El Senado uruguayo aprobó la Ley Integral para Personas Trans, una normativa que, entre otras cosas, busca mejorar el acceso al trabajo y la educación de esta población, como también en el acceso a la vivienda y generar facilidades para sus intervenciones quirúrgicas.

La ley, que ahora deberá ser sometida a votación en la Cámara de Diputados, avanzó con el apoyo de 16 miembros de la coalición de izquierdas oficialista, el Frente Amplio (FA). El senador del Partido Independiente (PI), Pablo Mieres, fue el único integrante de la oposición que acompañó el proyecto en general, aunque rechazó algunos de los artículos. 

El Partido Nacional y el Partido Colorado no apoyaron esta iniciativa y la votación culminó con 17 votos afirmativos de los 29 senadores que estaban en sala.

En concreto, la ley establece facilidades para el cambio de nombre de las personas trans en el Registro Civil y obliga a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a los Gobiernos departamentales, a los entes autónomos y a otras oficinas públicas a destinar, por año, el 1 % de sus puestos de trabajo al sector.

Además, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional debe determinar un cupo "no inferior al 1 %" de sus programas de capacitación a las personas trans.

Uno de los artículos, que despertó mayor polémica por parte de la opinión pública y en el Senado, es el que establece que los menores de 18 años no necesitan la autorización de sus padres para cambiar su nombre o recibir tratamiento hormonal.

"Las personas menores de 18 años de edad deberán concurrir a realizar la solicitud de adecuación registral de nombre y sexo acompañadas de sus representantes legales, o acreditando el conocimiento de éstos de la realización del trámite, y, en todo caso, prestando su anuencia expresa al mismo", subraya la normativa.

En caso de no obtener la autorización, el menor podrá recurrir a lo establecido en el artículo 110 del Código Civil y 404 del Código General del Proceso donde se debe tener en cuenta "el interés superior del menor".

Otro artículo dicta que las personas trans, nacidas antes del 31 de diciembre de 1975, que demuestren haber sido víctimas de violencia institucional o privadas de su libertad como consecuencia de las fuerzas de seguridad, tienen derecho a una reparación económica.

Luego de la aprobación en el Senado, la ley pasa a diputados donde se especula que también contará con los votos del FA, que tiene mayoría parlamentaria, lo que garantizaría su aprobación definitiva y posterior promulgación por parte del Poder Ejecutivo de ese país.

DG (efe, La diaria)

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