No hay estadísticas fiables. Muchas violaciones no se reportan. Y, de las que se denuncian, muchas quedan en la impunidad.

No es solo la ineficiencia de los sistemas judiciales lo que agobia, sino también el hecho de que las víctimas de violación suelen ser "revictimizadas” en los procedimientos penales, cuando se ven obligadas a relatar una y otra vez lo ocurrido, cuando los jueces no dan crédito a sus testimonios. Un caso en que los magistrados llegaron a ser denunciados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ejemplifica esta situación.

Una joven, de 22 años, se encontró en una discoteca con un conocido, que la llevó a casa de un amigo, engañada, diciéndole que había una fiesta. Allí la violó. El agresor fue absuelto, porque no se acreditó el uso de la fuerza. "Numerosos testigos afirman que la presunta víctima llevaba una vida licenciosa, frívola y adocenada", dicen los jueces en el fallo, que consigna un artículo del diario La Tercera. El caso ocurrió en Chile y data de 2003.

"Hasta hace 10 años, efectivamente, Chile tenía el prototipo de sistema judicial que normalmente veía el delito de violación como una relación eminentemente privada; lo que intentaban tanto jueces, fiscales como policías era que la víctima no pusiera la denuncia, sobre todo si eran familiares. Pero eso afortunadamente está cambiando. Sobre todo, con la formación de jueces y fiscales en los últimos 2 o 3 años”, señala José Angel Fernández, profesor de derecho penal de la Universidad Austral, con sede en la ciudad chilena de Valdivia.

Desconfianza en el sistema

¿Subyace un machismo enraizado en las sociedades de América Latina a fallos de este tipo? Isabel Cristina Jaramillo, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, piensa que el machismo es "una constante”, pero "no solo en América Latina”. A su juicio, el hecho de que muchas mujeres ni siquiera presenten una denuncia tras haber sido violadas, obedece a una "combinación entre que las víctimas desconfían del sistema y lo que el sistema puede ofrecerles”.

Fernández coincide en que "no hay una adecuada legislación”. Indica que el sistema penal "es engorroso porque está muy formalizado” y explica que uno de los problemas centrales es que "en la mayoría de los delitos sexuales, lo único con lo que se cuenta es la declaración de la víctima. Es muy difícil que haya otro tipo de prueba. Eso crea un problema jurídico muy relevante, porque existe la presunción de inocencia, que en el derecho penal es una garantía”. El académico señala que se está trabajando para dar credibilidad a los testimonios y para evitar que las mujeres tengan que repetir sus declaraciones múltiples veces, ante la Policía, los fiscales y los jueces, lo que es una forma de revictimizarlas.

El uso de la fuerza

"Colombia tiene una tasa bastante alta de sanción y de encarcelamiento de personas que son acusadas de acceso carnal en personas menores de 14 años”, indica por su parte Jaramillo, quien fuera consultora del gobierno colombiano en temas de derechos sexuales y reproductivos. Pero subraya que los sancionados son muchos menos "en el caso de mujeres adultas, porque entonces hay que probar la violencia y los fiscales tienen menos incentivos para desplegar toda la actividad de investigación que es necesaria para ello”.

"Las definiciones de violación basadas en la fuerza requieren evidencia de que el perpetrador usó la coerción y que la víctima no pudo defenderse. Como tal, la mujer debe demostrar que se resistió. Si no puede hacerlo, el culpable saldrá libre mientras la víctima queda estigmatizada”, señalaron relatores especiales y miembros de grupos de trabajo y comités del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en un comunicado, a fines del año pasado.

Laguna penal

En el ámbito de los especialistas hay conciencia de que hay una importante laguna en los códigos penales. Por eso se intenta "incluir los casos en que no haya violencia o intimidación, pero sí falta de consentimiento, que es el gran vacío que existía. Por ejemplo, cuando la víctima ha ingerido alcohol o drogas y no está totalmente privada de sentido, pero no tiene capacidad de resistirse; ahora se está discutiendo la posibilidad de reformar los códigos penales”, afirma Fernández.

Pero falta mucho trecho por recorrer. Según la académica de la Universidad de Los Andes, las mujeres siguen desconfiando de un sistema penal que en general funciona de manera que "el más pobre va a la cárcel y el poderoso se exime”. Y eso no solo se aplica a los sectores más vulnerables. "Las mujeres de la élite creen, sienten, saben que sus maridos están por encima del sistema judicial. Es una minoría de la población, pero es una minoría importante para lograr transformaciones”.

Con todo, Fernández cree en un avance. No se atreve a hablar de una "justicia patriarcal” en América Latina, porque subraya que hay grandes diferencias, y en algunos países se han dado pasos significativos. Como ejemplos positivos menciona a Argentina y Uruguay. Y asegura que en Chile también ha habido cambios en los últimos dos o tres años, impulsados en buena medida por las protestas feministas que han provocado "un cambio cultural”. Porque el sistema judicial tampoco es ajeno a la presión de la ciudadanía, que crece en todo el continente, exigiendo poner fin a la violencia de género en todas sus formas.

(jov)

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