El tiempo suele pasar muy rápido para quienes sufren en carne propia crisis como la venezolana; parece que hubiera sido ayer cuando el hombre fuerte de Caracas, Nicolás Maduro, anunció medidas para sacar al país sudamericano del remolino hiperinflacionario en el que se ahoga. En realidad, su Programa de Recuperación Económica cumplirá cien días este 27 de noviembre sin honrar su promesa de robustecer el poder adquisitivo de la población ni corregir las distorsiones financieras que el oficialismo le endilga a una “guerra” supuestamente librada por empresarios, políticos y Gobiernos extranjeros contra la “Revolución Bolivariana”. Mientras tanto, la emigración masiva de venezolanos hacia Colombia y Brasil continúa.

Entre otras iniciativas, el “Plan Soberano” de Maduro incluyó una brusca devaluación de la moneda que elevó la tasa oficial de 240.000 a 6.000.000 de bolívares fuertes por dólar; la sustitución del vapuleado bolívar fuerte por el bolívar soberano, que exhibe cinco ceros menos que su predecesor; el encumbramiento del petro, la criptodivisa local, como unidad de cuenta nacional; el incremento del salario mínimo de 50 a 1.800 bolívares soberanos; un nuevo sistema de precios “anclados al petro”, cuyo valor gira alrededor de los 60 dólares, según el Gobierno venezolano; la atenuación de los férreos controles cambiarios vigentes desde 2003; el aumento del precio de la gasolina; y cambios impositivos que presuntamente apuntan a reducir el déficit fiscal.

“Vamos a un proceso virtuoso de crecimiento; con justicia, con igualdad, con distribución de la riqueza. El Programa de Recuperación Económica es el más completo, mejor concebido y con la mayor pertinencia con la realidad histórica”. Así describió Maduro su paquete de medidas el 17 de agosto de 2018. A su juicio, los ajustes aludidos podían solucionar los problemas de la economía sin recurrir a las recetas “mal habidas” del Fondo Monetario Internacional. “Con este programa, daremos un vuelco total a la situación económica que hemos venido padeciendo los venezolanos por la guerra económica”, subrayó Maduro. Sin embargo, los beneficios de su golpe de timón están tardando más en hacerse evidentes que sus desventajas.

Llamativas anomalías

Los estudios de paridad del poder adquisitivo comparan lo que se puede comprar con un dólar en diferentes países. Generalmente, el dólar compra más productos y servicios en países pobres que en países ricos; pero la situación de Venezuela es anómala, aclara el economista Alejandro Márquez Velázquez, del Instituto de Estudios Latinoamericanos (LAI), adscrito a la Universidad Libre de Berlín. La hiperinflación que allí se registra hace que los precios –incluyendo el del tipo de cambio– fluctúen a un ritmo desconcertante, como en zig-zag. Los unos aumentan primero y los otros, después. Por eso algunos venezolanos se preguntaban recientemente: “¿Cómo es posible que un helado cueste más en Venezuela que en Estados Unidos?”.

Márquez Velázquez añade que, desde agosto, cuando Maduro activó su “Plan Soberano”, el costo de la vida volvió a aumentar considerablemente en Venezuela. “Muchos productos se encarecieron y lo que quedó rezagado fue el precio del dólar. Antes de agosto, un euro podía comprar cinco veces más en un supermercado venezolano que lo que compraba en uno alemán, por ejemplo. Ahora, un euro tiene menos poder de compra. Pero si el problema de la hiperinflación no se resuelve a corto plazo, el tipo de cambio se va a disparar de nuevo”, augura el investigador de Berlín.

A muchos les cuesta entender también que Maduro haya devaluado la moneda venezolana en agosto con la intención de frenar su devaluación. ¿Un contrasentido? “No hay contradicción en ello, independientemente de que su estrategia haya fracasado por completo”, dice Márquez Velázquez. “Confiando en el éxito de medidas complementarias, Maduro depreció el bolívar fuerte con la esperanza de no tener que hacerlo más. Él redujo la diferencia que existía entre el valor oficial asignado al dólar y el precio del dólar en el mercado negro, aspirando a que la cotización del dólar en el mercado negro dejara de aumentar”, agrega.

La cosecha de Maduro

“Lo que Maduro logró fue que cerraran sus puertas definitivamente algunas de las pequeñas y medianas empresas que habían sobrevivido milagrosamente tanto a los controles financieros como a los niveles inversamente proporcionales de la inflación y la demanda. El Gobierno nunca dijo explícitamente que ese fuera su propósito, pero yo creo que consiguió lo que ha querido desde hace tiempo: afianzarse progresivamente como el único gran proveedor de bienes y servicios en Venezuela para que su población dependa totalmente de él”, comenta por su parte el sociólogo Héctor Briceño, actualmente de paso por la Universidad de Rostock. Briceño es profesor en el Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES), adscrito a la Universidad Central de Venezuela.

“No es sólo que la inflación no disminuyó, sino que aumentó hasta diluir por completo la capacidad de compra del sueldo mínimo que el Gobierno aumentó en agosto. A estas alturas todo el mundo sigue sin entender cómo funciona el petro, del cual se dijo que resolvería buena parte de los problemas nacionales. El Gobierno ofrece la criptomoneda, pero no ha abierto un mercado donde haya algo más que oferta; el petro no es canjeado ni por productos ni por otras monedas. Al respecto lo que hay es una gran confusión”, enfatiza Briceño. Y, ¿qué hay de las ganancias que Maduro alega estar haciendo con la explotación del oro en el Arco Minero del Orinoco, un territorio que abarca el norte del estado Bolívar y partes de los estados Amazonas y Delta Amacuro?

“El Arco Minero le está rindiendo dividendos al régimen, pero esos no son recursos destinados a satisfacer las necesidades básicas de la ciudadanía, sanear la infraestructura o frenar el deterioro acelerado de los servicios públicos fundamentales. La riqueza que genera el Arco Minero será distribuida entre los cazadores de renta de la élite chavista porque eso es lo que la mantiene en pie”, esgrime Briceño. El pasado 1 de noviembre, John Bolton, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, advirtió que todo ciudadano estadounidense que comerciara con oro exportado de Venezuela sería sancionado. Washington acusa a la cúpula del chavismo de “saquear” los recursos naturales de la nación para llevar a cabo transacciones ilícitas y perpetuarse en el poder.

Deudas pendientes

Márquez Velázquez, de la Universidad Libre de Berlín, profundiza en la materia. “A Maduro le interesa que empresas extranjeras se dediquen a actividades extractivistas en el Arco Minero para poder cobrarles impuestos en dólares y pagar la deuda externa, que, aparte de la hiperinflación, es la otra cuestión que tiene a su Gobierno entre la espada y la pared: sus pagos retrasados ya ascienden a 6.300 millones de dólares. Pero esa ‘fiebre del oro’ ha dado pie a conflictos políticos nada desdeñables. Después de todo, la Constitución establece que las concesiones para explotar los recursos naturales deben ser aprobadas por el Parlamento y allí la mayoría está en manos de la oposición”, explica.

Esa constelación de factores ha llevado a que los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente –todos chavistas– que Maduro llamó a elegir el 30 de julio de 2017 –contraviniendo los requisitos de la Carta Magna– usurpen las funciones de los legisladores designados por voto popular e ignoren tanto la violencia criminal como los daños ambientales registrados en las inmediaciones de las minas. Por otra parte, la Asamblea Nacional Constituyente no ha sido reconocida por las democracias occidentales y eso aumenta el riesgo económico de las compañías que invierten o podrían invertir en el Arco Minero. A esos dolores de cabeza del Ejecutivo venezolano se suman otros, como la urgencia de reducir el déficit fiscal.

“Aunque las estadísticas oficiales dejaron de ser publicadas hace años, se estima que el déficit fiscal equivale a un 20% del Producto Interno Bruto. Ese déficit se ha abultado debido a la suspensión de los tributos que solía pagar la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA)”, señala Márquez Velázquez. Con la intención de contribuir a que PDVSA volviera a levantar cabeza, se le eximió de pagar impuestos; y para compensar lo que PDVSA dejó de aportarle al Estado, se decidió aumentar el Impuesto al Valor Agregado y el costo de la gasolina. “No obstante, el incremento del precio del combustible aún no se ha consumado”, alerta el experto de Berlín al describir el círculo vicioso en el que están atrapados Maduro y sus asesores.

Cruda historia la del crudo

“Entre finales de 2014 y 2016, Maduro podía echarle la culpa de la situación a la caída de los precios del petróleo. Ahora, cuando el crudo vuelve a cotizarse en entre 60 y 70 dólares por barril, es evidente que la crisis es agravada por la falta de inversión en la industria petrolera. Venezuela está produciendo poco más de un millón de barriles de petróleo diarios –hace cuatro años producía tres millones– y no logrará superar esa marca a corto plazo precisamente porque no le alcanzan las divisas a mano para importar maquinaria y mantener los pozos petroleros activos. El default selectivo en que ha caído el país lo pone al margen del mercado financiero internacional y le impide tener acceso a los dólares que necesita”, arguye Márquez Velázquez.

Maduro se esmera en persuadir al Gobierno chino de que invierta en el ámbito petrolero venezolano y lo reanime. “El ‘oro negro’, que sigue representando el 96% de las exportaciones venezolanas, es la principal fuente de divisas de la nación. La pregunta clave para el Ejecutivo es cómo darles impulso a otros rubros para diversificar las exportaciones. Bajo otras circunstancias, el sector privado local tendría potencial para vender sus mercancías y servicios en el extranjero, pero el control estatal del cambio de divisas, que ata de pies y manos a los empresarios, sigue en pie. La flexibilización del control cambiario impuesto hace ya quince años no tuvo lugar tras la entrada en vigor del ‘Plan Soberano’,” lamenta el economista.

También se presumía que la introducción de la criptomoneda nacional, el petro, redundaría a favor de la economía. Ese no fue el caso. “Es por eso que continúa habiendo una diferencia bastante grande entre el valor que las autoridades venezolanas le asignan al dólar y el valor que se le da en el mercado negro”, observa Márquez Velázquez. “Mientras tanto, la inflación sigue su curso ascendente: los índices que publica el Parlamento, de mayoría opositora, apuntan a que la tasa de inflación mensual fue del 150% en julio y superó el 200% en agosto”, acota. Por su parte, el mercado paralelo parece tener vida propia: los productos disponibles en los comercios siguen encareciéndose como si la economía local hubiera sido dolarizada.

*Este artículo fue actualizado el 29 de noviembre de 2018 para agregar el inciso de tres párrafos subtitulado “Llamativas anomalías”, que explica singularidades aparentemente contradictorias de la situación económica y financiera de Venezuela.
 

(jov)

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