El 2 de julio se cumplen 180 días desde que Delcy Rodríguez asumió como encargada de la Presidencia de la República de Venezuela, tras la captura y extracción de Nicolás Maduro por fuerzas militares de Estados Unidos. Ese plazo marca el límite que la Constitución establece para el ejercicio de una suplencia temporal, concebida para evitar un vacío de poder en la presidencia, no para prolongar de forma indefinida el ejercicio de la Jefatura del Estado por parte de una funcionaria que no fue electa por el voto popular.

Así lo señala la Academia de Ciencias Políticas y Sociales en su comunicado del 14 de abril de 2026, donde advierte que "la prolongación indefinida del ejercicio del cargo de presidente de la República por una autoridad no electa es violatoria del principio democrático y de la legitimidad de origen del Poder Ejecutivo Nacional".

Más allá de la controversia jurídica sobre la duración del interinato, el inminente vencimiento de la encargaduría intensifica en el país los fuertes cuestionamientos a la autoridad de Rodríguez, debido a su falta de legitimidad para ocupar la Presidencia de Venezuela, su alta corresponsabilidad en la crisis provocada por el chavismo, el profundo descontento con los resultados de su interinato y la escasa confianza de la ciudadanía en su conducción del proceso de transición democrática. 

Este fuerte rechazo hacia la figura de Rodríguez ha desembocado en una creciente demanda de sectores académicos, gremiales, sindicales, estudiantiles, políticos y organizaciones de la sociedad civil, que exigen poner fin al interinato mediante una nueva elección presidencial. Estos reclamos reflejan el sentir de la población en general. De acuerdo con la encuesta Meganálisis de abril de este año, el 87,24 por ciento de los venezolanos considera que la solución a la crisis del país pasa por una elección presidencial durante 2026. 

La designación de Rodríguez fue hecha por un presidente que había usurpado el cargo

La primera fuente de cuestionamiento a la legitimidad de Delcy Rodríguez radica en la autoridad que la designó vicepresidenta ejecutiva, cargo del cual deriva su acceso a la Presidencia de la República. 

Este es el planteamiento que sostiene el constitucionalista José Ignacio Hernández en su estudio ¿Hay una transición en Venezuela? Según Hernández, el fraude electoral cometido por Maduro en las elecciones presidenciales de julio de 2024 arrastró a la ilegitimidad a todo su gobierno. En consecuencia, dado que "Maduro no era presidente electo ni en ejercicio constitucional de la Presidencia, la designación de Delcy Rodríguez como vicepresidente era, igualmente, un acto nulo e ineficaz, al ser consecuencia de la usurpación de funciones de la Presidencia". 

El interinato de duración indeterminada de Rodríguez viola la Constitución

El cuestionamiento a la legitimidad de origen de Rodríguez se agrava aún más debido a su pretensión de extender de forma indefinida e inconstitucional la presidencia encargada. Esta pretensión ha sido calificada por el jurista Hernández como una "violación del marco constitucional de las faltas presidenciales, realizada con el propósito de eludir el deber de convocar elecciones". 

La Constitución venezolana contempla "únicamente" dos tipos de ausencia presidencial: faltas absolutas y faltas temporales. Si se produce una falta absoluta durante los primeros cuatro años del período, debe convocarse una nueva elección dentro de los 30 días consecutivos siguientes. 

En el caso de las faltas temporales, estas pueden extenderse hasta 90 días consecutivos. Más allá de ese plazo, la Asamblea Nacional debe declarar si hay falta absoluta o, en caso contrario, prorrogar el lapso hasta por noventa días más. Es decir, la duración máxima de una encargaduría temporal de la presidencia es de 180 días. "Luego de vencida la prórroga, la falta pasa a ser permanente", señala Hernández.

Pese a ello, la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia, controlados por el oficialismo, han evitado declarar la falta absoluta de Nicolás Maduro, manteniendo una situación de indefinición orientada a eludir el mandato constitucional de convocar una nueva elección presidencial. 

Esta maniobra ha sido rechazada por reconocidos constitucionalistas y organizaciones como la asociación de juristas Bloque Constitucional, que, en su comunicado del 6 de abril de 2026, exigió a la Asamblea Nacional declarar la falta absoluta en la Presidencia y al Consejo Nacional Electoral (CNE) convocar a una nueva elección presidencial.

La falta de resultados tangibles aumenta la ilegitimidad de Rodríguez 

A Rodríguez también se le cuestiona su falta de legitimidad de ejercicio, es decir, la baja confianza y el escaso respaldo de la población, derivados de su falta de capacidad para ofrecer respuestas efectivas a los problemas más graves y urgentes de Venezuela. Este cuestionamiento se ve reforzado por el hecho de que Rodríguez es señalada como una de las principales figuras que contribuyeron a crear la crisis que hoy vive el país.

Transcurridos cinco meses de interinato, la ciudadanía no percibe cambios suficientes en las condiciones que dieron origen a la crisis venezolana ni mejoras tangibles en su vida cotidiana. La inflación acumulada durante los primeros cinco meses del año alcanzó 101,97 por ciento y la interanual se ubicó en 524,49 por ciento, según datos del Banco Central de Venezuela (BCV). En este contexto, los 190 dólares del Ingreso Mínimo Integral de los trabajadores del sector público cubren apenas el 29,4 por ciento de una canasta alimentaria familiar que ya supera los 700 dólares. 

Al mismo tiempo, continúa sin suficiente atención la emergencia humanitaria compleja. El experto en políticas públicas Marino González advierte que para abril de este año apenas se había cubierto el 10 por ciento de los 5 millones de venezolanos que requerían asistencia alimentaria urgente. A ello se suma la falta de mejoría de los deteriorados servicios públicos. Según la encuesta Meganálisis de mayo de 2026, el 81,5 por ciento de los hogares sufrió cortes eléctricos cuatro o más días por semana, con una duración promedio de 4,73 horas.

La persistencia de las precarias condiciones de vida tiene un correlato directo con el aumento de la conflictividad social en el país. Durante el primer trimestre de 2026, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró 1.926 protestas, un aumento de 144 por ciento respecto al mismo período del año anterior. 

El profundo malestar por la ausencia de mejoras ayuda a explicar el escaso respaldo de la población a Delcy Rodríguez y a su gobierno. Según Latam Pulse, la desaprobación a la forma como Rodríguez está conduciendo el gobierno viene creciendo de forma sostenida, pasando de 44,3 por ciento en febrero a 58,7 por ciento en mayo. Igualmente se ha incrementado la calificación de su gobierno como malo o muy malo, pasando de 33,5 por ciento en febrero a 48,9 por ciento en mayo. 

El país no confía en Rodríguez para dirigir una verdadera transición democrática

La falta de legitimidad de ejercicio de Delcy Rodríguez no se limita a los escasos resultados de su gestión, sino que se extiende al uso que hace del poder político al margen del Estado de derecho. Este déficit de legitimidad se traduce en una profunda desconfianza ciudadana hacia su figura como conductora de la transición política hacia la democracia.  

A este respecto, diversas organizaciones e instituciones de reconocida solvencia vienen advirtiendo sobre los extravíos del proceso de transición. En marzo, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) alertaba sobre el peligro de que el país estuviera transitando hacia una "adaptación autoritaria". En mayo, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, Provea, señaló que existían "altos riesgos de consolidación de un nuevo esquema autoritario con legitimidad internacional". El Parlamento Europeo alertó en abril sobre la ausencia en Venezuela de "medidas significativas" orientadas hacia una transición a la democracia. Más recientemente, Laboratorio de Paz en su informe sobre los primeros cinco meses del interinato, concluyó que los cambios producidos en ese lapso responden más a una "recomposición autoritaria del poder" que al inicio de una transición democrática verificable.  

Entre las críticas concretas destacan las siguientes: no existe cronograma electoral ni renovación del CNE, no se ha procurado la independencia del Poder Judicial, no se han desmontado las estructuras de represión y control político e incluso se han ratificado en cargos estratégicos a funcionarios señalados por violaciones de derechos humanos; y más de 500 presos políticos se mantienen en las cárceles del país.  

Estos reclamos y temores tienen un fuerte eco en la ciudadanía. La encuesta Meganálisis de mayo de este año señala que el 93,8 por ciento de la ciudadanía rechaza a Delcy Rodríguez como conductora de la transición. 

Como concluye el centro de investigación Laboratorio de Paz, la crisis de legitimidad de Rodríguez constituye el obstáculo más grave para que Venezuela pueda transitar hacia la democracia de forma "creíble, sostenible y con respaldo social". Sin autoridad reconocida y sin apoyo ciudadano, cualquier intento de normalización política bajo su mandato carecerá de la legitimidad necesaria para comprometer el futuro del país. 

(cp)