De los foros políticos que existen en el continente americano, la OEA es la única ágora donde Washington dialoga con los Gobiernos al sur del Río Bravo. De ahí la relativa importancia que se le está dando al Consejo Permanente de esa organización, pautado para este jueves (19.3.2015): allí se discutirá sobre las sanciones que la Casa Blanca acaba de imponerle a siete altos funcionarios venezolanos presuntamente involucrados en violaciones de derechos humanos y serios actos de corrupción administrativa, y también sobre el hecho de que Estados Unidos describiera a Venezuela como una “amenaza inusual” para su seguridad nacional.

Todo apunta a que los cancilleres de la comunidad latinoamericana y caribeña asistirán a la reunión con demandas casi unánimes: el levantamiento de las medidas punitivas en cuestión y la derogación de la orden ejecutiva en la que el presidente Barack Obama calificó a Venezuela como un foco de peligro “extraordinario” para su política exterior. Pero, ¿qué mensaje llevará el emisario de Estados Unidos a esa cita? La Casa Blanca no se ha pronunciado sobre la materia desde que emitió el decreto aludido el pasado 9 de marzo; ni para sustentar su decisión con más detalles ni para responder a quienes consideran que las sanciones son un error.

El chavismo bajo la lupa en Washington

Quizás por eso llamó la atención una audiencia celebrada en Washington este martes (17.3.2015) en la que se enumeraron sin reservas las supuestas infracciones cometidas durante los mandatos de Hugo Chávez (1999-2013) y Nicolás Maduro contra la Constitución de Venezuela y contra el Derecho internacional. A solicitud de Marco Rubio, miembro del Subcomité de Asuntos Exteriores del Senado estadounidense, varios conocedores de la región hicieron graves imputaciones que, en algunos casos, coinciden con denuncias que la oposición venezolana ya había hecho hace varios años. Alberto Yajure y otros periodistas locales reportaron al respecto.

Según Yajure, en esa sesión, Rubio y los especialistas convocados por él señalaron al establishment chavista de amañar testimonios para que políticos opositores aparecieran implicados en actividades ilegales, de apoyar materialmente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de mantener vínculos estrechos con el narcotráfico, de desviar fondos estatales para financiar a Gobiernos aliados dentro y fuera de Latinoamérica –incluido el de Siria–, y de inmiscuirse cuando el fiscal argentino Alberto Nisman profundizó la investigación de una posible injerencia iraní en el atentado de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

Vínculos que despiertan recelos

Rubio, senador republicano por el estado de Florida, busca presionar a la administración Obama para que endurezca los castigos o aplique nuevas sanciones a un mayor número de funcionarios venezolanos. Por eso insistió en que Alex Lee, subsecretario adjunto para Sudamérica y Cuba del Departamento de Estado, le dijera todo lo que sabía sobre los nexos entre Caracas, La Habana y Teherán. Aunque parco, Lee concedió que Cuba juega un rol muy importante en la administración de mecanismos para vigilar y reprimir a la disidencia en Venezuela, y que agentes cubanos tienen gran influencia sobre los ámbitos de la seguridad y la inteligencia.

Lee también admitió que las relaciones entre Venezuela e Irán eran una fuente de preocupación para la Casa Blanca, pero se negó a comentar si los Gobiernos de Chávez y Maduro les habían suministrado pasaportes venezolanos a extremistas provenientes de Irán u otro país del Medio Oriente. Lee se limitó a decir que Caracas había otorgado 250.000 visas sólo en 2014. Sin embargo, Johannes Thimm, investigador de la Fundación Ciencia y Política (SWP) de Berlín y conocedor del acontecer estadounidense, recomienda tomar todas estas declaraciones con un grano de sal.

Venezuela, ¿tema de campaña electoral en EE.UU.?

“Audiencias como la de este martes (17.3.2015) son organizadas por las distintas comisiones del Senado estadounidense para que los senadores de un partido u otro se informen sobre los asuntos que les interesan. Pero los senadores sólo convocan a los expertos cuyos argumentos desean oír y, en muchos casos, estos especialistas traen sus propias agendas de intereses consigo. Si el republicano Marco Rubio busca que Obama endurezca las sanciones que impuso sobre funcionarios venezolanos, no es extraño que invite a analistas para que lancen acusaciones graves contra la administración Maduro”, explica Thimm.

“No es razonable dar por ciertas las imputaciones mencionadas porque se trata de argumentos sesgados, o a favor de las políticas de los republicanos o a favor de las de los demócratas. Obama tiene su plan trazado y Marco Rubio tiene el suyo; Rubio quiere ganar perfil como potencial candidato republicano a la presidencia del país y, con eso en mente, apela a la influyente comunidad de exiliados cubanos que le exigen a la Casa Blanca ‘mano dura’ frente al castrismo en La Habana y frente al chavismo en Caracas”, asegura el politólogo de Berlín, acotando que es poco probable que Obama cambie de parecer en lo que concierne a las sanciones.

Afirmaciones en entredicho

“El Congreso puede imponerle sanciones a cuantos funcionarios venezolanos desee por la vía legislativa, pero Obama seguramente vetará esa moción. El Senado podría tomarse el trabajo de aprobar una ley mediante una mayoría a prueba de veto –dos tercios del aforo–, pero eso no es tan fácil como suena y no creo que la crisis venezolana tenga una prioridad tan alta como para que los republicanos concentren sus esfuerzos en esa tarea. La política exterior de Estados Unidos es cosa del Ejecutivo”, subraya Thimm. El socialdemócrata alemán Klaus Barthel, presidente de la comisión germano-sudamericana del Bundestag, secunda al experto de la SWP.

“Los factores decisivos en este caso son las evidencias de los hechos que se le imputan a los funcionarios de los Gobiernos de Chávez y Maduro. A Alemania no le basta que un senador estadounidense lance acusaciones. Recordemos por un instante los señalamientos que hizo la Agencia Central de Inteligencia (CIA), entre otras instancias estadounidenses, y que pusieron en marcha la Guerra de Irak en 2003. La pregunta de rigor es qué tan concretas y veraces son las afirmaciones, qué tan sólidas son las pruebas presentadas. No es sabio permitir que argumentos sin fundamento sean la base de sanciones contra los funcionarios de un país”, dice Barthel.