El Ministerio de Salud Pública (MSP) ya está trabajando con sus equipos técnicos, mientras que las gremiales profesionales y las mutualistas del sistema privado ajustan sus estructuras para brindar este servicio.

Simultáneamente persisten las protestas y las campañas dirigidas a promover un referéndum que derogue esa norma, aprobada por el congreso este 17 de octubre y que deja de considerar al aborto como un delito.

No obstante, las mujeres que deseen interrumpir el embarazo, por cualquier causa, deberán cumplir una serie de trámites, como por ejemplo, someterse a un equipo multidisciplinario de médicos y asistentes sociales, que la asesorará y efectuará las recomendaciones que estime pertinentes.

La mujer dispondrá de cinco días de reflexión para tomar una decisión definitiva. Podrá enfrentarse incluso a objeciones de conciencia de los médicos o de la institución de asistencia médica, como es el caso del Círculo Católico, ligado a la Iglesia, que ya anunció que no practicará ningún aborto.

En ese caso la ley obliga a las instituciones a derivar los casos hacia otro servicio del sistema nacional integrado de salud.

La instalación y el adecuado funcionamiento de estos equipos son cuestionados por algunos sectores con el argumento de las dificultades que se presentan principalmente en el interior del país.

Además se sostiene que en pequeñas localidades, donde todos se conocen, las costumbres y las inhibiciones sociales dificultarán el ejercicio de la libertad de decisión de la mujer.

dpa

Editor: Pablo Kummetz