La académica Rocío San Miguel , presidenta de la ONG Control Ciudadano, fue arrestada  el 9 de febrero cuando se disponía a viajar a España, junto con su hija. 

"Sabíamos que iba a ser un año muy duro, pero no contra Rocío San Miguel, no solamente una reconocida académica de la Universidad Central de Venezuela, sino una defensora de Derechos Humanos e investigadora de asuntos militares con una trayectoria muy reconocida a nivel nacional e internacional”, dice a DW la socióloga Ligia Bolívar, directora de Alerta Venezuela, una ONG de análisis e incidencia internacional en DD.HH.

El arresto de San Miguel han despertado conmoción internacional. Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europea y Estados Unidos han expresado su "profunda preocupación”. Cientos de organizaciones civiles en Venezuela, Colombia y otros países exigen su liberación.

"Con su detención, el gobierno de Maduro ha elevado mucho el costo político de acciones en época preelectoral”, agrega Bolívar, profesora de la Universidad Andrés Bello. Recuerda que "el 18 de enero el gobierno había activado el plan 'Furia Bolivariana' que al menos contabiliza 36 civiles y militares detenidos, 22 órdenes de captura contra activistas de derechos humanos, periodistas y otros miembros de la sociedad civil, así como el allanamiento de sedes de partidos políticos, incluída la desaparición de tres miembros del equipo de la opositora María Corina Machado, oenegés y medios de comunicación agredidos en señal de intimidación”.

Serie de maniobras fracasadas

A pesar de una inicial y aparente disposición a negociar la participación de la oposición en el proceso electoral, la realidad en Venezuela es que ni la persecución ni la emigración han cesado. "Venezuela no se ha arreglado, lo contrario”, coinciden las expertas consultadas por DW.

El régimen de Venezuela está contra la pared que le impone la misma Constitución: este año tiene que convocar a elecciones presidenciales. Y nadie duda que la jefa opositora sería la ganadora por amplia mayoría, si hubiese elecciones libres y transparentes.

Tras el fracasado intento de movilizar a los venezolanos en torno al Esequibo, y ante una potencial derrota electoral del régimen, "el arresto de Rocío San Miguel podría ser parte de la estrategia de la puerta giratoria para usar a la rehén como ficha de negociación”, a cambio del alivio de sanciones, teme la analista Ligia Bolívar.

Estados Unidos vuelve a apretar las tuercas

Ante el incumplimiento del Acuerdo de Barbados, que preveía elecciones libres, y la libre participación de la opositora Machado, "Estados Unidos no renovará las licencias que alivian las sanciones al sector energético de Venezuela cuando expiren el 18 de abril", anunció Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado.

Por otra parte, a sabiendas de las fuertes presiones por el impacto de la migración en Washington, también en su propio año electoral, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, respondió con la no autorización de aterrizaje - desde este 13 de febrero - a vuelos de devolución de migrantes desde Estados Unidos a Caracas.

Un escenario en el que Maduro parece ahora volver a "recolectar” rehenes como fichas de cambio en su juego de la puerta giratoria. Una perspectiva que Theresly Malavé, abogada del equipo jurídico de Rocío San Miguel, no quiere ahora ni imaginarse, "porque eso podría significar una larga prisión”, reconoce a DW. Y recuerda el caso de Javier Tarazona, director de la ONG FundaREDES, que según Amnistía Internacional es preso político desde el 2 de julio de 2021.

Operaciones: nombres sonoros, ningún fundamento

Rocío San Miguel, también ciudadana de España, es acusada de "traición a la patria", "conspiración" y "terrorismo". Una acusación nada sorprendente para la jurista Malavé, directora de la ONG Justicia y Proceso Venezuela, ya que "todo el que no encaje con el régimen es terrorista”. 

Esta litigadora ante tribunales, que ha estudiado expedientes de 2,428 operaciones con rimbonantes nombres como "Operación Constitución”, "Dragón”, "Dron Magnicidio” o ahora "Brazalete Blanco”, en la que involucran a la profesora San Miguel, revela que "en ninguna de estas, nadie ha ejecutado un solo acto terrorista”. Según la jurista, "el asesinado ha sido el Convenio de Ginebra a manos del régimen de Nicolás Maduro”.

La directora de Justicia y Proceso quisiera escuchar de la Unión Europea un pronunciamiento más fuerte, solicitando la libertad de su conciudadana Rocío San Miguel y todos los demás presos polícos en Venezuela. Malavé espera, además, que en Europa se entienda que "en Venezuela todo el sistema de Justicia está confabulado contra los ciudadanos: desde el Policía hasta el Tribunal Supremo y viceversa. No hay nadie a quien acudir”.

¿Qué puede parar la estrategia de la puerta giratoria? 

Lexys Rendón, codirectora del Laboratorio de Paz, advierte que, en su objetivo de ahogar a la sociedad civil, el Gobierno ya aprobó en primer debate la llamada "ley de registro y fiscalización de organizaciones no gubernamentales”, que en un año eliminaría a todas las organizaciones civiles.

El arresto de Rocío San Miguel también lo considera Rendón como parte de una "estrategia para sembrar miedo, arrestar a unos y, cuando convenga, soltar a otros a cambio de un poco de oxígeno. Hasta cuando el régimen recupera fuerzas y vuelve a mover la puerta giratoria”.

Laura Dib, directora para Venezuela de la ONG WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos) concluye en entrevista con DW que; en cualquier caso, "es importante mantener el diálogo entre la opositora Plataforma Unitaria y el Gobierno de Venezuela, con la mediación de otros países. Además de abogar por el cumplimiento del Acuerdo de Barbados, para que no se adopten medidas de represión, cuyas víctimas pueden ser utilizadas como fichas de cambio”. Un inhumano juego que solo puede pararse con elecciones democráticas.

(er)