El pasado 11 de septiembre de 2025, Diosdado Cabello —ministro del Interior y secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)—, en su discurso inaugural de la Plenaria Extraordinaria del Congreso del Partido para preparar nuevas estrategias en defensa del país, lanzó una arenga amenazante: "llegó la hora de la guerra revolucionaria... Esta guerra, que no será convencional, la haremos en todos los frentes... Serán cien años de guerra... estamos en una transición de una revolución pacífica a una lucha revolucionaria armada".

Más allá de la retórica grandilocuente de Cabello, estas palabras revelan una verdad descarnada: para el régimen, su propia supervivencia siempre prevalecerá sobre el interés nacional. En un país donde el respaldo al régimen de Nicolás Maduro apenas roza el 20 %, y donde la épica antiimperialista ya no moviliza masas, esta arenga no constituye un llamado a la resistencia popular, sino una amenaza directa contra el propio pueblo venezolano.

Como se ha observado en las últimas semanas, el régimen avanza en la militarización de la sociedad civil y en su escalada de ataque a la disidencia democrática, donde —bajo un estado de excepción no declarado— la persecución y encarcelamiento de opositores, las desapariciones forzadas, el castigo colectivo, la diplomacia de rehenes y la amenaza a la integridad de los presos políticos son utilizados para garantizar la supervivencia del chavismo en el poder.

Militarizar la sociedad civil para reforzar el control interno

El 11 de septiembre, Maduro ordenó la activación del "Plan Independencia 200". Esta operación militar contempla la movilización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Milicia Nacional Bolivariana, cuerpos combatientes civiles y organismos de seguridad del Estado en 284 "frentes de batalla" o puntos estratégicos del territorio nacional.

Dentro del marco operativo de este plan, el Ejecutivo comunicó el despliegue de aproximadamente 25.000 efectivos como refuerzo operativo en estados fronterizos y zonas costeras. Asimismo, este miércoles 17 de septiembre, el ministro de la Defensa anunció la realización de ejercicios aéreos navales en la isla de la Orchila.

Estos despliegues se acompañan de una convocatoria masiva de adiestramiento y movilización nacional a partir del 12 de septiembre de 2025, para que milicianos, reservistas, comuneros y jóvenes alistados acudan a 312 cuarteles y unidades militares de todo el país a recibir formación militar básica y táctica.

Según cifras dadas por Maduro, más de 8,2 millones de venezolanos han respondido al llamado de alistamiento militar que ha venido haciendo el régimen. El Ejecutivo ha anunciado que este proceso de alistamiento tendrá un carácter continuo y permanente, y que los alistados se integrarán en las 15.751 "bases populares de defensa integral" agrupadas en las "Unidades comunales milicianas de combate". Estas unidades son estructuras organizativas ubicadas en los 5.336 circuitos comunales que existen en el país.

La militarización masiva de la población civil representa el aspecto más revelador de esta estrategia. "Cuando cada venezolano, cada venezolana, cada militante de nuestro partido tenga la conciencia y se convierta en un combatiente con armas, entenderán que no estamos jugando", advirtió Cabello en su discurso.

Si bien la cifra de más de ocho millones de alistados integrados en más de 15.000 "bases populares de defensa integral" es altamente improbable —considerando que representa más de la mitad de los 14 millones de habitantes mayores de edad en un país donde el régimen cuenta con apenas un 20 % de apoyo—, esta declaración sí revela las verdaderas intenciones del Gobierno: el intento de crear, sobre el andamiaje comunal, una estructura paramilitar de base territorial y respuesta rápida que profundice la fusión cívico-militar-policial, núcleo fundamental del control chavista sobre el pueblo venezolano.

En su configuración actual, estas unidades de combate, articuladas en todo el país, no constituyen aún una fuerza de defensa nacional realmente operativa —ni están suficientemente capacitadas ni apertrechadas—, pero sí funcionan como una fuerza paramilitar para la vigilancia y represión de una población potencialmente hostil.

Cualquier intento de movilización local en contra del régimen y en favor de una transición sería criminalizado y tratado como "traición a la patria": "El que llame a bombardear o a invadir al país es un traidor… y tiene que ser juzgado de manera inmediata, esté donde esté", advirtió Maduro. Cabe acotar, sin embargo, que estas estructuras podrían evolucionar hacia un rol más bélico en el futuro.

Escalar la represión en medio de un estado de excepción no declarado

El discurso de Cabello eleva considerablemente los peligros para la disidencia política del país, que pasa a ser criminalizada como colaboracionista del "enemigo imperialista". Tal como advierte la ONG PROVEA: "La narrativa de la persecución del enemigo interno o externo ha servido históricamente de excusa para cometer atropellos y violaciones de derechos humanos en nombre de la seguridad nacional".

Bajo el paraguas de un eventual escenario de intervención externa, el aparato de seguridad del Estado, dirigido por Cabello, ha intensificado las prácticas de terrorismo de Estado contra la oposición y la sociedad civil. Desde finales de agosto, según un informe del Foro Penal publicado en X, se han producido de forma arbitraria siete nuevas detenciones políticas, elevando la cifra a 823 presos políticos. Otras fuentes como la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), registran 13 nuevos presos políticos para un total de 1.056.

Las prácticas de vigilancia, persecución y detención no se limitan a quienes deciden tomar el riesgo de actuar o alzar su voz contra el régimen. El peligro también se extiende a sus familiares cercanos. Estas acciones constituyen un castigo colectivo, una práctica reiterada del chavismo que busca amplificar el terror y disuadir la disidencia.

En las últimas dos semanas, según reportes de ONG, esta táctica se ha aplicado contra la madre y la hermana del dirigente político Pedro Andrade Hernández en Trujillo, así como contra varios miembros de la familia del activista Miguel Guillén en Carabobo.

Diplomacia de rehenes

Del total de presos políticos registrados, 89 según los registros de Foro Penal y de JEP, son extranjeros o venezolanos con doble nacionalidad. Este número desproporcionadamente alto responde a una política sistemática y deliberada del chavismo, consistente en la detención arbitraria o desaparición forzada de ciudadanos extranjeros o con doble nacionalidad, con el objetivo de chantajear a sus países de origen para obtener concesiones políticas o económicas.

Esta estrategia, que utiliza a los presos como moneda de cambio, ha sido denominada "diplomacia de rehenes" y se mantiene gracias a la práctica de "la puerta giratoria": salidas negociadas y nuevas detenciones que le permiten al régimen mantener cartas humanas para negociar prebendas con Gobiernos extranjeros.

Desapariciones forzadas institucionalizadas como política estatal

A las cifras de presos políticos se suman los casos de desaparición forzada denunciados por organizaciones como Amnistía Internacional. Así lo señala también PROVEA, en un informe del 30 de agosto: "En Venezuela la desaparición forzada se 'institucionaliza' como política estatal contra la población civil".

Según PROVEA, entre septiembre de 2024 y mayo de 2025, 23 venezolanos (100 según las cifras de JEP) han sido sometidos por los cuerpos de seguridad dirigidos por Cabello a este procedimiento, caracterizado por la detención arbitraria, seguida de largos períodos de incomunicación, donde familiares y abogados desconocen el paradero de los detenidos. El informe documenta cómo estas desapariciones han evolucionado de ser "selectivas y de corta duración" a convertirse en "masivas y de larga duración", con períodos de incomunicación que se extienden por meses.

Traslados opacos y amenazas a la integridad de los presos políticos

Además de las inhumanas condiciones a las cuales son sometidos los presos políticos del régimen de Maduro, que han llevado a 9 de ellos a intentar suicidarse, en las últimas semanas, familiares y defensores han denunciado un patrón de traslados opacos de presos políticos con años de reclusión a centros de detención desconocidos.

No se informa el destino ni el motivo de los movimientos y, contra la práctica ordinaria, los tribunales de cada causa —que tienen la facultad de fijar el lugar de reclusión— no han sido notificados. Fuentes cuyos nombres se resguardan por seguridad indican que más de 30 presos tienen un paradero actualmente desconocido. Paralelamente, familiares reportan —sin presentar denuncias formales por temor— que dentro de las cárceles circulan amenazas contra los presos políticos: si ocurre "algo" (una intervención militar), los presos serían objeto de represalias.

La paradoja del régimen de Maduro es evidente: cuanto más se militariza y reprime, más desnuda su fragilidad. El chavismo ha llegado al punto donde su supervivencia depende de mantener a Venezuela bajo ocupación militar permanente, revelando que su verdadero adversario es la legitimidad democrática que perdió hace mucho tiempo.

(rml)