América es el continente donde el número de muertes provocadas por la malaria ha aumentado más rápidamente: de 460 decesos confirmados en 2016 se pasó a 630 en 2017, según la Organización Mundial de la Salud. Ese incremento es atribuido a la proliferación de casos en Venezuela, donde se estima que la cifra de nuevas infecciones asciende a un millón de personas. Con base en datos manejados por la Organización Panamericana de la Salud y estimaciones extraoficiales –el Gobierno de Nicolás Maduro no publica estadísticas sanitarias desde 2013–, científicos venezolanos realizaron un estudio sobre la materia y lo presentaron en el Congreso Europeo de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas (ECCMID) el pasado 16 de abril.

Ese documento ha hecho sonar la alarma de nuevo.

Consultada por DW, Adriana Tami, una de las autoras del informe, asegura que tanto la actual epidemia de malaria como los brotes de sarampión, difteria y hepatitis A que empiezan a escapar del control de las autoridades sanitarias en Venezuela son producto del desmantelamiento de su sistema de salud, “que hoy día funciona a un cuarenta por ciento de su capacidad, cuando mucho”. Esta investigadora de la Universidad de Carabobo, con sede en la ciudad venezolana de Valencia, y del Centro Médico de la Universidad de Groninga, en los Países Bajos, alega que la situación empeora velozmente bajo el peso de una crisis –“ya no solamente política y económica, sino también humanitaria”– que está por cumplir cinco años.

Riesgo regional

Estas circunstancias han obligado a emigrar a cientos de miles de personas, incluido un tercio de los médicos del país, apunta un reporte interno de las Naciones Unidas. “La ONU calcula que 5.500 venezolanos emigran cada día. Entre ellos hay muchos que, al no poder recibir tratamiento médico en Venezuela, emigran con infecciones hacia las naciones vecinas. Como muestra, los municipios fronterizos de Brasil, donde los venezolanos representan el 80 por ciento de los casos de malaria. La Organización Mundial de la Salud ha informado que Venezuela aporta el 53 por ciento de los casos en todo el continente americano; pero, además, allí se registra el aumento más pronunciado del mundo en el número de infecciones”, advierte Tami.

“En 1992, cuando yo era ministro de Sanidad y Asistencia Social, se contaban entre 12.000 y 13.000 casos anuales de paludismo en Venezuela. De 2008 en adelante, el creciente descuido de las labores de vigilancia, diagnóstico y control, sumado a la escasez de medicamentos antimaláricos, permitió que la enfermedad se propagara. En 2014, los casos de malaria se multiplicaron notablemente; pero fue dos años más tarde cuando tuvo lugar una verdadera explosión. Lo más grave no fue el número absoluto de casos, sino el surgimiento de focos de paludismo en los dos tercios del país donde esa enfermedad había sido erradicada por completo”, comenta Rafael Orihuela, profesor de Medicina Tropical en la Universidad Central de Venezuela.

A juicio del catedrático, la decisión del Ejecutivo de Nicolás Maduro de tolerar la explotación descontrolada del Arco Minero del Orinoco es un catalizador de estos brotes de paludismo, “sobre todo en el municipio Sifontes del estado sudoriental de Bolívar, donde se desarrolla buena parte de la minería ilegal: casi el 90 por ciento de los venezolanos con malaria vive allí o fue picado allí por mosquitos anopheles, transmisores del parásito que causa el paludismo”, acota. Martin Llewellyn, profesor de Epidemiología Molecular en la Universidad de Glasgow, Escocia, coincide con Orihuela en que el Gobierno debió haberle prestado especial atención a Sifontes cuando orquestó su ineficaz campaña antimalárica hace tres años.

Fiebre del oro

“La prevención y el tratamiento cabal del paludismo se han vuelto tareas imposibles en Sifontes porque ese municipio se ha transformado en una tierra sin ley, donde hasta los guerrilleros del ELN y los rebeldes de las desaparecidas FARC se sienten en casa. Para colmo de males, el Ejecutivo de Maduro pretende enfrentar sus estrecheces económicas exportando oro, así que le interesa mucho que haya gente dedicada a la extracción de ese metal. De hecho, es el Gobierno de Maduro el que proporciona el mercurio para esas prácticas extractivas”, esgrime Llewellyn, coautor del exhaustivo estudio La crisis humanitaria de Venezuela, publicado en febrero de este año por la revista científica británica The Lancet Global Health.

“El problema es que los buscadores de oro viajan a Sifontes y luego regresan a casa con dinero en los bolsillos y el plasmodium en su flujo sanguíneo; ese es el parásito causante del paludismo. Los enfermos lo llevan consigo a zonas donde la malaria había sido erradicada hace setenta años. Al ser picados allí por mosquitos anopheles que no son portadores del parásito, los enfermos les transmiten el plasmodium a esos insectos y los convierten en nuevos vectores del paludismo. Es por eso que en los últimos tres años se han reportado casos autóctonos –es decir, no importados– en veinte de los veintitrés estados venezolanos”, explica el docente de Glasgow.

Preocupante es también el hecho de que casi un 80 por ciento de las infecciones con el plasmodium vivax –la especie del parásito que predomina en Venezuela– sean asintomáticas; los casos que no se tratan a tiempo contribuyen a la perpetuación de los ciclos de transmisión. “Mi colaborador Óscar Noya, coordinador del Centro de Estudios sobre Malaria, adscrito a la Universidad Central de Venezuela, alega que la cifra de un millón de nuevas infecciones en Venezuela es producto de un cálculo conservador: si sumamos los casos sintomáticos registrados a las estimaciones de casos asintomáticos, en el país debe haber realmente unos 2,2 millones de personas con paludismo”, enfatiza Llewellyn. “Este no será el año en que le pongamos coto a la epidemia”, augura Orihuela.

Evan Romero-Castillo

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