Lizcano formuló el llamamiento en un vídeo que los rebeldes enviaron a la familia del ex legislador en Manizales y que hoy fue divulgado a la prensa en esa ciudad del oeste del país. El documento es la cuarta prueba de vida del político que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ofrecen desde el 5 de agosto de 2000, cuando el entonces representante a la Cámara cayó en manos del grupo rebelde, que le incluyó en una lista de 'canjeables' por insurgentes presos.

En el vídeo, Lizcano agradece la 'tan heroica gestión' a favor de los secuestrados emprendida por la Iglesia Católica y una comisión civil, instancias a las que solicitó que se mantengan en la búsqueda del 'humano propósito' de liberación de los secuestrados.

Angustioso llamado

Asimismo, hizo un 'angustiado llamado' a la comunidad internacional 'para que se vincule decididamente con esta titánica comisión gestora'. El pasado día 20, el alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, anunció que el gobierno de Alvaro Uribe había conformado con 'países amigos' un comité internacional con la misión de que gestionara un eventual acuerdo con los rebeldes.

En el vídeo, Lizcano expresó que 'consciente soy que estamos ante la mirada con párpados de acero de la insignificancia humana, donde la memoria de la mayoría de este país es un cementerio abandonado donde yacen las víctimas de esta guerra'. El político aparece en medio de dos guerrilleras jóvenes vestidas con traje de fatiga y que alzan sendos fusiles.

Secuestrados desde hace 8 años

Lizcano es uno de los 22 políticos, 34 efectivos de la fuerza pública y tres estadounidenses que las FARC pretenden intercambiar por más de medio millar de insurgentes presos, incluidos dos

extraditados a Estados Unidos en diciembre de 2004 y marzo pasado.

Entre los políticos secuestrados está la ex candidata presidencial independiente Ingrid Betancourt, que también tiene la nacionalidad francesa, por lo que el Gobierno del país europeo se ha interesado por ella y los demás cautivos.

Algunos de los miembros de la fuerza pública completarán a mediados de este diciembre ocho años de secuestro. La exigencia de las FARC de un territorio desmilitarizado, que el Gobierno rechaza, les ha impedido a las partes asumir la negociación del acuerdo humanitario.