Fundada el 2 de julio de 1961 en el norte del estado Bolívar –fusionando los poblados de Alta Vista Norte y Sur, Cambalache, Matanzas, Puerto Ordaz, San Félix y Unare–, Ciudad Guayana es una urbe venezolana concebida con ambiciones de grandeza. Sin embargo, los últimos tiempos no han sido fáciles para sus habitantes; sus calles han empezado a reflejar con relativa fidelidad el descontento social prevalente en otros rincones de la nación caribeña. 2018 quedó inaugurado con malas noticias: protestas y saqueos acapararon titulares durante la segunda semana del año. DW habló al respecto con la periodista Oriana Faoro; ella ha cubierto esos sucesos para del diario Correo del Caroní, uno de los más importantes del sur del país, y es corresponsal en Bolívar del sitio web informativo El Pitazo.

Deutsche Welle: En entrevista con DW, Daniel León, investigador de la Universidad de Leipzig, comentaba que le parecía exagerado describir las recientes manifestaciones de descontento popular en Venezuela como ‘el amargo despertar’ de los sectores que tradicionalmente han apoyado al chavismo, sencillamente porque nunca ha dejado de haber protestas en el país… ¿Comparte usted su opinión?

Oriana Faoro: Hasta cierto punto, sí. Este año, yo empecé a cubrir los saqueos que tuvieron lugar en Ciudad Guayana el 8 de enero, un día después de que comenzaron. Pero yo vengo informando sobre protestas y tumultos desde 2015. A mis ojos, ese fue el momento en que empezó el fenómeno de las rebatiñas por alimentos, en que se dio el primer pillaje de gran magnitud. Hoy día, la escala del pillaje es tres veces más grande.

En Ciudad Guayana, las principales causas de descontento social suelen ser el encarecimiento o la interrupción del servicio de transporte público y agua, y la escasez de alimentos. A veces, la protesta por una razón desencadena protestas por otros motivos: en 2015, manifestaciones relacionadas con el transporte público derivaron en el desvalijamiento de numerosos comercios. Ese suceso llamó tanto la atención que el primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, le dio el nombre de ‘el Guayanazo’ –en alusión al ‘Caracazo’, la ola de saqueos del 27 de febrero de 1989 que marcó la historia del país– y, sin mostrar evidencias, acusó a dos personas de haber instigado los disturbios: al dirigente opositor Wilson Castro, que llegó a aspirar a la alcaldía de Caroní, y al periodista de opinión Damián Prat.

Fuera de Venezuela, muchos se preguntan si los saqueos son causados por la necesidad o por un impulso criminal. En su artículo La delincuencia se camufla en el descontento por hambre, publicado el 9 de enero de 2018 por el diario Correo del Caroní, usted tilda de ‘anárquica’ la atmósfera predominante en Ciudad Guayana. Como testigo ocular de los tumultos, ¿es fácil diferenciar un tipo de pillaje de otro?  

Generalmente, los saqueos comienzan a causa del hambre. Los alimentos están muy caros, para encontrar comestibles más o menos variados es necesario recorrer toda la ciudad y el sistema de transporte público funciona muy mal en el estado Bolívar. Los pequeños comercios en las barriadas populares, que de por sí tienen poco que ofrecer, terminan siendo saqueados porque los rumores sobre un presunto acaparamiento de mercancía circulan muy rápidamente y la desesperación es palpable. Sin embargo, también las licorerías, las ferreterías y las peluquerías tienden a ser robadas… A mi modo de ver, el pillaje es atizado por la necesidad porque, ahora mismo, nada en Venezuela es accesible. Pero el asalto colectivo de comercios que no venden comestibles es obra de ladrones.

En un artículo publicado el 10 de enero por el sitio web El Pitazo, su colega Algimiro Montiel sostiene que cincuenta y cinco agentes de la Guardia Nacional fueron detenidos en el estado occidental de Zulia tras protestar por la escasez de alimentos. También han circulado rumores sobre el involucramiento de agentes del orden en los saqueos. ¿Usted ha sido testigo de robos perpetrados por policías o militares?

Hasta ahora no. Pero hace pocos días hablé con un comerciante de Core 8, un vecindario de Puerto Ordaz que ha sido blanco de saqueos, y él aseguraba que una mueblería había sido arrasada, primero por ciudadanos comunes y corrientes, y luego por los policías que llegaron para dispersar a la muchedumbre. En el barrio de Villa Bahía, los vecinos comentaban que agentes policiales habían saqueado un supermercado. Yo no vi lo que pasó, pero no dudo que pueda haber ocurrido. En 2016, cuatro uniformados fueron detenidos por incurrir en ese tipo de delitos; la Policía local fue intervenida por el Ministerio del Interior por esa razón, pero nunca se supo cómo se cerró ese caso. 

Como periodista, ¿ha sido usted objeto de algún tipo de presión para autocensurarse y no publicar información sobre las protestas y los saqueos de los que usted es testigo?

Hasta ahora no he recibido presiones de ese tipo. Lo que he percibido son reacciones peculiares de la gente hacia mi condición de periodista. Reportar saqueos en desarrollo es un trabajo delicado. Son muchos los que participan en esos tumultos y muy pocos los que lo admiten. Cuando llega la prensa para cubrir el suceso, la mayoría de los involucrados baja la cabeza, esconde la cara y se rehúsa a ofrecer declaraciones. Y los que dan entrevistas te piden que no los fotografíes. En el peor de los casos también han sido hostiles conmigo y son esas las ocasiones en las que me he sentido intimidada. Pero nadie me ha disuadido de publicar informaciones. En relación con los saqueos, la presión la ejerce la necesidad de corroborar todo lo que se reporta –conversando exhaustivamente con testigos o vecinos– y el temor a que un artículo de mi autoría pueda ser usado en mi contra bajo el amparo de la Ley Contra el Odio*. Uno nunca sabe qué disparate puede inventar alguien para alegar que mi cobertura de los saqueos incita el odio.

*La Ley Contra el Odio fue aprobada el 8 de noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. Aunque esa instancia no es reconocida por la comunidad internacional, debido a las condiciones bajo las cuales fue elegida, la oposición ha emitido señales confusas que impiden saber a ciencia cierta si reconocen su autoridad o no. La normativa en cuestión contempla penas de entre diez y veinte años para quien “incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político”. El Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela denuncia que la ley “sólo legitimará la censura y criminalizará la opinión”.

Evan Romero-Castillo (ER)

 

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