En 2023, y luego de más de un año del régimen de excepción, el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador aceptó que una de cada diez personas capturadas fuera liberada tras ser encontrada inocente.

DW habló con dos de ellas -un hombre y una mujer- que fueron apoyados por la ONG Socorro Jurídico Humanitario y así lograron su libertad. Estos son sus relatos.

"Cuesta que uno se recupere, quizás no se recupera del todo"

"Alfredo" tiene miedo y pesadillas recurrentes. No quiere que publiquemos su nombre ni información sobre su paradero. Cuenta con 28 años de vida transcurrida en el campo salvadoreño. Cuando fue capturado, estaba trabajando en una finca de café junto a su padre, su abuelo, dos cuñados y una tía. Todos fueron detenidos, pero los policías que los arrestaron no llevaban orden de captura.

"Varias veces ya nos habían parado, nos habían registrado y no habían encontrado nada, así que nos dejaban ir", declara con voz baja, pero ese día "nos llevaron a la delegación y ahí el sargento quería que aceptáramos todo lo que se estaba inventando. Nos dijo que nosotros ya éramos pandilleros. ‘Ya están en el sistema que eso (es lo que) son y eso van a ser de aquí para adelante', nos dijo".

El joven agricultor recuerda que pasó la noche en las bartolinas de un municipio ubicado a 82.7 km de San Salvador. Luego, los hombres fueron trasladados al penal de Izalco, a 57.1 km de la capital. Eso fue en mayo de 2022, dos meses después lo llevaron al penal de Mariona (a 9.6 km). Asegura que, en el segundo traslado, iba con cicatrices de los grilletes en sus muñecas.

En la primera cárcel, al llegar a Izalco, "un custodio dijo que hiciéramos fila porque, por ser nuevos, nos tocaba la ‘bienvenida'. Entonces empezaron a golpearnos a todos. A todos, sin importar si eran ancianos o jóvenes. Los custodios nos empezaron a dar patadas, manotazos, con sus garrotes. Nos desnudaron y nos empezaron a pegar del lado de las costillas, en los talones de los pies, en la cabeza".

"Después, nos tuvieron hincados en una cancha, con grava, desnudos y de ahí nos metieron para las celdas. Como a las ocho de la noche, llegó el que nos dijeron que era el director de Izalco con unos custodios y empezó a rociar gas en las celdas, porque dijo que era parte de la ‘bienvenida'. Yo sentí picazón y asfixia. A uno, entre más respira, como que se le va cerrando la garganta. Es una sensación bien rara que yo jamás había experimentado", continúa.

"Alfredo" asegura que vivió ese tipo de maltrato de los custodios varias veces y que también "los pandilleros le pegaban a la gente”. Toda la experiencia ha dejado secuelas: "A veces, en las noches sueño que me están pegando. O a veces sueño que le están pegando a otro y que se muere. De todo eso, cuesta que uno se recupere, quizás no se recupera del todo".

"Yo vi a gente morir. Solamente el día que llegamos vi a dos: una persona de avanzada edad y un muchacho", afirma. Según recuerda, de los golpes de la denominada bienvenida, "a uno le habían reventado el lado de la cabeza y dijeron que por eso estaba convulsionando, porque temblaba en el suelo. De ahí, en una bolsa lo echaron y se lo llevaron".

"Vi a un muchacho que tenía 22 años, que fue de los primeritos que murió dentro de la celda donde yo estaba. Le habían fracturado las costillas y todos, como por seis días, pasamos gritando que le ayudaran, pero sólo llegaban a verlo y decían los custodios ‘cuando se muera, me llaman'. Y prácticamente así fue ,porque no le hicieron caso hasta que un día, en la mañana que salimos al conteo, ya él tenía varias horas de haber fallecido. Todo eso le trae recuerdos malos a uno", comenta.

Su salida de la cárcel se dio gracias al polígrafo al que fue sometido y que pasó. En su comunidad, por años, hubo "bastante pandilleros. A mí, esas personas, me habían amenazado tres veces: dos veces que me iban a matar y otra que me fuera de la casa ¿Uno cómo va a tener vínculos con ellos si querían matarlo?".

Así, y luego de meses, "Alfredo" pudo regresar a su casa, pero sus familiares siguen presos. Pese a su libertad, explica que su vida ha empeorado, porque ahora tiene el estigma de haber estado en prisión, lo que le impide acceder a trabajos. "¿Qué esperanzas o qué oportunidades puedo tener, si prácticamente los papeles los tengo manchados?" y reclama que, pese a ser inocente, "la sociedad, en lugar de ayudarle a uno, como que lo quieren colgar".

"Las pandilleras son las jefas"

Dolores Victoria Almendariz, una ordenanza de 48 años, no tiene miedo. Por el contrario: quiere que se sepa su nombre y que está molesta.

"Yo estaba tranquila, ellos se metieron conmigo", afirma desafiante la sindicalista de la Alcaldía de Cuscatancingo, a 11.3 km de la capital. La madre soltera de seis hijos, tres de ellos infantes, es líder sindical desde hace años y asegura que "aquí, ser defensora de derechos trae consecuencias".

"Uno es víctima de las maras y del Gobierno. Aquí, el honrado es el que va a la cárcel. El que lo quiere asesinar, o el que le roba, sale corriendo", asegura.

La captura de Almendariz se dio en 2022 luego de que ella participara en una reunión para organizar una protesta por la falta de prestaciones laborales en la Alcaldía. Cuenta que sus compañeros alegaron que estaba vigente el régimen de excepción, por lo que no podrían hacer un cierre del local o alguna manifestación. "Yo les dije que el régimen es para delincuentes, no para personas trabajadoras. El que vela por sus derechos no tiene por qué ir a parar a un penal", cuenta.

No obstante, y antes de que hicieran la protesta sindical, "tenía a cinco policías tocándome la puerta. Después de que revisaron la casa enfurecidos, me dijo un policía ‘nos va a acompañar, le vamos a hacer unas preguntas'. Cuando llegamos a la delegación, me dijo ‘usted queda detenida'".

"Había sido secuestrada por los agentes policiales, ya no por los mareros. El siguiente día, llegaron con unas actas para que las firmara. Cuando yo empecé a leer, veo que decía que era por extorsión y por secuestro. Les dije que no iba a firmar y no firmé nada", continúa.

"De ahí, me llevaron a las bartolinas de Zacamil. Ahí me ficharon, me pusieron un cartoncito. ¡Imagínese un delincuente etiquetándolo a uno! Porque un policía es un delincuente uniformado y con dolor porque yo le pago", reclama. Luego de Zacamil, Almendariz dice que fue trasladada a Cárcel de Mujeres, en Ilopango a 12.9 km de San Salvador. Estuvo presa siete meses.

"Lo primero que a Ud. le baja la moral, y con lo que se siente incómoda, es llegar a una prisión donde ve a aquellas mujeres tatuadas que la maltratan. Las pandilleras son las jefas de todas las celdas", cuenta, y añade que ahí las mujeres inocentes están "con penadas, con mareras, con toda clase de gente. Y todos duermen a la par suya. Usted vive con aquello que no sabe si va a amanecer el siguiente día".

La sindicalista asegura que identificó a un custodio que "se deleitaba echándole gas a uno. También, estaba una mujer cruel para castigar". Esa agente "colgó a una muchacha, que no sabía que estaba embarazada".

Almendariz explica que, uno de los castigos comunes administrados es que "con las esposas, se las ponen en las manos y las cuelgan de una tela ciclón. Usted queda topando el suelo con los dedos gordos de los pies". Durante ese castigo, la sindicalista asegura que vio que a la muchacha "le salía un montón de sangre. Nosotras veíamos que sólo le tiraban agua para que le corriera la sangre, pero nada que la bajaron. Ahí estuvo ella guindada todo el día y toda la noche. Cuando la bajaron, al siguiente día, yo le di 36 toallas porque ella había quedado mal. Yo le dije que pidiera que le hicieran un legrado, pero como no lo sacaban a uno ni a consulta, ella perdió el bebé".

Meses después, fue trasladada a Apanteos, a 72.7 km de la capital. Ahí "vi cuando el director del centro penal agarró a patadas a una reclusa. La tiró al suelo. Era una gritadera. Luego ya no sólo le pega él, sino que le pegaba también otro jefe, el custodio y la custodia que estaban ahí. La agarraron arrastrada de una mano y así se la llevaron. Yo ya no la volví a ver".

Su liberación se dio tras una audiencia especial, en la que le impusieron una fianza de mil dólares que pudo pagar con la ayuda de su sindicato. Su detención, según estima, tuvo los resultados esperados: "Mis compañeros del sindicato están atemorizados y dicen ellos que no están dispuestos a ir a parar siete meses a una prisión", por lo que ya no han protestado.

DW solicitó la postura de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH),  pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.

(ms)