Hasta los comicios legislativos de diciembre de 2015, en los que la oposición venezolana le arrebató la mayoría de los escaños parlamentarios al chavismo, el Gobierno de Nicolás Maduro controlaba todas las instituciones del Estado, violando flagrantemente el principio constitucional de la separación de los poderes públicos. Desde entonces, el oficialismo se ha esmerado en restringir al mínimo el margen de maniobra de la Asamblea Nacional. De ahí que la prensa internacional haga alusión a una guerra de poderes en el país latinoamericano.

Ese enfrentamiento entre órganos del Estado se acentuó poco después de que el Tribunal Supremo de Justicia –dominado por fichas del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)– anulara la inmunidad parlamentaria de los diputados opositores y los despojara de sus facultades (29.3.2017): otrora alineada con el Ejecutivo de Maduro, la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, se desmarcó y declaró que la actuación de la corte suprema había roto el hilo constitucional. Casi dos meses después, ese deslinde se ha hecho aún más claro.

Este miércoles (24.5.2017), Ortega Díaz refutó varias tesis del Gobierno que criminalizan a quienes protestan desde abril contra el golpe judicial propinado al Parlamento en marzo. Al precisar que 55 ciudadanos han perdido la vida hasta ahora durante la ola de protestas, la fiscal exhortó a que toda persona ajena al Ministerio Público o a los órganos de investigación penal se abstenga de dar informaciones sobre estos sucesos. Su pedido está relacionado con la controversia en torno a las circunstancias de la muerte de Juan Pernalete (26.4.2017).

Caso emblemático: el asesinato de Juan Pernalete

Ortega Díaz aseguró que el estudiante de 20 años murió en Caracas el 26 de abril tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena y que fue un Guardia Nacional quien le disparó el cartucho metálico directamente al pecho. La fiscal desmintió así la versión del presidente Maduro y de su ministro de Información, Ernesto Villegas, según la cual Pernalete había sido herido por un "arma no convencional” activada por un manifestante. A su declaración, la fiscal agregó una advertencia:

"Yo quiero señalar a quienes ejercen funciones policiales de orden público que los efectos de disparar bombas lacrimógenas con escopetas a las personas, directo al cuerpo, está prohibido, no sólo por las propias instrucciones que están aquí (en los cartuchos de las bombas lacrimógenas), sino por los estándares nacionales e internacionales”, sostuvo Ortega Díaz. Por otra parte, criticó el uso "excesivo de la represión” en las manifestaciones y pidió dejar que las personas protestaran mientras lo hicieran de forma pacífica.

La fiscal llamó a evitar detenciones arbitrarias o sin causa aparente. "Hay que identificar las causas de la confrontación entre los venezolanos, confrontación que no se resuelve privando de libertad a las personas, sino reconociendo que existe el problema. El descontento social es producto de la severa crisis económica que ocasiona el desabastecimiento de alimentos, medicinas y la inseguridad que hay”, argumentó Ortega Díaz, enfatizando que 19 funcionarios policiales y militares han sido imputados por diversos desafueros.

Policías y militares, en la mira del Ministerio Público

Policías y militares han sido acusados de incurrir en "homicidio;, trato cruel, inhumano y degradante; uso indebido de arma orgánica; privación ilegítima de libertad y violación de domicilio, entre otros delitos”, especificó la fiscal, añadiendo que "preocupa mucho” la cifra de más de 500 lesionados, desde principios de abril, "por el uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad del Estado”. Ortega Díaz también manifestó su inquietud por la aplicación de la Justicia militar a civiles arrestados cuyo procesamiento corresponde "a la justicia ordinaria”.

La fiscal general dijo haberle pedido a la Fiscalía General Militar el "número de procesos y detenidos”. La acción de los tribunales castrenses fue aprobada por el jefe de Estado al activar el llamado Plan Zamora, que ordena la actuación de la Justicia marcial para mantener el orden público. "Queremos verificar su estado de salud, queremos verificar el estado de detención de estas personas”, dijo Ortega Díaz, acotando que la institución bajo su mando había abierto siete investigaciones por la aplicación indebida de la Justicia militar.

La funcionaria dijo, además, que el Ministerio Público investiga la participación de grupos de civiles armados en situaciones violentas. Haciendo referencia a los "colectivos chavistas” –paramilitares armados tanto por el Gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) como por el de su sucesor, Nicolás Maduro–, Ortega Díaz precisó que existen 16 investigaciones abiertas "contra grupos civiles armados al margen de la ley”. Admitiendo su preocupación por "la proliferación” de estas asociaciones, instó a desarmar a la población.

El Ejecutivo critica a la Fiscalía

La reacción del Ejecutivo no se ha hecho esperar: en declaraciones difundidas por el canal estatal VTV, el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, denunció este 24 de mayo que la "inacción” de la Fiscalía General frente a la violencia derivada de la ola de protestas que sacude al país propicia un clima de impunidad. Según Reverol, el Ministerio Público "no ha garantizado la correcta aplicación de la justicia”. La posición de la Fiscalía genera "zozobra en la colectividad”, agregó el militar.

Reverol resaltó un caso que supuestamente tuvo lugar en el estado andino de Mérida en el que funcionarios del Ministerio Público "desestimaron todas las actuaciones policiales llevadas a cabo en flagrancia” y ordenaron la liberación de los detenidos. A ojos de Reverol, ese tipo de actuaciones de la Fiscalía "pone en tela de juicio el prestigio de honorables instituciones como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”. El titular del Interior instó a la Fiscalía a investigar el caso de dos intentos de linchamiento en una concentración opositora.

Reverol hizo ese llamado a pesar de que, el pasado 21 de mayo, la Fiscalía ya había anunciado que uno de sus funcionarios investigaba esos sucesos. A las críticas explícitas del militar se sumaron los reproches velados de la ministra de Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien aseguró que una comisión creada por el Gobierno "establecerá la verdad, sin manipulaciones”, sobre cada uno de los delitos supuestamente cometidos por dirigentes y simpatizantes de la oposición durante las manifestaciones antigubernamentales.

Evan Romero-Castillo ( EFE/ dpa )