El 1,91% de la población venezolana vivía en 2015 fuera del país. Estos datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ubica a las mayores comunidades venezolanas en el extranjero en España y Estados Unidos. Canadá, Colombia, Italia y Portugal les siguen. En términos absolutos, según la OIM, se trata de 606.282 venezolanos.

No obstante, “se está hablando de un millón 200 mil venezolanos que habrían salido del país en los últimos 17 años, buscando mejor futuro”, dice por su parte a DW Tamara Sujú, directora del Instituto Casla de estudios políticos, de Praga.

De receptor a emisor

La diferencia entre estas dos cifras se explica echando la vista bastante más atrás: Venezuela fue un país de acogida, especialmente para europeos después de la Guerra Civil Española y después de la Segunda Guerra Mundial. “Hoy en día, los hijos de esas personas son los jóvenes que retornan a sus países por la doble nacionalidad buscando salir del caos”, apunta Sujú.

Efectivamente, en el “Anuario de la Inmigración en España”, del think tank europeo CIDOB, Venezuela ocupa apenas el 19 lugar en la lista de países emisores de inmigrantes; con todo, es el segundo –entre 2008 y 2013- de donde ha retornado población de origen español. Lo mismo sucedería con Portugal e Italia. La OIM detecta considerable cantidad de población con pasaporte venezolano también en Alemania, Reino Unido. Además, en Ecuador, Chile yArgentina.

“Somos los nuevos balseros latinoamericanos”, se queja Sujú, que ve primeramente en la falta de seguridad el disparador de la emigración. En segundo lugar, a la persecución política: “Si alguien se queda sin trabajo por haber firmado en contra, para mí son perseguidos. Somos muchos, en los últimos dos años, la cifra se ha triplicado”, puntualiza Sujú, que dejó el país en 2014.

La mirada debe ir más lejos

“Desde la llegada de Hugo Chávez al poder, las clases medias altas comenzaron a abandonar el país porque veían en las propuestas chavistas el 'peligro del comunismo'. Pero la emigración había comenzado antes, a finales de los 90, por factores distintos al político: una economía entrando en crisis e inseguridad”, explica a DW un analista político y especialista en derechos humanos que, aunque también dejó el país hace tres años, prefiere no ser mencionado.

“El gobierno de Chávez y luego el de Nicolás Maduro, lejos de resolver estos problemas, permitieron que se agravasen, llevándolos a la situación actual: una innegable hiperinflación, una profundización del modelo extractivista y rentista petrolero. Y un grave problema de seguridad ciudadana”, agrega.

“Cada fin de semana solo en Caracas entran a la morgue entre 30 y 50 cadáveres por muertes violentas de solo el fin de semana. Las clases medias y luego los sectores populares con posibilidades, empezaron a ver cómo sacar a sus hijos del país, atemorizados por verlos asesinados para robarles un celular o el coche”, agrega.

“Estamos ante una crisis humanitaria”, subraya por su parte Sujú. “Aunque el gobierno la niegue, se están muriendo los niños y los enfermos por falta de medicinas, por imposibilidad de operarse. La gente pelea por comida. Y el que puede emigrar simplemente se va del país para sobrevivir”, puntualiza.

¿Van a regresar?

Aunque Sujú dejó el país en calidad de refugiada política, la inminente ley de amnistía para los perseguidos políticos no cambiará su situación ni la de otros como ella: “El sistema judicial es el mismo, es el mismo sistema de seguridad estatal. Aspiro a regresar a mi país cuando vuelva el Estado de derecho, quiero participar en la reconstrucción de Venezuela”, afirma.

Por el contrario, “un nuevo gobierno no va a significar una mejora de la situación”, dice el analista político. “La sociedad en su conjunto está muy golpeada y el impacto económico es de grandes dimensiones. Por eso; el regreso al país de esta diáspora –de la cual sólo una minoría son exiliados estrictamente políticos- no va a ser al día siguiente de la caída del chavismo, sino que tomará muchos años”, concluye.