En medio de una campaña electoral donde escasea el apoyo popular al régimen y abunda la represión en contra de la oposición democrática, la Asamblea Nacional chavista aprobó el pasado martes 21 de mayo en segunda discusión los primeros nueve de los treinta y seis artículos del proyecto de "Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro".

Este instrumento legal, que comparte similitudes con la ley de agentes extranjeros rusa, ha generado temores fundados tanto en la sociedad civil organizada venezolana como en organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos, que ven con preocupación que pueda utilizarse para "controlar, restringir, criminalizar y, potencialmente, clausurar” las ONG que trabajan en Venezuela.

A pesar de las fuertes críticas, Diosdado Cabello, segundo al mando del régimen chavista, no ha cesado en su empeño de avanzar en la aprobación de esta ley. La eventual promulgación de este controvertido proyecto apuntaría al cierre definitivo del espacio cívico en Venezuela, lo cual, de entrada, tendría efectos directos sobre los ya menguados derechos y garantías electorales de los venezolanos.

El cierre progresivo del espacio cívico 

En diciembre de 2023, el CIVICUS Monitor degradó la calificación del espacio cívico de Venezuela de "represivo" a "cerrado", la peor categoría posible, como consecuencia de los constantes ataques del Estado a las libertades civiles de la ciudadanía. De esta manera, Venezuela se suma a Cuba y Nicaragua como los únicos países de Latinoamérica en la categoría más restrictiva.

Esta alarmante clasificación concuerda con los datos recabados por el reconocido Instituto V-Dem (Variedades de la Democracia), los cuales evidencian que el patrón de cierre del espacio cívico en Venezuela se remonta a la llegada de Chávez al poder en 1999. A partir de ese año, se produjo una continua y abrupta caída en los índices de V-Dem, que miden hasta qué punto un determinado país cuenta con una sociedad civil sólida y autónoma.

Específicamente, las mediciones de V-Dem para 1997 arrojaban índices de control y represión estatal sobre las ONG de 3,6 y 3,58 respectivamente, en una escala de 0 a 4. Estos valores indicaban que, en ese entonces, Venezuela se encontraba en un escenario de "control mínimo" y "grado débil de represión" sobre las ONG. A partir de ese momento, y durante las siguientes dos décadas, las evaluaciones de V-Dem sobre el control y represión estatal en Venezuela han sufrido un continuo y drástico deterioro.

Para 2023, el índice de control del Estado sobre las ONG se ubicó en 1,23 y el de represión en 1,26. Según los criterios de V-Dem, estos índices exponen que en la actualidad el Estado venezolano ejerce un grado "sustancial" de control y represión sobre todas las organizaciones de la sociedad civil. Esto incluye no solo la exclusión y obstaculización de la participación en cualquier actividad política de aquellas ONG que sean susceptibles de oponerse al gobierno, sino también la detención, procesamiento y encarcelamiento de forma arbitraria de directivos y miembros de organizaciones de la sociedad civil, como ha sucedido, por ejemplo, en los casos emblemáticos de Javier Tarazona y Rocío San Miguel.

Entorno hostil, represivo y riesgoso

Solo en el primer trimestre de este año, en pleno proceso electoral, se han registrado 418 ataques e incidentes contra organizaciones y personas defensoras y promotoras de derechos humanos. Esta alarmante cifra representa un incremento del 85% en comparación con el mismo período del año 2023, según informa el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ).

Además de los ataques directos a la sociedad civil organizada, el régimen de Nicolás Maduro también obstaculiza el ejercicio de sus actividades. Según CIVICUS Monitor, el 28,3% de las ONG que operan en Venezuela no han podido obtener la calidad de persona jurídica, un requisito fundamental para su funcionamiento. Adicionalmente, más de la mitad de las organizaciones de la sociedad civil registradas enfrentan obstáculos por parte del Estado venezolano para su funcionamiento administrativo.

El modelo ruso para el control de las ONG

La situación hostil, represiva y riesgosa que se enfrenta en Venezuela podría agravarse mucho más si se aprueba el proyecto de ley contra las ONG que actualmente se discute en la Asamblea Nacional. Esta iniciativa chavista comparte similitudes relevantes con la polémica "ley de agentes extranjeros" rusa, mediante la cual el Estado moscovita ejerce, según índices de V-Dem, un "control monopolístico explícito" y un "grado severo" de represión sobre la sociedad civil.

Lamentablemente, el modelo ruso de control de la sociedad civil organizada se ha venido globalizado. Países como Bielorrusia, China, Azerbaiyán, Hungría, India, Egipto, Tanzania, Nicaragua y Georgia han sancionado este tipo de leyes draconianas que, bajo el pretexto de regular el financiamiento extranjero, se usan para sofocar las voces disidentes y el activismo de la sociedad civil.

Entre las disposiciones claves de la ley rusa se encuentran: el registro obligatorio de ONG que reciben financiamiento externo como "agentes extranjeros"; la presentación detallada de informes financieros y descripciones de actividades, incluyendo origen y uso de fondos; el derecho del Estado a realizar auditorías intrusivas, detalladas y sin previo aviso a las ONG; y la imposición de onerosas sanciones y graves penalizaciones por incumplimiento. Desde su promulgación, esta ley ha sido objeto de varias reformas que han ampliado su campo de aplicación a medios de comunicación social y personas físicas que reciben financiamiento extranjero y participan en actividades políticas.

En el caso del proyecto chavista, se establece la obligación de registro para todas las organizaciones de la sociedad civil. Esta obligación se extiende a organizaciones sociales sin fines de lucro domiciliadas en el extranjero que realicen actividades en el país. Se otorgan también amplias e intrusivas facultades al Estado venezolano para la vigilancia, control y sanción de todo este tipo de organizaciones no gubernamentales. Por otra parte, el articulado prohíbe de manera expresa a las ONG realizar "actividades propias de partidos políticos u organizaciones con fines políticos”.

Esta vaga y arbitraria interpretación del "ejercicio de la actividad política” permitiría al régimen de Nicolás Maduro, como en el caso ruso, limitar y controlar el derecho al financiamiento que existe en el marco de la cooperación internacional para la defensa de los derechos humanos y la promoción de la democracia, así como prohibir una amplia gama de actividades que actualmente realizan las ONG venezolanas que trabajan en estas áreas. El mismo Diosdado Cabello ha amenazado en reiteradas oportunidades con que tiene una lista de más de sesenta ONG venezolanas que, según su criterio, operan en el país con "fines políticos" y que se cerrarán.

De aprobarse este proyecto de ley, Venezuela se acercará aún más al modelo autocrático ruso y se seguirá alejando de las democracias occidentales.

(ers)