Por fortuna para los venezolanos, ni los comicios parlamentarios del 6 de diciembre ni la publicación progresiva de sus resultados al día siguiente se vieron empañados por los episodios de violencia política conjurados en el discurso amenazador del presidente Nicolás Maduro. De hecho, hasta el mandatario atenuó el tono marcial de sus alocuciones tan pronto llegaron a Caracas los “acompañantes” electorales de la Unasur. Pero a partir del martes (8.12.2015), las fricciones entre oficialistas y opositores volvieron a hacerse evidentes.

Una rueda de prensa ofrecida por dos prominentes exmiembros del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para analizar los factores que propiciaron el triunfo de sus adversarios fue interrumpida agresivamente por un “colectivo” chavista este miércoles (9.12.2015). Héctor Navarro y Jorge Giordani –dos exministros de Hugo Chávez, ahora cercanos a la formación “chavista no madurista” Marea Socialista– fueron acallados cuando enumeraban los “errores” que, a sus ojos, viene cometiendo el Ejecutivo de Maduro.

Un día antes, críticas mordaces hechas por el secretario general del partido antichavista Acción Democrática, Henry Ramos Allup, fueron respondidas airadamente tanto por Maduro como por Diosdado Cabello, presidente saliente de la Asamblea Nacional. Ambos anunciaron la aprobación de medidas que, según algunos expertos, lucen como intentos de sabotear de antemano la gestión parlamentaria de la oposición. Ésta inicia sus funciones el 5 de enero y planea cambios importantes en materia económica, social y judicial.

“Venezuela es una gran caja negra”

“Hace varias semanas, doce de los treinta y dos magistrados que componen el Tribunal Supremo de Justicia se separaron de sus cargos. Este miércoles (9.12.2015), Cabello anunció que el actual Congreso designará antes de terminar el periodo legislativo doce nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Los cargos de esos nuevos jueces –todos chavistas, desde luego– tienen doce años de vigencia. Está claro que el PSUV busca bloquear el trabajo parlamentario de la oposición”, sostiene Klaus Bodemer, del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA).

“Los líderes del PSUV se están atrincherando. Entre ellos cunde el temor de perder privilegios como la inmunidad parlamentaria porque, sin ella, algunos corren el riesgo de ser interpelados, dentro y fuera de Venezuela, por casos de corrupción y otros delitos. En este momento, Venezuela es una gran caja negra”, apunta Manuel Silva-Ferrer, investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín y del Instituto de Investigaciones de la Comunicación (Ininco), en la Universidad Central de Venezuela.

“Una de las funciones de la Asamblea Nacional es nombrar [a los jueces del Tribunal Supremo de Justicia] y por eso, nosotros, constitucionalmente, lo estamos haciendo; sin violar ninguna ley. Más bien les estamos ahorrando trabajo a los nuevos diputados electos”, comentó Cabello en su programa televisivo Con el mazo dando. Previamente, Cabello había asegurado que le daría su visto bueno al presupuesto del Congreso y del Banco Central de Venezuela, y que los medios a cargo de cubrir la actividad legislativa pasarían a manos de quienes allí trabajan.

¿Política de tierra arrasada?

“El PSUV hará todo lo posible para impedir el funcionamiento cabal del Parlamento. Así actuaron tras las elecciones regionales de 2008, cuando los chavistas fueron desplazados de la gobernación del estado central de Miranda y de la Alcaldía Mayor de Caracas por los opositores Henrique Capriles Radonski y Antonio Ledezma, respectivamente. Antes de que Capriles Radonski asumiera sus funciones, los chavistas le comprometieron el presupuesto del año siguiente para que no pudiera trabajar. Y a la Alcaldía Mayor de Caracas la despojaron de todas sus atribuciones; a sus policías los dejaron sin armas”, recuerda Silva-Ferrer.

Este martes (8.12.2015), Maduro dijo que aprobaría por decreto la inamovilidad laboral hasta 2019, cuando termina su mandato, alegando que lucharía para impedir el desmantelamiento de la “economía popular” y las leyes que protegen los intereses de los trabajadores. Ese ha sido un argumento recurrente en los últimos días; desde la cúpula del PSUV se insiste en que la nueva mayoría de la Asamblea Nacional será una de talante revanchista y que su meta es desmontar los beneficios que la “Revolución Bolivariana” le trajo a los más desfavorecidos.

Para Bodemer, hay sistema detrás de estas palabras, que atizan temores y resentimientos. “Se trata de pequeños pinchazos que buscan satanizar a la oposición para restarle margen de maniobra en el Parlamento. Sin involucrarse directamente en ellas, la élite del chavismo está generando confrontaciones para manipular a mucha gente y convencerla de que cometieron un error al votar por la oposición en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre”, señala Bodemer.