La Audiencia Nacional decidió paralizar la apertura de decenas de fosas comunes donde yacen los restos de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, hasta que se decida si el juez Baltasar Garzón es competente o no para investigar los hechos.

El pleno de la sala de lo penal aceptó con diez votos a favor y cinco en contra la petición de la Fiscalía. Ésta considera que la exhumación de los restos de desaparecidos podría causar "perjuicios irreversibles de difícil reparación".

Según la decisión de la Audiencia Nacional, que se reunió hoy con carácter extraordinario, el juez Garzón debe limitarse a practicar las diligencias que sean "urgentes o inaplazables" y no autorizar la apertura de fosas.

Garzón había autorizado la apertura de 19 fosas comunes con restos de las víctimas del dictador Francisco Franco, entre ellas una donde se cree que podría estar enterrado el poeta Federico García Lorca.

La polémica se desató cuando el jueves, el juez Santiago Pedraz - que sustituye a Garzón mientras éste permanece de baja por enfermedad- autorizó las exhumaciones en seis lugares, entre los que figura un columbario del Valle de los Caídos, el mausoleo que Franco se hizo construir cerca de Madrid.

Una medida esperada

La Fiscalía de la Audiencia Nacional española había recurrido el jueves la decisión del juez Baltasar Garzón de investigar el paradero de miles de republicanos desaparecidos en la Guerra Civil y los primeros años del franquismo por considerar que no se trata de crímenes de lesa humanidad.

Según el recurso de apelación de la Fiscalía, son "los juzgados de cada territorio donde se perpetraron semejantes atrocidades" los competentes para investigar los hechos y no la Audiencia Nacional.

Considera que "la protección de los derechos de las víctimas queda garantizada por las disposiciones de la Ley de Memoria Histórica", aprobada en 2007 por el Parlamento español. "Es el cauce idóneo para el restablecimiento y la tutela de los derechos de las víctimas", aseguró la Fiscalía en un comunicado.

La Fiscalía, sin embargo, considera que se trata de delitos comunes ya prescritos, que además no pueden ser perseguidos en virtud de la Ley de Amnistía aprobada en 1977.

Garzón admitió a trámite las denuncias de 22 asociaciones de familiares de desaparecidos de la Guerra Civil y autorizó las exhumaciones en 19 fosas localizadas en toda España, entre ellas la del poeta Federico García Lorca.

El dictador Francisco Franco y otros 34 altos funcionarios de la dictadura señalados por el magistrado como responsables de desapariciones y otras represalias ya han muerto. Garzón solicitará el certificado de defunción de todos ellos para declarar la extinción de responsabilidad.

La iniciativa impulsada por Garzón es la primera de la Justicia española para investigar las represión franquista durante la guerra civil española, que comenzó con un golpe de Estado fallido contra el gobierno republicano, y los primeros años de la dictadura de Franco (1939-1975) tras el final de la contienda.

Las estimaciones cifran las víctimas de la represión franquista en hasta 180.000 y en unas 40.000 las que aún yacen, como Lorca, en fosas comunes a lo largo y ancho del país.

La decisión del magistrado ha causado gran controversia en España, donde los sectores conservadores acusan al juez de abrir viejas heridas superadas con la transición a la democracia.