Más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil venezolana han condenado el arresto de cinco trabajadores humanitarios de la organización Azul Positivo, que se dedica a atender a pacientes de sida y a proveer de ayuda a personas sin recursos.

En los últimos meses, activistas han notado un aumento en los ataques del gobierno de Nicolás Maduro hacia organizaciones no gubernamentales. Era de esperar que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresara su preocupación por estos arrestos y que se hayan unido a la protesta otras organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional. 

La organización Azul Positivo está en el estado occidental de Zulia, y su trabajo fundamental es la atención de pacientes seropositivos. Sus 16 años de experiencia humanitaria han llevado a Azul Positivo a trabajar con ACNUR, OCHA y otros organismos internacionales dedicados a atender la emergencia humanitaria compleja en Venezuela.

A finales del 2020, el gobierno venezolano cerró las cuentas de la organización Alimenta la Solidaridad, que se dedica a abastecer de alimentos a cientos de comedores comunitarios en todo el país. Para las ONG en Venezuela estos ataque tienen bases políticas y ponen en peligro el trabajo humanitario en momentos en los que el país más lo necesita.

DW habló con Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, sobre las intenciones puede haber detrás de la persecución del gobierno contra organizaciones dedicadas a coordinar la ayuda humanitaria en el país.

DW: ¿De qué se le acusa a Azul Positivo y por qué fueron apresados cinco de sus miembros?

Alí Daniels: A los miembros de la organización Azul Positivo, que es una organización humanitaria del estado Zulia, se le acusa de tres delitos: legitimación de capitales, uso fraudulento de tarjetas inteligentes con tarjetas de pago y asociación para delinquir. El origen de estas acusaciones es un programa que lleva a cabo esta organización con fondos de la cooperación internacional luego de un estudio socioeconómico, y que beneficia a familias de zonas populares del estado Zulia con tarjetas prepagadas con las cuales pueden comprar alimentos de la cesta básica en locales comerciales de la zona.

¿Qué argumenta el Estado para justificar el arresto?

El Estado argumenta que tiene obligaciones, tanto de derecho interno como de derecho internacional, de investigar el uso de divisas en el país para evitar que haya legitimación de capitales. Ese es el argumento fundamental de la Fiscalía y del gobierno en este caso.

¿Cuál ha sido la reacción de las demás organizaciones de la sociedad civil ante estos hechos?

La reacción de las organizaciones de la Sociedad Civil ha sido de mucha preocupación, porque este programa que lleva a cabo Azul Positivo en Zulia es uno de las decenas de programas que se llevan a cabo con cooperación internacional, y cuando digo cooperación internacional digo organizaciones reputadas, muy serias, como las agencias de Naciones Unidas, ACNUR, ONU SIDA.

Eso pone de manifiesto que si Azul Positivo está siendo perseguida, el resto de las ONG que tienen programas idénticos en otras partes del país corren también el riesgo de ser acusadas de lo mismo. Por eso existe una enorme preocupación, porque los perjudicados no van a ser solamente las organizaciones sino, sobre todo, quienes reciben estos beneficios, que además implican unos montos muy pequeños, estamos hablando de 10, 20 dólares semanales. Aún así, esos montos son infinitamente superiores al valor de una bolsa de comida del gobierno.

Creo que de allí nace la sospecha del gobierno de no permitir un beneficio superior al que ellos están proporcionando en este momento; quizá eso sea parte de las razones de la persecución. Independientemente de la cantidad de dinero que se otorgue, son montos muy limitados, porque para lo que tiene que alcanzar es para los alimentos de la cesta básica, no se trata de grandes erogaciones, sino de pequeñísimos montos, pero que dan alimentos a muchísimas familias en el país.

¿En qué medida amenaza la labor de Azul Positivo los intereses del Estado, al punto de que el gobierno arreste a estos cinco trabajadores?

La amenaza que Azul Positivo puede representar para el Estado es para nosotros absolutamente nula, igual a cero. Pero claro que, si existen organizaciones que dan comida, el Estado puede entender que están compitiendo con las bolsas de comida que vende el gobierno, llamadas CLAP.

Lo que nos cuesta entender es que estos programas de las ONG precisamente buscan llegar a esos sitios donde los beneficios del Estado no llegan, o son insuficientes, porque uno de los problemas que tiene el CLAP es precisamente que no se cumple con la disciplina que tiene que cumplirse, y muchas familias pasan meses sin recibir esa bolsa de comida.

Así que es ante esos vacíos por parte del Estado que actúan las organizaciones. Asumir que hay una competencia para alimentar a los pobres entorpece la llegada a Venezuela de la ayuda humanitaria, y eso no solo en cuanto al derecho venezolano, sino también al derecho internacional, porque el derecho de asistencia humanitaria no solo es un derecho de las personas que se benefician de estas ayudas humanitarias, sino, además, de las mismas organizaciones que prestan la ayuda humanitaria, por lo cual es lamentable que se produzca este tipo de situaciones.

¿Qué ocurre si el Estado libera a estos trabajadores humanitarios detenidos?

Si el Estado libera estas cinco personas, no hay absolutamente ningún riesgo para él, porque no se está produciendo una legitimación  de capitales. Si  los fondos vienen de organizaciones como Naciones Unidas, o de organizaciones internacionales como Cáritas, por ejemplo,  la premisa fundamental de la legitimación de capitales, que significa que el origen de los fondos sea ilegitimo, no se cumple.

Más legítimo, por el contrario, no puede ser, debido a la transparencia que exigen las organizaciones que financian esos proyectos. Además, porque los fondos terminan en manos de los beneficiarios a través los alimentos que le llegan a ellos, y eso ocurre demás por una serie muy rigurosa de medios de control que tienen tanto las Naciones Unidas como las organizaciones humanitarias.

De modo que estos controles permiten hacer transparente el programa y, además, se cuenta con datos sobre quiénes son los beneficiarios, se los tiene claramente identificados, al igual que los comercios donde se compran esos alimentos. De modo que el Estado no tiene que temer absolutamente nada, porque esta ayuda humanitaria no tiene ningún fin político en lo absoluto, ni busca hacerle mella, ni cuestiona tampoco la autoridad del Estado venezolano. Es decir, que ahí no hay ningún riesgo en cuanto a que el Estado permita que esta ayuda humanitaria se lleve a cabo. A quien perjudica el Estado al no permitirla es a los beneficiarios de la misma.

¿De qué manera se beneficia el gobierno de Nicolás Maduro al detener a estas personas y atacar a las ONG?

Al gobierno le interesa monopolizar toda la ayuda humanitaria, pero eso es ignorar que hay donantes que prefieren que esta se lleve a cabo a través de mecanismos neutrales, como Naciones Unidas, u otras organizaciones humanitarias. El gobierno los ve como una competencia, en su necesidad de controlarlo todo.

Sin embargo, la intención de las ONGs no es llevar a cabo programas políticos. Estas actúan de acuerdo al derecho internacional, que establece que el derecho de asistencia humanitaria es tanto de las personas que reciben la ayuda como de las propias organizaciones.

¿Qué consecuencias pueden generar estos arrestos a la distribución de la ayuda humanitaria en Venezuela?

Sobre todo queremos recalcar que no hay ningún delito, no hay legitimación de capitales, porque, como ya dije, los fondos vienen de la de la cooperación internacional; eso está acreditado en este y en todos los demás casos. Tampoco hay uso fraudulento de los medios de pago, porque son servicios que contratan las organizaciones internacionales y porque, además, el dinero termina en manos de los beneficiarios a través de los alimentos que compran. Esto es transparente, se realiza con muchos controles, con mucho recelo a la hora de determinar quiénes son los beneficiarios. Por el contrario, lo que nos preocupa es que hay personas que están en extrema necesidad, en estado de pobreza máxima, que en este momento no tienen que comer. Finalmente, hay que agregar que esto pone en peligro el futuro financiamiento de la cooperación internacional a organizaciones no gubernamentales que no imponen condiciones políticas para atender la ayuda humanitaria. (cp).