Desde el 1 de diciembre de 2017, los emisarios del “hombre fuerte” de Caracas, Nicolás Maduro, se han reunido varias veces en República Dominicana con los representantes de la mayor alianza de partidos opositores de Venezuela –la Mesa de la Unidad Democrática (MUD)– para intentar resolver mediante el diálogo la crisis político-institucional que mantiene al país caribeño sumido en una severa crisis de gobernabilidad. Las negociaciones no son fáciles: las partes en discordia tienen nociones de república, democracia y bienestar social aparentemente irreconciliables.

Como muestra, un botón: los niveles de hambre registrados por varias agencias internacionales y organizaciones no gubernamentales (ONG) en Venezuela son tan altos que el primer punto en la agenda dominicana de la MUD era exigirle al régimen que aceptara ayuda internacional. Todavía está por verse cómo responden los portavoces del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que esconde desde hace años las estadísticas sobre nutrición y mortalidad infantil, y se niega a reconocer la existencia de una crisis humanitaria.

En entrevistas con DW, varios expertos han explicado cómo un país rico, dotado con las mayores reservas de petróleo, puede terminar en una situación tan desafortunada. Ahora, DW habla con Susana Raffalli, consultora en seguridad alimentaria y gestión de riesgos, sobre los estragos que está causando la escasez de alimentos en Venezuela. Raffalli es personal humanitario de la red de organizaciones caritativas Oxfam, asesora externa de la ONG Cáritas y diseñadora de su Sistema de Alerta, Monitoreo y Atención Nutricional (SAMAN).

Deutsche Welle: Hambre, hambruna… desde hace años se vienen usando diversos términos para describir la situación de Venezuela en materia de abastecimiento, acceso a alimentos y nutrición poblacional. ¿Cómo la describiría usted?

Susana Raffalli: En general, a los venezolanos los aflige una inseguridad alimentaria severa. Pero, debido a la manera en que esta crisis golpea al segmento más vulnerable de la población, cabe decir que estamos ante una emergencia humanitaria de carácter nutricional. Yo hago esta diferenciación apegándome a los criterios de la clasificación internacional pertinente, con base en la escala IPC (Integrated Food Security Phase Classification) y considerando, ante todo, cinco criterios: las estrategias de adaptación que aplica la gente –sobre todo los más pobres– para sobrevivir, el porcentaje del salario invertido en la alimentación, el grado de escasez de alimentos, la diversidad de los alimentos a los que se tiene acceso y la mortalidad infantil por desnutrición.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que se está ante una crisis cuando la Global Acute Malnutrition (GAM) –la prevalencia de desnutrición aguda entre niños menores de cinco años– afecta a más del 10 por ciento de la población monitoreada, y ante una emergencia cuando ese indicador supera la marca del 15 por ciento… En las zonas donde Cáritas hace sus mediciones, el índice GAM llegó a un 15,2 por ciento en agosto de 2017. Es pertinente aclarar que un índice GAM de 10 en Chile, propiciado por los efectos de un desastre natural, por ejemplo, no se puede comparar con un índice GAM de 10 en Venezuela porque en Chile se cuenta con los recursos para responder inmediatamente a esa contingencia y en Venezuela no.

Por otro lado, para poder alegar que en Venezuela hay una hambruna, su índice GAM tendría que llegar a un 30 por ciento; hambruna hay en Yemen, donde el índice GAM es de 48. No obstante, el actual escenario venezolano se ve agravado por factores como el deterioro del sistema sanitario, el rebrote descontrolado de enfermedades infecciosas y el precario suministro de agua potable. A eso se suma la tensión sociopolítica imperante, que fácilmente obliga a suspender la búsqueda de alimentos de un día para otro. Por su parte, la mortalidad infantil se ha intensificado drásticamente desde 2013, según las cifras oficiales que se filtraron en 2016: en 2004 se reportaron cerca de 4.000 niños fallecidos antes de su primer año y en 2016, 11.400.

En otras palabras, en Venezuela no hay una hambruna, pero sí hay hambre. Y eso ya es bastante grave. ¿Cómo diría usted que responde el Gobierno de Nicolás Maduro a esta situación?

El Gobierno no ha mostrado capacidad de respuesta. El Ejecutivo insiste desde hace tres años en que es víctima de una ‘guerra económica’; pero, aún si así fuera, ¿qué ha hecho en ese tiempo? Puso a las Fuerzas Armadas a cargo de la alimentación del país en septiembre de 2016 y hoy estamos aún peor que antes. ¡Ya no hay ni pan en las panaderías! Si la crisis es contenida, no hay emergencia; pero la emigración de venezolanos ya está causando alarma en los países vecinos porque ésta ejerce una presión alimentaria, sanitaria y demográfica enorme en Colombia, Trinidad y Tobago, y hasta en Guyana. Por ejemplo, en los puntos fronterizos de Guyana ya no pueden asumir el volumen y el costo de los tratamientos de malaria que llegan necesitando los venezolanos.

En la dependencia venezolana del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) se quejan de que el Gobierno no publica los índices oficiales de desnutrición. ¿No cabe temer que la crisis ni siquiera esté siendo monitorizada por las autoridades? 

No. Yo tengo acceso al Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional (SISVAN), operado por el Instituto Nacional de Nutrición, y el último boletín bimensual publicado data de 2007. Pero tanto colegas míos que trabajan en esa institución como el personal de los dispensarios y las unidades nutricionales de los hospitales nacionales me aseguran que ellos nunca han dejado de llenar los formularios del SISVAN porque éste los pide y los recoge mensualmente… El hecho de que el Gobierno tenga las estadísticas en sus manos y no las haga públicas desata en mí un pesimismo enorme porque, si el Ejecutivo tuviera cifras más alentadoras que las manejadas por Cáritas, ya habría refutado los cuatro informes que hemos publicado desde 2016.

El Gobierno de Maduro ha negado la existencia de una crisis humanitaria en Venezuela cada vez que se le ha preguntado al respecto…

Sí, pero, ¿con qué evidencias?…

De hecho, hace dos meses, al ser entrevistada por el canal de noticias Al Jazeera, a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, se le escapó que en Venezuela no había una crisis humanitaria, sino una disminución de la oferta calórica que el Estado puede garantizarle a la población. Y el exministro de Agricultura y Tierras Yván Gil, que fue vicepresidente del Consejo de Ministros para Seguridad y Soberanía Alimentaria y hoy es viceministro para Europa de la Cancillería venezolana, comentó ante la Comisión Europea que en Venezuela no había una crisis humanitaria, sino una disminución de la disponibilidad de alimentos. ¡Carajo, yo nunca imaginé que en mi país llegaría a escuchar al Gobierno decir que no hay suficiente comida para todos! Esas son declaraciones muy fuertes…

Al Gobierno venezolano no parece importarle lo que digan las ONG; pero, ¿qué hay de organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), que tiene representantes en Caracas?

Las ONG no sabemos ni siquiera si la oficina de la FAO en Caracas está haciendo los sondeos necesarios para medir la gravedad de la situación alimentaria. Nosotros hemos tenido que esperar a que las oficinas regionales y globales de la FAO se pronuncien. La oficina local de la FAO ni siquiera colgó en sus redes el último informe global sobre el hambre y la desnutrición, donde se alerta que Venezuela es el país latinoamericano con el peor desempeño en materia de seguridad alimentaria, después de Guatemala y Haití. De los 2.400.000 ciudadanos que se sumaron al contingente de personas subalimentadas en América Latina en los últimos tres años, aproximadamente 1.800.000 son venezolanos. ¡Por dios! ¿Qué está haciendo la FAO en Venezuela? 

La oficina de la FAO en Caracas está deslegitimada, no tiene vínculo alguno con la sociedad civil venezolana. Cuando le preguntamos a Marcelo Resende*, representante de la FAO en Venezuela, por qué nunca hacía referencia a la crisis alimentaria, él respondió que no podía hacerlo porque su función en Caracas se limitaba a asesorar al Estado y que la FAO no contaba con información oficial sobre crisis alimentaria alguna… ¡Resende no puede decir eso! Yo trabajé en la oficina de la FAO en Guatemala y sé que la FAO tiene entre sus mandatos generar información sobre los países donde tiene dependencias. Yo trabajé en La Guajira, donde se nos morían seis o siete niños al día, y quien interpeló a la Unidad de Gestión de Riesgos del Ministerio del Interior colombiano para que decretara la emergencia por hambruna fue la oficina de la FAO en Colombia.

¿Cómo es posible que la oficina de la FAO en Caracas premiara al Gobierno de Maduro –otorgándole una medalla, en 2013, y una placa de reconocimiento, en 2015– y la dependencia central de la FAO calificara a Venezuela como el país con el peor desempeño en 2016? Mi conclusión es que estas agencias internacionales son tan efectivas o inefectivas como las personas que las dirigen.

*En los días 6, 8 y 11 de diciembre de 2017, Deutsche Welle le ofreció el derecho a réplica a Marcelo Resende, emisario de la FAO en Venezuela, y se comunicó directamente con el representante interino de la FAO en Caracas, Peter Grohmann, pero no recibió respuesta alguna. El 13 de diciembre de 2017, Maryori Nieves, asistente de comunicaciones de esa dependencia, informó que la misión oficial de la FAO en ese país latinoamericano había concluido y que, de momento, la organización no contaba con portavoces en la capital venezolana. Nieves le recomendó a Deutsche Welle establecer contacto con la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, pero Deutsche Welle ya había intentado hablar con el director de esa agencia, Julio Berdegué, el 27 de noviembre de 2017 y el recado que recibió de su asistente de comunicaciones, Benjamín Labatut, fue que Berdegué “no podrá responder a esta entrevista”.

Autor: Evan Romero-Castillo