Entre el 28 de abril y el 18 de mayo, el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) en Colombia registró 548 de personas presuntamente desaparecidas, de las cuales 261 fueron localizadas. Según la Defensoría del Pueblo, 89 personas habrían desaparecidos a fecha 18 de mayo. Sean como fueren las cifras, desde distintas instancias de la Unión Europea (UE) se llama a la investigación pronta y transparente, también de los casos de abusos y violaciones a los derechos humanos.

Según información oficial, la relación con la Fiscalía -donde se halla la unidad de búsqueda-, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo es estrecha y no se cuestiona la voluntad de las instituciones colombianas para avanzar en el esclarecimiento de los hechos, toda vez que, según la alta consejería presidencial para los derechos humanos, informaba que al 12 de mayo se había abierto ya 126 investigaciones por presuntas faltas disciplinarias por parte de la Policía Nacional.

Desde las instituciones europeas se sigue de cerca el avance en las investigaciones, aseguran a DW fuentes oficiales, no hay motivo para desconfiar de los mecanismos democráticos de Colombia, no se detectan motivos para emplear instrumentos de presión. 

Más bien, lo contrario: fuentes oficiales ven con muy buenos ojos la labor de la Justicia Especial para la Paz (JEP), que se financia en parte con fondos europeos. Junto con la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, la JEP se valora como un mecanismo de justicia transicional innovador a nivel mundial que puede inspirar futuros modelos de búsqueda de la verdad, justicia, reparación y no repetición. ¿Quiere eso decir que está todo bien?

La visión desde el terreno

"Hace ocho días presentamos la solicitud para un mecanismo de búsqueda urgente de los casos que tenemos reportados en el marco del Paro Nacional. Son cien. Aún no nos han respondido”, cuenta a DW Martha Burbano, directora de la Corporación para el Desarrollo Regional, una de las 249 organizaciones de derechos humanos que integran la plataforma Coordinación Colombia-Estados Unidos. Burbano integra la Mesa de Trabajo contra la Desaparición Forzada.

"Hay que hacer una diferencia clara entre las desapariciones actuales y las que se  atan en la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos ligados al conflicto armado”, explica la especialista. Estos se refieren a las personas que desaparecieron antes del 2016 y cuya relación con el conflicto armado está comprobada.

Desaparecer al enemigo político

"La desaparición forzada es una práctica antigua en Colombia, una forma de eliminar a quien piensa diferente, a quien se considera como enemigo político, y una forma de romper tejidos y procesos sociales. Cuando se desaparece una persona que promueve un tejido social, se afecta a toda la comunidad. Una práctica criminal que hoy sigue presente en Colombia”, subraya Burbano.

Con todo, hay un alto número de personas desaparecidas que no entrarían en esa Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, aquellas de las cuales lo último que supo su familia fue, por ejemplo, que salió a buscar un trabajo. Por otro lado, sigue Burbano, "para la JEP acabamos de entregar un informe sobre el impacto del conflicto armado en los municipios del sur del Valle del Cauca. En municipios que quedan a una hora de Cali, la tercera ciudad del país, era la primera vez que los pobladores hablaban sobre lo que les sucedió entre el 2001 y el 2016. Es decir, los municipios más alejados jamás podrán contar lo que sucedió”, advierte Burbano. Esto plantea la cuestión de si la JEP está funcionando como debería.

Por un desaparecido nadie llama

¿Y las desapariciones en el marco de las movilizaciones de este último mes? "Es muy difícil que la Fiscalía nos admita casos”, cuenta la especialista.

"Lamentablemente, el MUB ha pasado a los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA), especializados en secuestros. Las implicaciones que esto tiene no son positivas, pues las actividades de investigación no corresponden: en el secuestro se suele esperar a que haya una llamada de los secuestradores. En la desaparición, esa llamada no existe; hay que buscar inmediatamente en las cámaras de seguridad cercanas, hay que intervenir teléfonos. Mientras más se espere, menos posibilidades hay de encontrar la pista”, apunta.

Así las cosas, desde la Delegación de la UE en Colombia se subraya la necesidad de llevar a cabo las investigaciones necesarias para aclarar y judicializar las acciones de un uso excesivo de la fuerza, así como la importancia de adoptar las medidas institucionales para evitar cualquier repetición. Mientras tanto, este 25 de mayo de 2021, según informan a DW desde la Corporación Colectivo Sociojurídico OFB, a la cifra de desaparecidos hay que sumarle 23: 20 de personas entre los 18 y los 31 años y 3 menores de edad.

(cp)