Internacionalmente conocido por su gestión como alcalde del municipio caraqueño de Chacao (2000-2008). Es considerado el principal dirigente de la oposición; se le atribuye una lucha por el liderazgo con Henrique Capriles Radonski. Desde 2014 es el preso político más célebre. López fundó Primero Justicia en 1992, junto a Capriles Radonski y Julio Borges. En 2009, López fundó Voluntad Popular.

Líder de Primero Justicia, gobernador del estado Miranda (centro) y candidato de la MUD en las elecciones presidenciales de 2012 y 2013. Argumentando fraude de cara a los últimos comicios –que lo enfrentaron con Maduro–, le pidió a instancias nacionales e internacionales que no reconocieran sus resultados. En abril de 2017 fue inhabilitado políticamente por el régimen por un lapso de quince años.

Presidente del Parlamento (2017-2018) y jefe de bancada de la MUD. Coordinador político de Primero Justicia, uno de los partidos opositores con más presencia en el país. Lo fundó en 1992 y ya para en 2000 participó en sus primeras elecciones. En agosto de 2017 se reunió con chavistas disidentes del PSUV y llamó a crear un frente amplio con miras a rescatar el Estado de derecho en Venezuela.

El primer vicepresidente del Parlamento (2017-2018) es periodista. Adquirió relevancia política en el seno del movimiento estudiantil que en 2007 hizo campaña contra la reforma constitucional promovida por el difunto Hugo Chávez. Tras el encarcelamiento de Leopoldo López y la huida de Carlos Vecchio, actualmente en el exilio, Guevara se convirtió en el timonel del partido Voluntad Popular.

Como fiscal general, la chavista apoyó al régimen, incluso tras los excesos cometidos durante la represión de las protestas antigubernamentales de 2014, pero denunció la ruptura del hilo constitucional cuando Maduro le ordenó al Tribunal Supremo de Justicia despojar al Parlamento de sus facultades en marzo de 2017. Ella fue destituida por la Asamblea Nacional Constituyente el 5 de agosto de 2017.

Los simpatizantes del expresidente del Parlamento (2016) valoran su experiencia, adquirida durante décadas en las filas del partido socialdemócrata Acción Democrática (AD). Ramos Allup es secretario general de AD, que compartió el poder alternativamente con el socialcristiano COPEI entre 1959 y 1994. Sus detractores desconfían de él precisamente por pertenecer a la vieja guardia.

El Alcalde Metropolitano de Caracas es uno de los presos políticos más prominentes del país. Según Maduro, Ledezma participó en un frustrado plan de magnicidio junto a Leopoldo López y María Corina Machado. Oficialmente se alega que la prueba del crimen es un documento en el que los tres opositores –tachados de antichavistas radicales– claman por la formación de un Gobierno de transición.

María Corina Machado, líder de la asociación Vente Venezuela, fue incluida en mayo de 2015 en la lista de candidatos de la MUD para las elecciones parlamentarias de diciembre (Machado era la diputada que más votos había obtenido a escala nacional en los comicios legislativos de 2010). El contralor general, Manuel Galindo, la inhabilitó políticamente, impidiendo su participación en los comicios.

El gobernador del estado Lara (centro-occidente) es abogado y sub oficial retirado del Ejército. Ingresó a la política con el Movimiento Quinta República del difunto Hugo Chávez y fue miembro del PSUV hasta 2008, cuando se separó de sus filas. Aunque se ha mostrado crítico de cara al régimen de Maduro y tachó de fraude su Asamblea Nacional Constituyente, un sector del antichavismo desconfía de él.

El fundador del partido Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, fue alcalde de Maracaibo, gobernador del estado occidental de Zulia y candidato presidencial –el principal opositor de Hugo Chávez en 2006– antes de solicitar asilo político en Perú. En mayo de 2015 fue postulado por la MUD para los comicios legislativos de ese año. Un mes más tarde se le inhabilitó políticamente por siete años y medio.

El abogado chavista fue designado vicecanciller de la República (2004) y elegido miembro del Parlamento (2005-2010; 2016-2021). En enero de 2017 dio por imposible el diálogo oposición-Gobierno; pero en agosto, en representación del Bloque Parlamentario Socialista del Parlamento, se reunió con líderes de la MUD (foto) y llamó a crear un frente amplio con miras a rescatar el Estado de derecho.  

El politólogo chavista se dio a conocer como vocero de Marea Socialista, un grupo político que surgió dentro del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), pero asumiendo una posición crítica de cara a la gestión de Maduro. El CNE se negó a aprobar su inscripción como partido cuando Marea Socialista se separó del PSUV. Hoy, Evans es portavoz del Movimiento Democracia e Inclusión.

Obtuvo un escaño en el Parlamento en las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015, en las que participó en representación del Gran Polo Patriótico, la alianza de formaciones que apoyan al régimen de Maduro. El abogado es esposo de Luisa Ortega, quien desconoció la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de destituirla como Fiscal General de la República el 5 de agosto de 2017.

La chavista fue diputada uninominal por los municipios Baruta y El Hatillo (2005-2010) y llegó a estar al frente de la Defensoría del Pueblo antes de convertirse en acérrima crítica de Maduro. Tras las protestas antigubernamentales de 2014, su nombre figuró en la lista de funcionarios venezolanos a los que el senador estadounidense Marco Rubio recomendó sancionar por violar derechos humanos.

El militar participó en la intentona golpista del 4 de febrero de 1992 y dirigió la reestructuración de la Dirección Nacional de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), transformándola en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Fue ministro del Interior hasta 2014. Se distanció de Maduro en 2016. Propuso elecciones generales para solucionar la severa crisis nacional.

La fiscal general venezolana, Luisa Ortega, está en "peligro" por el proceso que inició el Tribunal Supremo de Justicia con miras a su destitución. Así lo indicó Nicmer Evans, uno de los disidentes del chavismo que rechazaron la Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro. Entre ellos está también el diputado oficialista Germán Ferrer - esposo de Luisa Ortega- y el exdiputado Eustoquio Contreras.

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, afirmó que no se puede usar a los políticos privados de libertad como "objeto de negociación" o como "rehenes", en una declaración hecha a horas de que se concediera la prisión domiciliaria al dirigente opositor Leopoldo López. Ortega fue parte acusadora en el juicio en que López fue condenado a 14 años de cárcel.

Ortega, fiscal desde 2008, abrió la disputa pública en marzo pasado, cuando calificó "ruptura del orden constitucional" dos sentencias del TSJ que despojaron a la Asamblea Nacional de sus atribuciones legales. Ortega es calificada por el oficialismo de "traidora", ya que siempre acompañó la línea oficial en casos como la condena de Leopoldo López a 14 años de cárcel por "instigar" las protestas.

Agasajada en el Parlamento y tachada de traidora por el Gobierno, Ortega ha llamado a declarar como imputados a dos altos mandos del Ejército y la inteligencia por su papel en la "represión". La fiscal acusa a funcionarios policiales y militares de la muerte de 23 personas durante las protestas, y ha dicho que Venezuela "es un estado policial" en el que se practica "terrorismo de Estado".

Maduro ha acusado a Luisa Ortega de liderar los sectores que se oponen a la "formación de una Asamblea nacional Constituyente". Sin embargo, la preocupación de Ortega ante los "ataques contra la labor del Ministerio Público venezolano" le ha valido el respaldo de las fiscalías de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Portugal, Uruguay y España.

Ortega tiene a cargo investigaciones de los crímenes y violaciones de los Derechos Humanos perpetrados por el Estado venezolano. Antigua aliada del chavismo, ahora se opone a Nicolás Maduro. Ha surgido como defensora de la constitucionalidad. Unos la acusan de "traidora", mientras para otros es una "defensora" de los derechos humanos.

Nacida en Guárico, Venezuela, Luisa Ortega es la Fiscal General de la República Bolivariana, cargo que ejerce por designación de la Asamblea Nacional. Se ha desempeñado como consultora jurídica del canal de televisión del Estado. En 2002 ingresó al Ministerio Público. Un año después juró presidenta de la Comisión por la Justicia y la Verdad.

La ex fiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz, muy crítica con el ejecutivo del presidente Nicolás Maduro y destituida en 2017, ha solicitado protección internacional al Gobierno de España. Ortega se exilió en Colombia en 2017, tras ser destituida por la Asamblea Nacional Constituyente, de composición chavista, que la acusó de haber cometido "actos inmorales".