La Unión Europea (UE) condenó "los violentos asesinatos" de dos mujeres periodistas ocurrido en Ciudad de México e hizo un llamado a las autoridades competentes a arrestar a los responsables.

"La Delegación de la Unión Europea condena firmemente estos viles asesinatos y hace un llamamiento a las autoridades competentes a hacer todo lo posible para esclarecer los hechos", expresó el organismo en un comunicado al hacer referencia al asesinato ocurrido el jueves pasado de Ana María Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga.

Los cuerpos de Tarce Viveros, fundadora de la revista "Contralínea", y González Trápaga, periodista independiente, fueron hallados sin vida en la delegación Iztapalapa de Ciudad de México.

La UE "confía en que las autoridades mexicanas continuarán trabajando en la protección de la libertad de expresión, impulsando la labor de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión y la aplicación del Convenio de colaboración para la implementación de acciones de prevención y protección de periodistas" agregó.

Según la fiscalía mexicana, el supuesto robo es la principal hipótesis en el asesinato de las dos mujeres, amigas entre sí y ambas de 48 años.

El procurador Miguel Ángel Mancera dijo el viernes que las mujeres, que aparecieron desnudas en un parque del barrio de Iztapalapa, murieron estranguladas con una soga y presentaban impactos de bala posteriores a la muerte.

Según las autoridades, una de ellas era socia de una casa de cambios y había realizado una operación importante de dinero.

Los cuerpos aparecieron atados de pies y manos, amordazados y cubiertos con una lona. "La muerte obedece a un mecanismo de asfixia", dijo Mancera.

Según el fiscal, Yarce no estaba realizando trabajos periodísticos ni había recibido amenazas, mientras que la actividad de González Trápaga era fundamentalmente empresarial. Trápaga, Las mujeres fueron ultimadas entre el miércoles y el jueves. Con esto se eleva a ocho el número de periodistas asesinados este año en México y a 74 los ultimados desde 2000, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La mayoría de los casos no se han esclarecido. dpa