentados. La ley antiterrorista, aprobada en el Bundestag (Parlamento Alemán) el 14 de diciembre de 2001, contenía 23 enmiendas y numerosas directivas. Los cambios estaban dirigidos especialmente a la Oficina Federal de Protección de la Constitución, el Servicio Federal de Información, la Oficina Federal de Policía Criminal, la Guardia Federal de Fronteras y los Servicios de Contrainteligencia Militar.

Servicios Secretos con más poderes

Con la nueva ley, las competencias de los servicios secretos fueron ampliadas y a éstos, a partir de enero de 2002, se les permitió recabar en bancos, aerolíneas y empresas de comunicaciones datos de personas consideradas sospechosas; su localización a través de su teléfono móvil fue permitida también. Los datos recogidos podían ser almacenados durante 15 años.

La ley divide a la coalición

Desde el comienzo, la nueva ley cosechó críticas. En primer lugar la celeridad con la que fue aprobada –apenas tres meses después de los atentados- dio mucho de qué hablar. Así, la entonces diputada liberal y después ministra de Justicia Sabine Leutheusser-Schnarrenberger calificó el proyecto de ley de “injustificable desde el punto de vista legal e incompatible con el principio constitucional de proporcionalidad”. No obstante algunas de las disposiciones que contenía la ley y que caducaban en enero de 2007, fueron prorrogadas en 2006 por cuatro años mediante la “ley complementaria de lucha contra el terrorismo”.

En octubre de 2011, la coalición conservadora-liberal en el gobierno contó con los votos de la oposición socialdemócrata para prolongar otros cuatro años la ley. A esto antecedieron meses de discusiones: el socialcristiano Hans-.Peter Friedrich, ministro del Interior, defendía con vehemencia su prolongación; la ministra Leutheuser-Schnarrenberger subrayaba el menoscabo de los derechos civiles que ella supone. Al final, los liberales se negaron a votar a favor de su prolongación indefinida, como querían sus socios de coalición.

Europa en la mira

“Hemos optimizado la ley”, subrayaba por su parte el ministro Friedrich ante el pleno del Bundestag en septiembre de 2011. Una de sus ventajas, según el ministro, es que exista una oficina central encargada de recoger todos los datos. “Gracias a ella hemos podido detectar a tiempo atentados y los hemos evitado”, declaró el ministro. Las autoridades han sido sumamente cautelosas al hacer uso de estas nuevas competencias, puntualizó Friedrich: en 2009, sólo 80 veces se solicitó información acerca de vuelos, movimientos financieros y conexiones.

Con todo, “la amenaza ha cambiado mucho desde el 2001; ya nos somos territorio de refugio de terroristas como entonces, ahora es la propia Europa la que está en la mira del terrorismo”, concluyó el ministro, abogando por no bajar la alerta.

¿Y los derechos civiles?

En una “situación histórica de emergencia” fue aprobada esa ley en 2001, subraya por su parte Jan Korte, diputado de La Izquierda; por ello, no considera aceptable que se prolongue diez años más tarde, ni que“que su menoscabo de libertades fundamentales se vuelva la normalidad es inaceptable”.

Que a los servicios secretos se les siga permitiendo acceder a datos personales es, en su opinión, “un severo ataque a los derechos personales, la protección de datos y al núcleo del sistema democrático de derecho”.

Pese a las críticas, la ley antiterrorista comienza el 10 de enero de 2012 un nuevo período de vigencia: aunque los datos ya no se guardarán 15 sino sólo 10 años y el control del correo ha sido eliminado, los servicios secretos seguirán teniendo acceso a la información de reservas de vuelos y también a los datos bancarios. Un “horror para los derechos civiles” supone en opinión de Korte esa ley, surgida en un momento de emergencia, que diez años después vuelve a levantar las críticas por su prolongación.

Autor: Arne Lichtenberg/Mirra Banchón
Editora: Emilia Rojas