Esta semana, la encuestadora Venebarómetro publicó los resultados de un sondeo según el cual el 75,5 por ciento de los venezolanos describe la escasez de alimentos como su principal problema. Apenas el 38,8 por ciento dijo comer tres veces al día; un 44 por ciento admitió que lo hacía dos veces y un 17 por ciento, sólo una. Aunque el Parlamento ha catalogado la situación imperante –empeorada por la falta de medicamentos– como una “crisis humanitaria”, los emisarios del Gobierno la niegan cuando asisten a foros internacionales. Y no hay instancia extranjera que pueda obligar a Caracas a aceptar ayudas que no ha pedido formalmente.

Bien puede ser esa una de las razones por las que la prensa mundial presta menos atención al progresivo agravamiento del desabastecimiento en Venezuela y más a los factores de los cuales parece depender la solución de ese estado de cosas: el avance o retroceso de las negociaciones previas al diálogo oficialismo-oposición que mediadores externos intentan propiciar y de los esfuerzos del antichavismo por revocar el mandato de Maduro, señalado como responsable de que la otrora potencia petrolera atraviese sus horas más bajas. El 88,4 por ciento de los consultados por Venebarómetro votaría a favor de interrumpir su gestión.

El forcejeo continúa

Este miércoles (27.7.2016) volvió a hablarse del forcejeo entre la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la mayor coalición de partidos opositores, y el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), cuyas fichas controlan todas las instituciones del Estado menos el Parlamento, desatendiendo el principio democrático de la separación de poderes. Los antichavistas marcharon hacia la sede principal del Consejo Nacional Electoral (CNE) para exigir que deje de frenar el proceso de activación del plebiscito revocatorio, a pesar de que sus rectores advirtieron que suspenderían sus actividades si se intentaba ejercer presión sobre la institución.

El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús “Chúo” Torrealba, justificó la movilización alegando que tomar las calles masiva y pacíficamente siempre le había permitido a la oposición alcanzar sus propósitos. Su objetivo pendiente: conseguir que la máxima autoridad electoral cumpla con los lapsos que ella misma impuso para organizar el referendo este mismo año. A principios de junio, el CNE dijo que sería este martes (26.7.2016) cuando haría pública la validación de las firmas recolectadas hace meses para solicitar la realización del plebiscito. Llegada la fecha, el organismo incumplió su palabra y pospuso el anuncio para el 1 de agosto.

Hasta que el CNE no se pronuncie al respecto, la MUD no podrá cumplir con el siguiente requisito: la recogida de 3,9 millones de firmas, equivalentes al 20 por ciento de los electores e imprescindibles para convocar al referendo. Conocedores del acontecer venezolano perciben este nuevo retraso procesal como un signo ominoso porque, como el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y otras instituciones alineadas con el PSUV, el CNE ha tendido a obstaculizar la consumación de las mociones opositoras, sobre todo desde que los antichavistas le arrebataron al oficialismo la hegemonía en la Asamblea Nacional en los comicios parlamentarios de 2015.

“¿Van a anular el registro de la MUD como partido político?”

Además, este mismo martes (26.7.2016), voceros del partido de Gobierno denunciaron ante el CNE que la MUD había cometido “el más gigantesco fraude electoral” en la historia nacional al incluir cientos de miles de rúbricas que no cumplen con uno o más criterios técnicos entre las firmas recogidas hasta ahora para apoyar el plebiscito; según los oficialistas, decenas de miles de ellas presentan fallas “muy graves” por pertenecer a personas fallecidas, no registradas o menores de edad. Los portavoces del PSUV procedieron a exigir que a la MUD se le retiraran sus credenciales de partido político. De momento, nadie puede saber cómo terminará este episodio.

“¿Van a anular el registro de la MUD como partido político?”, preguntaba Torrealba retador. “Eso significaría dinamitar la política venezolana; acabar con la política en Venezuela”, acotó el timonel de la alianza antichavista. El PSUV cuenta con el respaldo del más alto tribunal del país para crear la impresión de que sus representantes siempre actúan apegados a la ley a la hora de blindarse contra las críticas, las fiscalizaciones, las normativas, las protestas y otras iniciativas de sus opositores, dentro y fuera del Parlamento. De ahí la incongruencia del discurso que el Gobierno articula –ora agresivo, ora conciliador– al dirigirse a sus rivales.

Las mismas personalidades que le atribuyeron fraude electoral a la MUD insisten en que los líderes opositores acepten la invitación de Maduro al diálogo promovido por la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). La MUD ha enfatizado que no se sentará a hablar con el Gobierno hasta que el CNE no defina la fecha para entregar un nuevo lote de firmas con miras a activar el referendo. ¿Está trancado este juego de ajedrez? No del todo, los antichavistas aseguran que las condiciones para el diálogo se hicieron más auspiciosas luego de que el Ejecutivo aceptara liberar a 28 de las 37 personas que la MUD considera presos políticos.

Todo tiene un “pero” en Venezuela

El oficialismo también accedió a que se ampliara el grupo de mediadores sugerido por la UNASUR para incorporar a un representante del Vaticano. No obstante, el monseñor Aldo Giordano, nuncio en Caracas, dejó saber que, aunque está “listo” para intervenir en el diálogo, el Vaticano no ha recibido una invitación oficial todavía. Todo tiene un “pero” en Venezuela. Y aunque no pasa un día sin que tirios y troyanos procuren propinarse la estocada final, nada apunta a que la crisis política e institucional de esa nación caribeña se disipará pronto. Algunos sostienen que ésta no podrá resolverse si se sigue pretendiendo que Venezuela se divide en sólo dos facciones monolíticas, como hace un lustro.

En su artículo más reciente, el sociólogo Nicmer Evans, vocero de Marea Socialista, una formación chavista que critica airadamente al Ejecutivo de Maduro, argumenta que “ni que venga el Papa [a Venezuela] podrá establecerse un diálogo verdadero, con frutos concretos para el pueblo venezolano, mientras se preserve el [actual] esquema de negociación. Es sencillo: un país donde, según la última encuesta de la Universidad Católica Andrés Bello, el 55 por ciento [de la población] no se identifica ni con la oposición ni con el Gobierno, no puede verse representado en un diálogo entre dos cúpulas que sólo representan al 45 por ciento [de los venezolanos]”.

Evan Romero-Castillo (ERS)