Varios estados, contra las normas migratorias de Trump
17 de agosto de 2019
La nueva normativa, que pretende negar la residencia permanente a inmigrantes que reciban ayudas sociales, es considerada inconstitucional por los fiscales generales de California, Maine, Oregón, Pensilvania y Columbia.
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"Es obvio lo que este gobierno está haciendo: es artero más allá de las palabras y California no será parte de eso", dijo el gobernador de ese estado, Gavin Newsom, en una conferencia de prensa en Sacramento. La regla de la Casa Blanca anunciada el lunes, una redefinición de la ley de "carga pública", afecta a los inmigrantes que reciben bonos para alimentos, atención médica pública y otras asistencias. Estos extranjeros, en su mayoría hispanos, ven ahora amenazadas sus esperanzas de conseguir la ciudadanía.
Un grupo de estados estadounidenses demandó el viernes (16.08.2019) al gobierno de Donald Trump por su nueva reglamentación que busca negar la ciudadanía y la residencia permanente a inmigrantes que reciban ayudas sociales. Los fiscales generales de California, Maine, Oregón, Pensilvania y el Distrito de Columbia presentaron la demanda en un tribunal federal en San Francisco indicando que la norma es inconstitucional y apunta de forma desproporcionada a inmigrantes no blancos.
La demanda argumenta que la ley atenta contra personas marginadas, incluidos niños, ancianos y familias de bajos salarios. "La regla fue motivada por un ánimo intencional basado en la raza y el origen contra individuos provenientes de lo que el presidente Trump ha denominado 'países de mierda", afirma. El término "carga pública" suele definir a quien depende principalmente del gobierno. El nuevo criterio implica que 22 millones de residentes no ciudadanos de Estados Unidos que reciben subsidios no podrán obtener tarjetas de residencia o ciudadanía estadounidense.
Además, los migrantes no obtendrán visas de residencia si se los considera demasiado pobres y con tendencia a necesitar asistencia social. "Para proteger los beneficios para los ciudadanos estadounidenses, los inmigrantes deben ser financieramente autosuficientes", dijo Trump en un comunicado de la Casa Blanca. Los nuevos estándares se aplicarán a partir del 15 de octubre.
"Esta cruel política obligará a padres y familias trabajadoras en todo el país a renunciar a necesidades básicas como alimentos, vivienda y atención médica por miedo", dijo el fiscal general de California, Xavier Becerra, quien presentó la demanda. "Eso es simplemente inaceptable", agregó. "Lucharemos contra esta regla ilegal". California alberga a más de 10 millones de inmigrantes, casi una cuarta parte de su población, la mayor comunidad inmigrante en Estados Unidos.
Victoria parcial de Trump en los tribunales
Sin embargo, la política de asilo de Trump tuvo también este viernes una victoria parcial en los tribunales con una decisión de una corte de apelaciones que tumbó parte de otro fallo judicial que había suspendido otras de las medidas decretadas por el mandatario. El mes pasado un magistrado de la Corte del Noveno Circuito suspendió la nueva regulación del Gobierno que establecía que los extranjeros que busquen asilo en EE.UU. deben esperar en otros países a que se tramiten sus solicitudes, al considerar que probablemente era inválida al estar con conflicto con las leyes federales de asilo.
La medida adoptada por Trump apuntaba específicamente a los inmigrantes centroamericanos, que tienen que pasar por otros países antes de llegar a EE.UU. para pedir allí asilo. La decisión de este viernes del tribunal de apelaciones se produce después de que ayer la misma corte fallara que los niños inmigrantes detenidos por las autoridades estadounidenses deben recibir comida aceptable, agua limpia y productos básicos de higiene como jabón y cepillos de dientes.
lgc (afp/ap/efe)
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¿Qué pasa con los inmigrantes cuando salen de los centros de detención de Estados Unidos?
Cada día, cientos de inmigrantes son liberados de los centros de detención estadounidenses después de haber cruzado con éxito la línea que separa al país más poderoso del mundo con una región en crisis.
Imagen: DW/J. Jeffrey
Libres por ahora
Los autobuses llegan a lo largo del día a la estación de McAllen, Texas, con inmigrantes liberados de los centros de detención de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) a los que se les permitió permanecer en EE. UU. mientras se procesan sus casos. Entre octubre de 2018 y marzo de 2019, unos 268.000 inmigrantes fueron detenidos en la frontera, según las autoridades fronterizas estadounidenses.
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Entregados a voluntarios
Una vez fuera del autobús de Seguridad Nacional, los inmigrantes esperan que un agente los entregue a un voluntario de las Caridades Católicas del Valle del Río Grande (CCRGV). Debido al gran número de familias que cruzan la frontera y la magnitud de la crisis humanitaria que agobia al gobierno de EE. UU., organizaciones civiles ayudan a los inmigrantes en la frontera entre Texas y México.
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Caos organizado
En el Centro de Ayuda Humanitaria de CCRGV, las personas pueden comer y bañarse antes de viajar con los que los recibirán mientras esperan las audiencias de la corte de inmigración. Hasta 800 inmigrantes llegan al centro cada día. "Ninguna de las partes políticas de EE. UU. parece tener una respuesta", dice Brianna Trifiletti, una ayudante. "La solución tiene que venir de América Central".
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Largo camino por delante
Los inmigrantes son devueltos a la estación una vez que obtienen un boleto de autobús. Aquí, la voluntaria Melanie Domínguez usa un mapa del país para indicar a los inmigrantes, muchos de los cuales solo hablan un idioma indígena, donde necesitan cambiar de autobús. "Es ocupado pero también es gratificante, ya que fui inmigrante una vez", dice. "Siento que es mi lugar estar aquí".
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Los números detrás del muro
Al este de McAllen hay un larguísimo muro construido en la década de 2000. En ese entonces, el número de inmigrantes detenidos en la frontera, en su mayoría hombres solteros, eran 81.550 por mes en promedio. Ahora son 32.012 por mes y el dilema es diferente, ya que los que vienen son en su mayoría familias inmigrantes con niños pequeños, que son más difíciles de detener y procesar.
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Río de muerte
"Cada semana escucho sobre otro ahogado" en el río Bravo, dice Jennifer Harbury, quien trabaja con personas que huyen de la violencia en Centroamérica. "Una madre le pagó a contrabandistas para que la llevaran a ella y sus tres hijos en una balsa. Su hija de dos años cayó al agua luego de una turbulencia. 'No nos detenemos en medio del río', dijo el hombre de la balsa mientras el niño se hundía".
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Medidas de Estados Unidos para limitar el flujo de migrantes
En el lado mexicano del puente International Gateway, que une a las ciudades de Matamoros y Brownsville, los inmigrantes revisan listas que indican el orden en el que las personas podrán cruzar y acercarse al lado estadounidense. Esta es una de las muchas políticas nuevas introducidas por la Administración Trump que muchos argumentan contravienen las leyes de asilo internacionales y de EE. UU.
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Migrantes económicos vs. solicitantes de asilo
En otro puente, una madre e hija nicaragüenses esperan poder solicitar asilo. Uno de los debates es que si los que vienen deben obtener asilo, que es para los que huyen de la persecución y no de las dificultades económicas. "Tenía un trabajo como ingeniero civil, pero igual vine", dice Erving (27), de Nicaragua. "Estamos huyendo de la violencia, no se trata de encontrar trabajo".
Imagen: DW/J. Jeffrey
La esperanza se mezcla con el miedo
De vuelta en la estación de autobuses de McAllen, Valeria, de 9 años y de Honduras, espera el autobús que la llevará a ella y a su familia al norte. Los inmigrantes tienden a estar de buen humor una vez que han descansado y han sido alimentados en el centro de CCRGV. "Pero todavía hay miedo", dice una mujer hondureña. "No sé si después de mi audiencia en la corte podré quedarme o me deportarán".