El gobierno de Maduro lo calificó de arbitrario y politizado, quitándole crédito a sus conclusiones.
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Para la Cancillería venezolana, el informe entregado por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación que se vive en Venezuela es arbitrario y politizado. Por lo que la administración de Maduro lo desestimó por completo.
El informe sugiere una intervención de la Corte Penal Internacional (CPI) ante los graves abusos cometidos y la impunidad generalizada en Venezuela.
Por su parte, la Cancillería publicó un comunicado en el que señala que el informe es el "resultado de una metodología altamente cuestionable que sepulta la credibilidad y rigor técnico exigido a una Oficina de esa naturaleza, vulnerando los principios de objetividad e imparcialidad". Asimismo, señaló que el Alto Comisionado, "en su marcada obsesión contra Venezuela", omite "deliberadamente" actuaciones y conclusiones de "procedimientos especiales del propio Consejo de Derechos Humanos, que desmontan las calumnias del reciente informe".
Así, el Gobierno venezolano aseguró que el comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra'ad Al Hussein, se hace cómplice de "la agresión multiforme que está en marcha contra Venezuela", al no decir nada sobre las sanciones económicas que otros gobiernos han impuesto a Caracas en los últimos meses y descartar intencionalmente toda la información que el Gobierno Bolivariano le hizo llegar.
Este es el segundo informe a distancia que presenta el alto comisionado, y en el que son denunciados cientos de homicidios, presuntas ejecuciones sumarias, uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes, torturas y detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad.
Concretamente, el informe documenta las presuntas ejecuciones sumarias de al menos 505 personas a manos de las fuerzas de seguridad con un mismo patrón: incursiones en los barrios pobres con el fin de detener a los criminales sin orden judicial y manipulación del lugar de los hechos para simular enfrentamientos.
MN (efe, dpa)
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Venezuela, de elección en elección
Después de los comicios en los que la oposición le arrebató la mayoría de los escaños en el Parlamento venezolano, el partido de Nicolás Maduro ha usado su hegemonía institucional para evitar nuevos reveses en las urnas.
Imagen: picture-alliance/AP Photo/A. Cubillos
Comicios controvertidos
La reelección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela fue reconocida por Bolivia, China, Cuba, Ecuador, Irán, Rusia, el oficialismo sirio y Turquía. Los países que no ven en Maduro a un mandatario legítimo son Argentina, Australia, Brasil, Canadá,Chile, México, Paraguay, Perú y Estados Unidos. Tampoco la Unión Europea reconoce su reelección. (21.5.2018)
Imagen: picture-alliance/AP Photo/A. Cubillos
Maduro aspira a la reelección
Tres hombres que alguna vez tuvieron nexos con el oficialismo dicen querer impedir que Maduro gane las presidenciales del 20 de mayo: Reinaldo Quijada atribuye la crisis nacional a un “desgobierno absoluto” y el líder pentecostal Javier Bertucci describe a sus seguidores como “chavistas inconformes”, pero es el exmilitar Henri Falcón quien luce como el principal rival de Maduro. (18.5.2018)
Imagen: picture-alliance/AP Photo/A. Cubillos
Purga castrense
Analistas advierten el desarrollo de una purga extraordinaria en la institución castrense venezolana: Maduro expulsó de las Fuerzas Armadas a once jóvenes soldados y degradó a trece oficiales de alto rango por presunta traición a la patria y sospechas de espionaje. Días más tarde, el 2 de marzo, nueve uniformados fueron llevados ante un tribunal militar por instigación a la rebelión. (28.2.2018)
Imagen: picture-alliance/Photoshot/B. Vergara
Volátil calendario
El CNE anunció que las elecciones presidenciales, originalmente pautadas para diciembre de 2018, se realizarían el 22 de abril, a pesar de que la Unión Europea y dieciséis países americanos advirtieron de antemano que no reconocerían los resultados de esos comicios tal como estaban siendo programados. El 1 de marzo siguiente, los comicios fueron pospuestos hasta el 20 de mayo. (7.2.2018)
Imagen: Getty Images/AFP/F. Parra
Elecciones presidenciales
Los miembros de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (foto) aprobaron la solicitud hecha por el Ejecutivo de adelantar las elecciones presidenciales (pautadas originalmente para diciembre de 2018) y decretó que los votantes debían ir a las urnas antes de mayo. El Gobierno pateó así la mesa donde negociaba con la oposición. El último diálogo había tenido lugar en 2016. (23.1.2018)
Imagen: Reuters/Miraflores Palace
“La masacre de El Junquito”
Así fue bautizado extraoficialmente el desenlace del operativo con que las fuerzas de seguridad venezolanas pretendían capturar a Óscar Pérez (foto), quien se esmeró en presentarse como el enemigo número uno del régimen chavista. Pérez, exinspector de la Policía científica del país, y otros seis rebeldes empeñados en derrocar a Maduro murieron bajo una lluvia de balas y cohetes. (15.1.2018)
Imagen: Getty Images/AFP/I. Zugasti
Elecciones municipales
Estados y organismos multilaterales se niegan a reconocer la legitimidad de los gobernadores elegidos el 15 de octubre de 2017 en circunstancias opacas y juramentados poco después (foto) en ceremonias inconstitucionales. Indiferente a la protesta internacional, el Gobierno venezolano convoca a comicios municipales. Buena parte de la oposición los boicotea. (10.12.2017)
Imagen: picture-alliance/Zumapress/E]Avn
Elecciones regionales
Tiene lugar la elección de gobernadores que, por ley, debía haberse realizado un año antes; alineado con el Ejecutivo, el Consejo Nacional Electoral la había suspendido sin mayores explicaciones el 18 de octubre de 2016. La desconfianza en el CNE hace que la mayor alianza opositora se divida entre quienes participan en comicios, a pesar de las dudas, y quienes los boicotean. (15.10.2017)
Imagen: picture-alliance/ZUMAPRESS.com/J. C. Hernandez
Asamblea Nacional Constituyente
Nicolás Maduro fue ratificado unánimemente como presidente del país por los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente que él mismo pidió elegir el 30 de julio de 2017 en condiciones tachadas de inconstitucionales (por reporteros de la agencia de noticias Reuters) y fraudulentas (por Smartmatic, la empresa a cargo de procesar los votos electrónicamente en Venezuela). (10.8.2017)
El Parlamento hizo una consulta popular (foto) en la que, según sus registros, participaron 7,3 millones de personas. El 98,4 por ciento de ellas se pronunció contra el llamado de Maduro a elegir una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) sin voto universal ni directo. Eso no impidió que la elección de la ANC se llevara a cabo el 30 de julio de 2017. (16.7.2017)
Imagen: Picture Alliance/AP Photo/A. Cubillos
“Golpe judicial”
Las calles son tomadas por la segunda gran ola de protestas contra el Gobierno de Maduro. La oposición convocó a manifestaciones días después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) despojara de sus facultades legislativas a los miembros del Parlamento, de mayoría opositora. Estas protestas terminarán en julio de 2017 con más de cien muertos y centenares de presos políticos. (1.4.2017)
Imagen: picture-alliance/AP/F. Llano
Diálogo truncado
Oficialismo y oposición se acusan mutuamente de sabotear la búsqueda de una tregua para solucionar la crisis de gobernabilidad y de incumplir los acuerdos alcanzados. Chavistas y antichavistas también esgrimen reproches contra los auspiciantes del diálogo –el Vaticano y UNASUR– que empezó el 30 de octubre. Las negociaciones no fueron retomadas en enero de 2017 como se había anunciado. (7.12.2016)
Imagen: Reuters/Miraflores Palace
Plebiscito accidentado
La oposición protestó ante la máxima autoridad electoral alegando que sus requisitos para la realización de un referendo revocatorio buscaban imposibilitar el proceso. Más tarde, el 20 de octubre, el CNE suspendería por completo la organización del plebiscito –que debía celebrarse antes del 10 de enero de 2017– en respuesta a acusaciones de fraude hechas por voceros del oficialismo. (21.9.2016)
Imagen: Reuters/C. G. Rawlins
Guerra entre poderes
El Tribunal Supremo de Justicia (foto) declaró inválidas todas las sesiones y decisiones del Parlamento posteriores al 28 de julio. Fue en esa fecha cuando la corte de mayor rango declaró que la Asamblea Nacional estaba en desacato por reincorporar a diputados opositores cuyos nombramientos habían sido impugnados por el oficialismo en enero de 2016. (5.9.2016)
Imagen: Getty Images/AFP/F. Parra
Una meta, cuatro rutas
La mayor alianza de partidos opositores (MUD) presentó varias estrategias constitucionales para acortar el mandato de Maduro: exigir su renuncia, enmendar la Carta Magna para reducir la duración de los Gobiernos de seis a cuatro años y llamar a la elección de una Asamblea Constituyente con miras a refundar la república. Finalmente, la MUD optaría por organizar un referendo revocatorio. (8.3.2016)
Imagen: picture-alliance/dpa/M. Guiterrez
Impugnados diputados opositores
Tras refutar los resultados electorales en varias circunscripciones, el PSUV logró que el Tribunal Supremo de Justicia –dominado por fichas del oficialismo– suspendiera la proclamación de tres diputados antichavistas y limitara las prerrogativas de la oposición al reducir su incipiente hegemonía en el Parlamento, de una mayoría calificada de dos tercios a una de tres quintos. (06.01.2016)
Imagen: Reuters/M. Bello
Cambios de última hora
El Poder Judicial, que es de facto el brazo ejecutor y normativo del Gobierno de Maduro, fue renovado por los diputados oficialistas salientes cuando el período parlamentario 2011-2016 ya había culminado y los empleados del Tribunal Supremo de Justicia (foto) ya se hallaban de vacaciones. Todos los jueces nuevos, leales al PSUV, han favorecido al Ejecutivo con sus decisiones. (26.12.2015)
Imagen: Getty Images/AFP/A. Alvarez
Preludio de la crisis de gobernabilidad
El hombre fuerte de Caracas, Nicolás Maduro, prometió aceptar los resultados de las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015; pero tan pronto se constató que la oposición había obtenido la mayoría de los escaños en la Asamblea Nacional, el partido de Gobierno (PSUV), que controlaba todos los poderes públicos, tomó medidas para restringir las prerrogativas del Parlamento. (9.12.2015)