La audiencia judicial que comenzó este lunes (2.6.2014) en Caracas para determinar si el dirigente opositor Leopoldo López debía ser liberado o enjuiciado bajo el cargo de instigar a delinquir y dañar la propiedad pública ha sido prorrogada más de una vez. Pero algunos analistas del acontecer venezolano sugerían desde el principio que cualquiera de esas decisiones sería un revés para el presidente Nicolás Maduro. “Si no liberan a López, los ánimos se caldearán aún más en las calles”, opinaba Manuel Silva Ferrer en una conversación previa con DW.

“Y si lo liberan, Maduro tendrá que enfrentarse a un adversario cada vez más fuerte”, acotaba este investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín y del Instituto de Investigaciones de la Comunicación (Ininco), adscrito a la Universidad Central de Venezuela. “Los sondeos de opinión de las últimas semanas revelan que tanto la popularidad de López como la de María Corina Machado están subiendo como la espuma”, comenta Silva Ferreren una nueva entrevista con Deutsche Welle.

López, riesgo calculado

El pasado 12 de febrero, López (timonel del partido Voluntad Popular), Machado (de Vente Venezuela) y Antonio Ledezma (de Alianza Bravo Pueblo) se deslindaron parcialmente de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para convocar a protestas antigubernamentales. Palabras más, palabras menos, López fue acusado de poner en peligro la paz social con sus mensajes de Twitter y otros discursos, y el político se entregó a las autoridades el 18 de febrero.

“La forma en que López se puso a disposición de los gendarmes fue coreografiada para darle un halo de mártir y un impulso como líder político. Después de todo, los próximos comicios parlamentarios se realizarán en 2015 y, según la Constitución, se puede realizar un referendo para revocar la presidencia de Maduro en 2016, cuando se llegue a la mitad de su mandato. Su encarcelamiento fue un riesgo bien calculado porque entregarse a las autoridades de un Gobierno arbitrario no es algo que se decida a la ligera”, ahonda Silva Ferrer.

Machado, en la mira

También Machado ha sufrido embates tras participar en La Salida, la plataforma política desde donde se llamó a protestar contra la gestión de Maduro: la ingeniera de 46 años fue despojada de su cargo como diputada mediante un controvertido proceso y ahora se le acusa de estar entre los autores intelectuales de un plan para derrocar al presidente. “No obstante, La Salida le permitió a los opositores descubrir que lo más efectivo es negociar con el Gobierno sin dejar de manifestar pacíficamente en las calles”, subraya el analista de Berlín.

“El efecto de esos dos factores combinados ya se puede apreciar: en las encuestas, el nivel de rechazo a la gestión del Gobierno chavista es mayor que el nivel de aprobación; esta es la primera vez que eso ocurre desde 2007, cuando Chávez promovió sin éxito un referendo para enmendar 69 artículos de la Constitución. Y la destitución arbitraria de dos alcaldes opositores en localidades donde las protestas habían sido particularmente intensas lo que logró fue que esos bastiones volvieran a quedar en manos opositoras, pero con un número de votos mucho mayor que antes”, cuenta Silva Ferrer.

Maduro, decisiones incoherentes

Los críticos de Leopoldo López señalaban que un opositor preso no le sirve de nada a sus compañeros de causa. Pero otras voces argumentaban lo contrario: si el dirigente de 43 años hubiera elegido el exilio o la clandestinidad le habría sido más útil al Gobierno de Maduro. Víctor M. Mijares, investigador del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA) de Hamburgo, se cuida de no elucubrar demasiado en esta materia: “A mí me cuesta interpretar lo que el Gobierno busca con sus acciones”, admite el politólogo.

“El Gobierno de Maduro toma decisiones incoherentes porque está sometido a las presiones de las diferentes fracciones del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Al proceso contra López, que es un juicio político, se le ha pretendido dar solvencia jurídica arbitrariamente. Cabe compararlo con el caso de Iván Simonovis”, explica Mijares, refiriéndose al excomisario sentenciado a treinta años de cárcel por su presunta participación en el asesinato de manifestantes durante las marchas que precedieron al golpe de Estado de 2002.

Simonovis, el preso político

Simonovis es considerado por la oposición como el más prominente preso político del país. “Liberar a Simonovis sería conveniente para Maduro porque, estando preso, sólo le causa problemas. Si Simonovis falleciera en la cárcel mañana –lo cual es una posibilidad real, considerando su actual estado de salud–, el costo político de su muerte sería enorme para Maduro. Pero hay un sector del chavismo que insiste en que no sea liberado. Y es que si liberan a Simonovis se cae la narrativa oficial del 11 de abril de 2002”, sostiene Mijares.

“Los sucesos de aquella fecha fueron vendidos exitosamente por el estamento chavista como un golpe de Estado perpetrado por la ultraderecha con la colaboración de Simonovis, quien supuestamente ordenó aniquilar a manifestantes tanto chavistas como opositores para luego responsabilizar al Gobierno de Hugo Chávez por las matanzas. La condena de Simonovis es descrita por el PSUV como la prueba de que fueron mercenarios de derecha y no militantes chavistas armados quienes actuaron aquel día”, dice Mijares.

En otras palabras, si se libera a Simonovis, se le eximiría virtualmente de las responsabilidades que se le han atribuido y los del 11 de abril de 2002 volverían a ser acontecimientos históricos completamente opacos. Un discurso parecido se hilvanó en torno a la figura de Leopoldo López por haber convocado a las manifestaciones del 12 de febrero: el estamento chavista alega que los meses de protesta que siguieron a ese llamado no fueron más que una fachada para un nuevo intento de golpe de Estado.