Las víctimas suman millones: asesinados, desaparecidos, torturados, desplazados. En este marco, hay un aspecto escabroso que no ha estado en primer plano. “Mujeres y niñas vienen siendo objeto de una violencia sexual generalizada y sistemática a manos de todas las partes del largo conflicto armado de Colombia: paramilitares, miembros de las fuerzas de seguridad y combatientes de la guerrilla”, indicó Amnistía Internacional en 2011.

Abismal impunidad

El 95 por ciento de los casos de violencia sexual cometidos por actores armados permanece en la impunidad, de acuerdo con un reciente informe de la agrupación Mesa de Seguimiento a los Autos 092 de 2008 y 009 de 2015 de la Corte Constitucional. Este abarca un total de 634 hechos que han sido de conocimiento de la Corte Constitucional en Colombia, desde el año 2008, con el objetivo de mostrar que la violencia sexual fue un práctica “habitual, extendida, sistemática e invisible” en el conflicto armado colombiano, apuntan las ONG.

La cifra se refiere solo a los casos más conocidos, indica Matthias Schreiber, experto en Colombia de la sección alemana de Amnistía Internacional, indicando que las dimensiones del problema son mucho mayores. El especialista hace notar que anualmente el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia examina cerca de 20.000 sospechas de delitos sexuales. Pero son solo la punta del iceberg, porque gran parte de las víctimas no presenta denuncia. Por otra parte, resulta muy difícil determinar qué porcentaje de los actos de violencia sexual están directamente relacionados con el conflicto armado, tan cargado de atrocidades.

Abortos forzados

Una de ella saltó ahora a la primera plana con la detención en España de un excombatiente de las FARC al que se acusa de haber practicado por lo menos 150 abortos forzados a mujeres de ese grupo guerrillero. La agencia efe habla de 500 intervenciones, llevadas a cabo en su mayoría entre 1998 y 2000, a raíz de una directiva de la cúpula de las FARC. El periódico colombiano El Espectador publicó ya en 2013 un artículo al respecto, de acuerdo con el cual se calculaba que los abortos forzados bordeaban los 1000 por año.

“Este tipo de asuntos, de una u otra manera, eran secretos a viva voz, siempre se ha sabido de las prácticas de guerra y de los horrores que ha causado la misma; sin embargo, el proceso de paz ha permitido destapar temas muy dolorosos”, señala Saruy Tolosa, coordinador del área de seguridad pública y ciudadana de la Fundación Friedrich Ebert, en Colombia. Más allá de que se pueda juzgar a “El enfermero” (que ha quedado en libertad bajo medidas cautelares en España), considera que esta situación pone a la vista de la opinión pública el tema de la tragedia de las personas que viven día a día los flagelos de la guerra, tanto en las filas de los grupos que combaten como de la población civil”.

Las víctimas

Schreiber hace notar, por su parte, que un aborto forzado es un atropello a los derechos humanos, “una tortura”. Las mujeres que lo hayan sufrido son víctimas, independientemente de a qué grupo hayan pertenecido o no, subraya el especialista de Amnistía Internacional.

Por lo pronto, el acuerdo alcanzado ahora entre el gobierno colombiano y las FARC pone en el centro de la atención a las víctimas del conflicto. Y Tolosa espera que estos temas ocupen un lugar más importante, “no solo por lo que implican en términos de la justicia y reparación, sino de lo que se espera que sea esta sociedad una vez se haya firmado el acuerdo de paz; cuál es el mensaje que se le va a estar mandando a las futuras generaciones, en términos de la defensa de los derechos de la mujer y de los individuos en general”.