En la última jornada de la 48ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que tuvo lugar este martes (5.6.2018), 19 de sus 34 integrantes le dieron el visto bueno a una resolución para suspender la membresía de Venezuela. La moción había sido presentada un día antes por Estados Unidos y los 14 países miembros del Grupo de Lima –Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guyana, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía– con miras a sancionar al Gobierno venezolano por la realización de comicios presidenciales opacos en los que Nicolás Maduro resultó reelecto (20.5.2018), por despojar al Parlamento de sus facultades legislativas, por negarse a liberar a todos sus presos políticos y por impedir que la población azotada por el desabastecimiento tenga acceso a ayuda humanitaria externa.

Independientemente de las probabilidades de que el proyecto de resolución fuera aprobado –inusualmente altas, según diplomáticos que asistieron a las sesiones de Washington–, algunos observadores celebraron de antemano el impulso que la Casa Blanca le dio. La solicitud de disciplinar a Venezuela no era nueva, pero, según Ivo Hernández, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Münster, sus posibilidades de éxito crecieron gracias a la consecuencia de la política estadounidense de cara al caso venezolano. “Estados Unidos persuadió, uno por uno, a los Gobiernos de los países que habían sido sobornados por el presidente Hugo Chávez (1999-2013) con el suministro de petróleo venezolano barato y chantajeados después por Maduro con el cobro de las facturas correspondientes de que le dieran luz verde a la petición”, comenta el catedrático.

Una prueba por superar 

La resolución en cuestión es la más severa de las respaldadas por una mayoría en la OEA desde 2015, cuando Luis Almagro fue nombrado secretario general del organismo multilateral y convirtió la crisis político-institucional venezolana en uno de los puntos centrales de su agenda; ella no sólo allana el camino para la suspensión de la nación sudamericana, sino que describe sus elecciones presidenciales más recientes como carentes de legitimidad “por no cumplir con los estándares internacionales”. Al suscribir el documento, 19 países ratificaron que en Venezuela se ha producido “una alteración del orden constitucional”. El ministro de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, acusó a sus homólogos americanos de haberle abierto la puerta a una intervención militar estadounidense en Venezuela. “Allá ustedes con sus conciencias”, lamentó el canciller.

En la Asamblea General de la OEA de este 5 de junio, aliados de Caracas terminaron votando en su contra; República Dominicana fue uno de ellos. Once Estados se abstuvieron de votar; ese fue el caso de Nicaragua, Ecuador y Surinam, otrora defensores de los Gobiernos de Chávez y Maduro. Sólo Bolivia, Dominica y San Vicente y Granadinas se pronunciaron contra el texto que sanciona a Venezuela. No obstante, es sólo en el marco de una Asamblea General Extraordinaria –que aún está por ser convocada por el consejo permanente de la OEA– donde se puede decidir finalmente la suspensión de Venezuela. Y para que la medida entre en vigor con efecto inmediato, ésta deberá contar con los votos de dos tercios de los miembros del organismo, 24 votos difíciles de conseguir. Sólo dos países han sido suspendidos previamente: Cuba, en 1962, y Honduras, en 2009.

“Victoria moral”

“La suspensión de Venezuela en la OEA constituiría una victoria moral, considerando la frecuencia con que el régimen chavista se salió con la suya en votaciones previas de ese organismo. Pero, además, esa medida sería una pieza más en un engranaje que busca forzar a la cúpula del chavismo a negociar su salida del poder. Y cuando digo negociar no me refiero a diálogos como los auspiciados por el español José Luis Rodríguez Zapatero y otros expresidentes iberoamericanos, sino a una negociación donde haya garantías y mediadores reales, donde se llegue a compromisos que conduzcan a la restauración del Estado de derecho en Venezuela. En el caso que nos ocupa, esa meta sólo puede alcanzarse usando mecanismos de presión”, señala Hernández.

Günther Maihold, subdirector de la Fundación Ciencia y Política (SWP), de Berlín, se muestra escéptico. “La ofensiva estadounidense en la OEA luce un poco gratuita y su carácter es ante todo retórico, considerando que Washington podría emprender muchísimas otras acciones a escala bilateral para restringir el margen de maniobra de Maduro. Yo no veo una nueva postura de la Casa Blanca; lo que veo es a Estados Unidos insistiendo en posicionar a la OEA de tal forma que el presidente Donald Trump quede mejor parado, de manera que su Gobierno pueda exhibir liderazgo y una solidaridad simbólica con América Latina”, esgrime Maihold. A sus ojos, suspender al país caribeño del organismo continental sólo aceleraría el proceso de divorcio entre la OEA y Venezuela que Caracas ya había iniciado.

Más que fanfarronadas

Hernández sugiere que Maduro y su entorno fanfarronean, que ninguno de ellos está realmente interesado en que Venezuela le dé la espalda a la OEA. “Los portavoces del Gobierno venezolano dicen tener prisa en abandonar la OEA, pero actúan como si no lo quisieran; sus mensajes son muy incongruentes”, dice el experto de Münster. Maihold disiente: “No creo que sea puro bluf. Las declaraciones que hizo el ministro venezolano de Exteriores, Jorge Arreaza, en la sesión de este 4 de junio, dejan claro que el organismo no pasa de ser una tarima donde los emisarios de Maduro presentan al suyo como un Gobierno democrático y legitimado por elecciones limpias. En la OEA, un Maduro en retirada lo que hace es orquestar escaramuzas y provocaciones”, arguye el especialista de Berlín. Maihold concede que, si Venezuela es suspendida antes de retirarse voluntariamente, quedaría en el aire la impresión de que la Carta Democrática Interamericana todavía funciona.

“Por otro lado, si Venezuela decidió cancelar su membresía es porque no ve a la OEA como una interlocutora válida. Y si Venezuela abandona sus filas, la OEA dejará de jugar el rol que jugaba en la búsqueda de soluciones para el conflicto venezolano”, acota el politólogo de la SWP. En ese sentido, Hernández agrega: “Lo importante no es que Venezuela sea suspendida o abandone la OEA por completo, como lo ha ordenado Maduro, sino que continúe la sustanciación de su expediente como una nación regida por una dictadura. Lamentablemente, las sanciones no se aplican con la velocidad que desearían quienes sufren los desmanes de la élite chavista porque las medidas punitivas deben ser respaldadas con pruebas incontrovertibles; esa es la única manera de proceder legalmente contra la narcotiranía de Maduro. Por fortuna, cada vez que se avanza en este proceso, no hay vuelta atrás”, sostiene.

Evan Romero-Castillo (ERS)

*Este artículo fue actualizado el 6 de junio de 2018 con detalles sobre el inicio del proceso de suspensión de Venezuela en la OEA.