El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y sus adversarios políticos, reunidos en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), están lejos de superar la mutua desconfianza que ha hecho prácticamente imposible un debate razonado sobre los problemas más urgentes del país y sus soluciones más viables. Eso ha vuelto a quedar en evidencia desde el pasado 12 de agosto, cuando Nicolás Maduro –sucesor del difunto Hugo Chávez en la presidencia– anunció que le declararía la guerra a la corrupción a escala nacional, regional y municipal.

Maduro dijo que solicitaría la aprobación de una ley habilitante en la Asamblea Nacional que le conceda poderes especiales para poner coto a fenómenos como la malversación de fondos y el enriquecimiento ilícito en el ámbito de la administración estatal, entre otros delitos contra el erario público. Pero, considerando que unos cincuenta funcionarios de bajo rango ya han sido detenidos desde finales de julio por incurrir en faltas de esa índole, cabe preguntarse si las leyes anticorrupción vigentes no bastan para hacer frente a este desafío.

“Campañas populistas de este estilo son propias de mandatarios como el actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Él no es un político de carrera. De hecho, al igual que Chávez, Maduro no se cansa de repetir que él no pertenece a la élite política o a la burocracia tradicional del país. Y, como otros antipolíticos en el pasado, ahora Maduro sugiere que es precisamente eso lo que lo capacita para combatir la corrupción administrativa imperante”, critica Claudia Zilla, investigadora de la Fundación Ciencia y Política (SWP) de Berlín.

Poderes especiales contra el abuso de poder

“Lo que Maduro está diciendo es: ‘la corrupción prospera en la política y en la administración pública, y sólo alguien que viene de fuera, como yo, puede luchar contra la corrupción sin hacer concesiones’. Pero él parece ignorar la paradoja implícita en el gesto de demandar poderes especiales para acabar con la corrupción. Venezuela no necesita nuevas leyes habilitantes que faciliten la arbitrariedad en la toma de decisiones o el abuso del poder, sino todo lo contrario”, asegura la especialista.

“A Venezuela le urge que se vigile el cumplimiento de las leyes que ya existen para controlar a quienes tienen el poder en sus manos. Porque eso que llamamos corrupción no es otra cosa que abuso de poder. Y hay buenas razones para que sean el Parlamento y la Justicia –no el Ejecutivo– quienes tengan la potestad de investigar y castigar los actos de corrupción. La última institución de la que cabría esperar una ‘lucha frontal contra la corrupción‘ es el Ejecutivo”, enfatiza Zilla.

“El Gobierno y su Gabinete están en ejercicio constante del poder. En otras palabras, el Ejecutivo no es la instancia que debe controlar, sino la que debe ser controlada porque es la más susceptible de caer en la tentación de abusar de su poder. Claro que puede haber corrupción en el Parlamento, como se ha visto en Brasil; pero, si ese es el caso, entonces es importante que existan instituciones independientes: una Justicia sólida y una Defensoría del Pueblo creíble”, agrega la experta del SWP.

¿Cálculo pre-electoral?

“Aprobar una ley habilitante para que un presidente luche contra la corrupción es como tomar un remedio a sabiendas de que será peor que la enfermedad. Esa medida va en contra de la lógica de control y limitación del poder, que es lo que realmente reduce los focos de corrupción. Además, es contradictorio, por decir lo menos, que un partido de Gobierno quiera iniciar una campaña contra la corrupción después de haberse dedicado a erosionar la independencia de los poderes y a garantizar su hegemonía en el Parlamento”, subraya Zilla.

En Venezuela se teme que Maduro siga los pasos de Chávez, quien gobernó por decreto en varias ocasiones y promulgó leyes que no siempre estaban relacionadas con los fines para los cuales había pedido que se le concedieran los poderes especiales. A la MUD no la tranquiliza el hecho de que, en este instante, Maduro no goce del apoyo parlamentario que disfrutó en vida “el Comandante”: para darle luz verde a una ley habilitante, Maduro necesita que 99 legisladores –tres quintas partes del Parlamento– la aprueben. Actualmente, el PSUV sólo cuenta con 98 asambleístas.

El ex candidato presidencial y líder de la oposición, Henrique Capriles Radonski, ha hablado abiertamente sobre el riesgo de que un diputado de la MUD cambie de bancada y de que, una vez decretada, la ley habilitante sea usada para encarcelarlo a él e ilegalizar a su partido, Primero Justicia, antes de que se celebren las elecciones municipales, pautadas para el 8 de diciembre. Hasta ahora, dos diputados de Primero Justicia y un funcionario de la gobernación de Miranda cercano a Capriles Radonski han sido acusados de corrupción; pero las imputaciones podrían empezar a llover sobre figuras más prominentes.

Una jugada “hábil”

Aunque la administración de la justicia en el país suramericano sigue dejando mucho que desear, el mandatario venezolano prometió “mano dura” y propuso aumentar las penas por corrupción de cinco o diez a treinta años de cárcel. Nikolaus Werz, conocedor del acontecer venezolano y experto en Política Comparada de la Universidad de Rostock, califica de “hábil” la decisión de Maduro de fijar un norte para su gestión como presidente. Y es que, hasta ahora, su programa de Gobierno carecía de una dirección reconocible.

“La situación económica de Venezuela no es buena, pero ese es sólo uno de los muchos aprietos en que se haya el país. Lo que Maduro está haciendo es elegir uno de los problemas que más preocupan a la población –la corrupción administrativa es el segundo en importancia, según algunas encuestas– e intentar convencer a la opinión pública de que necesita poderes especiales para resolverlo. Eso coloca a la oposición venezolana bajo presión porque, ¿quién va a manifestarse en contra de la lucha contra la corrupción?”, explica Werz.

“No obstante, cabe suponer que Maduro tiene segundas intenciones cuando pide la aprobación de una ley habilitante que le proporcione esos poderes especiales. Considerando que eran los chavistas en posiciones de mando quienes venían siendo objeto de acusaciones de corrupción, es paradójico, hasta cierto punto, que el PSUV sea ahora el abanderado de una cruzada contra ese flagelo y que ponga en la mira a los funcionarios públicos adscritos a la oposición”, comenta el catedrático de Rostock.

Si Maduro llegara a recibir poderes especiales para combatir la corrupción, ¿puede el PSUV terminar siendo víctima de su propia campaña? Werz no lo cree. A sus ojos, el oficialismo venezolano podría salir ileso de las investigaciones. “Los líderes chavistas se blindarían exitosamente contra las acusaciones. Como muestra, un botón: el funcionario al que más actos de enriquecimiento ilícito se le atribuyen es el segundo hombre fuerte del chavismo y nunca se ha comprobado nada en su contra”, sostiene el experto, aludiendo al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.