Una muestra de que los políticos son capaces de grandes reformas la brinda la carta que la ministra de Medio Ambiente, Barbara Hendricks, el ministro de Agricultura, Christian Schmidt, y hasta el mismo jefe de la cancillería federal, Peter Altmeier, enviaron a la Comisión Europea, en Bruselas. En ella, Alemania evalúa la posibilidad de que el transporte público se vuelva gratuito, al menos en algunas ciudades, pero solo si no queda otro remedio y la calidad del aire en algunas ciudades alemanas no mejora.

Imaginémonos subir simplemente al ómnibus, al metro o al tranvía sin tener que pagar. Si fuese así, sin duda muchos alemanes dejarían su automóvil estacionado, y el aire que respiramos sería más limpio, al menos, a largo plazo. En otras partes del mundo ya existe algo parecido: por ejemplo, en Estonia, en Bélgica y en algunos lugares de Rusia. Pero en Alemania, la tierra de la Autobahn y de los coches potentes de lujo, eso sería realmente una novedad.

Los contribuyentes pagarían las reformas

Es por eso que la Asociación Alemana de Empresas del Transporte (VDV, por sus siglas en alemán) alertó sobre el hecho de que el crecimiento del número de pasajeros sería enorme y que se necesitarían nuevas líneas, más personal y tal vez nuevas vías de circulación que costarían miles de millones, dinero que saldría del bolsillo de los contribuyentes. Los tres ministros que presentaron la propuesta también lo ven así y sugieren abiertamente que aquellas regiones que estén decididas a acabar con las máquinas de boletos reciban apoyo estatal. Solo para ilustrar de qué sumas estamos hablando: actualmente, todas las ciudades alemanas recaudan en total 12.000 millones de euros por año en boletos de transporte público.

Pero, sobre todo, esta sorprendente iniciativa demuestra cuán grande es el nerviosismo de los ministerios responsables. Durante años, principalmente la enorme cantidad de automóviles diésel hizo que en las ciudades alemanas el óxido de nitrógeno superara los límites más allá de lo esperado. El 22 de febrero, el Tribunal Administrativo Federal, en Leipzig, decidirá si la prohibición de circulación de coches a diésel estaría conforme a la ley si las emisiones de gases de escape son demasiado altas. Las probabilidades de que se acceda a las demandas son altas. Pero el gobierno alemán quiere evitarlo a toda costa. La Comisión Europea ya dejó entrever que los pasos que dio hasta ahora el gobierno contra la mala calidad del aire no son suficientes, es decir, que todas las cumbres mediáticas con la industria automotriz, el año pasado, todas las promesas de fabricar automóviles menos dañinos para el medioambiente y de reequipar los coches a diésel para reducir las emisiones, no dieron resultado.

¿Qué precio paga la industria del automóvil?

Por supuesto que la idea de un transporte público gratuito no es para nada mala. Las redes de transporte alemanas son muy buenas, sobre todo en las grandes ciudades. ¿Pero cuánto tiempo tardaría el sistema de transporte en adecuarse al aumento desproporcionado de pasajeros? ¿Y el aire, se volvería verdaderamente más limpio? ¿Y el gobierno alemán entonces realmente tomaría medidas contra los responsables de la industria automotriz? Hasta ahora, nadie lo ha confirmado.

Anteriormente, el lema de la industria alemana del automóvil era: "Vía libre para ciudadanos libres”, y eso significaba que en las autopistas alemanas no había límites de velocidad ni de caballos de fuerza. Libertad era apretar el acelerador. Y ahora tal vez se haga realidad el sueño de los ecologistas, ciclistas y peatones, pero por la puerta de atrás, porque la política hizo durante demasiado tiempo la vista gorda en torno a la cantidad de gases tóxicos que produce la industria automotriz en Alemania, el paraíso de los automovilistas.

Autor: Jens Thurau (CP/ ERS)

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