Venezuela: choque entre poderes Legislativo y Judicial
21 de julio de 2017
El Tribunal Supremo exige medidas contra el Parlamento que nombró 33 nuevos magistrados en reemplazo de los actuales miembros.
Imagen: picture alliance/ZUMA Wire/dpa/J. C. Hernandez
Publicidad
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia venezolano (TSJ) pidió a las autoridades competentes que se apliquen "acciones de coerción" contra el Parlamento por cometer delitos de "usurpación de funciones". Esto tras la medida que adoptó el Legislativo al designar 33 nuevos magistrados de la máxima corte.
"Ante los actos declarados nulos y de evidentes ánimos subversivos, la Sala declara que corresponde a las autoridades competentes civiles y militares ejecutar las acciones de coerción pertinentes a fin de mantener la paz y la seguridad nacional", dijo el presidente de la Sala Constitucional del TSJ, Juan José Mendoza.
Si bien la designación de los nuevos magistrados nombrados por el Parlamento no está reconocida por el Gobierno, ni por los jueces en ejercicio designados en 2015. La oposición venezolana que es mayoría dentro del Legislativo no reconoce los actuales miembros del TSJ debido a supuestas irregularidades en su nombramiento.
El Supremo indicó que con este proceso "se configura el delito de usurpación de funciones a quienes concurran en la inconstitucional pretensión de designación de magistrados" y advierte de "consecuencias jurídicas".
Mendoza evitó responder si con este pronunciamiento la Sala estaba ordenando detener a los jueces nombrados y se limitó a reiterar que el Supremo espera se apliquen "medidas de coerción" a quienes cometieron "delitos en flagrancia" aunque no aclaró en qué consisten estas medidas.
La puja entre el Poder Judicial y el Legislativo venezolano se profundiza en medio de la crisis social que atraviesa la nación caribeña, que se ha visto sacudida por una oleada de protestas desde hace casi cuatro meses que han dejado a su paso al menos 100 víctimas mortales, y centenares de heridos y detenidos.
MN (efe, ap)
Luisa Ortega Díaz: carrera de rupturas en un país roto
La fiscal general de Venezuela pasó de ser una funcionaria oficialista a ser la enemiga pública número uno del gobierno de Maduro. Una chavista enfrentada a chavistas.
Imagen: picture-alliance/C.Becerra
La fiscal y la disidencia chavista
La fiscal general venezolana, Luisa Ortega, está en "peligro" por el proceso que inició el Tribunal Supremo de Justicia con miras a su destitución. Así lo indicó Nicmer Evans, uno de los disidentes del chavismo que rechazaron la Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro. Entre ellos está también el diputado oficialista Germán Ferrer - esposo de Luisa Ortega- y el exdiputado Eustoquio Contreras.
Imagen: picture-alliance
El caso López
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, afirmó que no se puede usar a los políticos privados de libertad como "objeto de negociación" o como "rehenes", en una declaración hecha a horas de que se concediera la prisión domiciliaria al dirigente opositor Leopoldo López. Ortega fue parte acusadora en el juicio en que López fue condenado a 14 años de cárcel.
Imagen: Getty Images/AFP/L. Robayo
Ruptura institucional
Ortega, fiscal desde 2008, abrió la disputa pública en marzo pasado, cuando calificó "ruptura del orden constitucional" dos sentencias del TSJ que despojaron a la Asamblea Nacional de sus atribuciones legales. Ortega es calificada por el oficialismo de "traidora", ya que siempre acompañó la línea oficial en casos como la condena de Leopoldo López a 14 años de cárcel por "instigar" las protestas.
Imagen: picture-alliance
Ortega: "Venezuela se volvió Estado policial"
Agasajada en el Parlamento y tachada de traidora por el Gobierno, Ortega ha llamado a declarar como imputados a dos altos mandos del Ejército y la inteligencia por su papel en la "represión". La fiscal acusa a funcionarios policiales y militares de la muerte de 23 personas durante las protestas, y ha dicho que Venezuela "es un estado policial" en el que se practica "terrorismo de Estado".
Imagen: picture-alliance/dpa/F. Llano
Respaldo de fiscalías de más de 12 países
Maduro ha acusado a Luisa Ortega de liderar los sectores que se oponen a la "formación de una Asamblea nacional Constituyente". Sin embargo, la preocupación de Ortega ante los "ataques contra la labor del Ministerio Público venezolano" le ha valido el respaldo de las fiscalías de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Portugal, Uruguay y España.
Imagen: Getty Images/AFP/J. Barreto
Unos la llaman "traidora", otros "defensora de DD.HH."
Ortega tiene a cargo investigaciones de los crímenes y violaciones de los Derechos Humanos perpetrados por el Estado venezolano. Antigua aliada del chavismo, ahora se opone a Nicolás Maduro. Ha surgido como defensora de la constitucionalidad. Unos la acusan de "traidora", mientras para otros es una "defensora" de los derechos humanos.
Imagen: picture-alliance/dpa/M. Gutierrez
Abogada, consultora y fiscal
Nacida en Guárico, Venezuela, Luisa Ortega es la Fiscal General de la República Bolivariana, cargo que ejerce por designación de la Asamblea Nacional. Se ha desempeñado como consultora jurídica del canal de televisión del Estado. En 2002 ingresó al Ministerio Público. Un año después juró presidenta de la Comisión por la Justicia y la Verdad.
Imagen: picture alliance/dpa/M. Gutierrez
Exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, pide asilo en España
La ex fiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz, muy crítica con el ejecutivo del presidente Nicolás Maduro y destituida en 2017, ha solicitado protección internacional al Gobierno de España. Ortega se exilió en Colombia en 2017, tras ser destituida por la Asamblea Nacional Constituyente, de composición chavista, que la acusó de haber cometido "actos inmorales".
