Con el país al borde de la quiebra, el gobierno venezolano se esfuerza aún más en controlar el flujo de opiniones publicadas en las redes sociales. Las herramientas empleadas son cada vez más sofisticadas.
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La coincidencia no podría haber sido más grande. La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), órgano conformado solo por oficialistas, apenas había anunciado una ley para combatir el odio en internet, interpretada por críticos como un intento de restringir la libertad de expresión en la red e influir aún más sobre la opinión publicada en las redes sociales, cuando pocos días más tarde la ONG Freedom House publicó su informe anual "Libertad en Internet 2017", en donde califica la situación en Venezuela como "no libre".
Comparado con el año anterior, de los siete países latinoamericanos examinados en el informe, solo Venezuela retrocedió, pasando de un "parcialmente libre" al nivel más bajo en donde ya se encuentra desde hace tiempo Cuba.
Problema real, medida sospechosa
Melanio Escobar, periodista venezolano, activista de internet y fundador de la ONG Redes Ayuda, califica la Ley contra el odio, aprobada por la ANC, como una medida "fascista" disfrazada con la "retórica de la reivindicación y protección de otros". "La ANC aprobó algo que ellos llaman Ley, pero que, así como la instancia es ilegal, de igual forma está mal llamada 'Ley contra el odio'. Es una forma de mantener la opinión pública, la crítica y la denuncia no solamente controlada, sino criminalizada, donde las sentencias pueden llegar a ser hasta de 20 años de prisión. El tema es preocupante, quién y cómo se define: ¿qué es odio?, ¿quién lo fomenta?, ¿cómo se calculan las sentencias?, ¿quién las impone?".
Caja de herramientas del dictador digital
El nervosismo del gobierno venezolano crece. Las redes sociales son espacios en los que circula la información de manera relativamente libre en comparación con los medios tradicionales. Parece que el gobierno de Nicolás Maduro intentaría aplicar las medidas que ofrece la caja de herramientas de dictaduras en todo el mundo: "El gobierno venezolano utiliza bots y salas llenas de trolls dedicados a monitorear el contenido que se discute en las redes sociales para poder intervenir inmediatamente. Además utiliza ataques DDos [ataque de denegación de servicio] y la usurpación de identidad", cuenta Melanio Escobar.
La última medida sería cortar el acceso a los servicios por completo. Algo que Venezuela ya intentó por ejemplo en febrero de 2014, una medida extrema y a la larga ineficaz, como ya se demostró en Turquía o Egipto durante la revolución de 2011.
La sociedad civil se defiende
Ante el amplio abanico de estrategias que puede emplear un estado autoritario, las posibilidades de la sociedad civil parecen limitadas. Sin embargo, Melanio Escobar se muestra optimista: "La sociedad civil en general con cada bloqueo y con cada traba consigue nuevas formas de comunicarse y de expresarse. Al mismo tiempo las ONG han ido denunciando y desglosando esta ley y los otros tipos de ataques del estado. Se están haciendo talleres para proteger a los activistas y ciudadanos en el tema de la seguridad digital y poco a poco se va sembrando la semilla de la conciencia digital."
Pero el mayor peligro de esta ley se encuentra en el fomento de la autocensura, según Melanio Escobar "Lastimosamente esta ley va a lograr su cometido en gran manera, porque muchas personas ya actualmente están limitando sus expresiones, comentarios, críticas u opiniones por miedo a una represalia".
Autor: Gabriel González
Venezuela: ¿quién es quién en la oposición?
La oposición venezolana trasciende la alianza denominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Esta galería presenta a los adversarios más prominentes –chavistas y no chavistas– de Maduro y el partido de Gobierno, PSUV.
Imagen: UCAB
Leopoldo López
Internacionalmente conocido por su gestión como alcalde del municipio caraqueño de Chacao (2000-2008). Es considerado el principal dirigente de la oposición; se le atribuye una lucha por el liderazgo con Henrique Capriles Radonski. Desde 2014 es el preso político más célebre. López fundó Primero Justicia en 1992, junto a Capriles Radonski y Julio Borges. En 2009, López fundó Voluntad Popular.
Imagen: Getty Images/AFP/J. Hernandez
Henrique Capriles Radonski
Líder de Primero Justicia, gobernador del estado Miranda (centro) y candidato de la MUD en las elecciones presidenciales de 2012 y 2013. Argumentando fraude de cara a los últimos comicios –que lo enfrentaron con Maduro–, le pidió a instancias nacionales e internacionales que no reconocieran sus resultados. En abril de 2017 fue inhabilitado políticamente por el régimen por un lapso de quince años.
Imagen: AP
Julio Borges
Presidente del Parlamento (2017-2018) y jefe de bancada de la MUD. Coordinador político de Primero Justicia, uno de los partidos opositores con más presencia en el país. Lo fundó en 1992 y ya para en 2000 participó en sus primeras elecciones. En agosto de 2017 se reunió con chavistas disidentes del PSUV y llamó a crear un frente amplio con miras a rescatar el Estado de derecho en Venezuela.
Imagen: Getty Images/AFP/F. Parra
Freddy Guevara
El primer vicepresidente del Parlamento (2017-2018) es periodista. Adquirió relevancia política en el seno del movimiento estudiantil que en 2007 hizo campaña contra la reforma constitucional promovida por el difunto Hugo Chávez. Tras el encarcelamiento de Leopoldo López y la huida de Carlos Vecchio, actualmente en el exilio, Guevara se convirtió en el timonel del partido Voluntad Popular.
Imagen: picture-alliance/dpa/A. Cubillos
Luisa Ortega Díaz
Como fiscal general, la chavista apoyó al régimen, incluso tras los excesos cometidos durante la represión de las protestas antigubernamentales de 2014, pero denunció la ruptura del hilo constitucional cuando Maduro le ordenó al Tribunal Supremo de Justicia despojar al Parlamento de sus facultades en marzo de 2017. Ella fue destituida por la Asamblea Nacional Constituyente el 5 de agosto de 2017.
Imagen: Getty Images/AFP/F. Parra
Henry Ramos Allup
Los simpatizantes del expresidente del Parlamento (2016) valoran su experiencia, adquirida durante décadas en las filas del partido socialdemócrata Acción Democrática (AD). Ramos Allup es secretario general de AD, que compartió el poder alternativamente con el socialcristiano COPEI entre 1959 y 1994. Sus detractores desconfían de él precisamente por pertenecer a la vieja guardia.
Imagen: Imago/Agencia EFE
Antonio Ledezma
El Alcalde Metropolitano de Caracas es uno de los presos políticos más prominentes del país. Según Maduro, Ledezma participó en un frustrado plan de magnicidio junto a Leopoldo López y María Corina Machado. Oficialmente se alega que la prueba del crimen es un documento en el que los tres opositores –tachados de antichavistas radicales– claman por la formación de un Gobierno de transición.
Imagen: Imago/Zumapress/El Nacional/E. Morgado
María Corina Machado
María Corina Machado, líder de la asociación Vente Venezuela, fue incluida en mayo de 2015 en la lista de candidatos de la MUD para las elecciones parlamentarias de diciembre (Machado era la diputada que más votos había obtenido a escala nacional en los comicios legislativos de 2010). El contralor general, Manuel Galindo, la inhabilitó políticamente, impidiendo su participación en los comicios.
Imagen: picture-alliance/dpa/M. Gutierrez
Henri Falcón
El gobernador del estado Lara (centro-occidente) es abogado y sub oficial retirado del Ejército. Ingresó a la política con el Movimiento Quinta República del difunto Hugo Chávez y fue miembro del PSUV hasta 2008, cuando se separó de sus filas. Aunque se ha mostrado crítico de cara al régimen de Maduro y tachó de fraude su Asamblea Nacional Constituyente, un sector del antichavismo desconfía de él.
Imagen: picture-alliance/Demotix/S. Alvarez
Manuel Rosales
El fundador del partido Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, fue alcalde de Maracaibo, gobernador del estado occidental de Zulia y candidato presidencial –el principal opositor de Hugo Chávez en 2006– antes de solicitar asilo político en Perú. En mayo de 2015 fue postulado por la MUD para los comicios legislativos de ese año. Un mes más tarde se le inhabilitó políticamente por siete años y medio.
Imagen: picture-alliance/dpa/S.Suarez
Eustoquio Contreras
El abogado chavista fue designado vicecanciller de la República (2004) y elegido miembro del Parlamento (2005-2010; 2016-2021). En enero de 2017 dio por imposible el diálogo oposición-Gobierno; pero en agosto, en representación del Bloque Parlamentario Socialista del Parlamento, se reunió con líderes de la MUD (foto) y llamó a crear un frente amplio con miras a rescatar el Estado de derecho.
Imagen: UCAB
Nicmer Evans
El politólogo chavista se dio a conocer como vocero de Marea Socialista, un grupo político que surgió dentro del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), pero asumiendo una posición crítica de cara a la gestión de Maduro. El CNE se negó a aprobar su inscripción como partido cuando Marea Socialista se separó del PSUV. Hoy, Evans es portavoz del Movimiento Democracia e Inclusión.
Imagen: Martha Cambero
Germán Ferrer
Obtuvo un escaño en el Parlamento en las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015, en las que participó en representación del Gran Polo Patriótico, la alianza de formaciones que apoyan al régimen de Maduro. El abogado es esposo de Luisa Ortega, quien desconoció la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de destituirla como Fiscal General de la República el 5 de agosto de 2017.
Imagen: Getty Images/AFP/F. Parra
Gabriela Ramírez
La chavista fue diputada uninominal por los municipios Baruta y El Hatillo (2005-2010) y llegó a estar al frente de la Defensoría del Pueblo antes de convertirse en acérrima crítica de Maduro. Tras las protestas antigubernamentales de 2014, su nombre figuró en la lista de funcionarios venezolanos a los que el senador estadounidense Marco Rubio recomendó sancionar por violar derechos humanos.
Imagen: Imago/Agencia EFE/M. Gutierrez
Miguel Rodríguez Torres
El militar participó en la intentona golpista del 4 de febrero de 1992 y dirigió la reestructuración de la Dirección Nacional de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), transformándola en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Fue ministro del Interior hasta 2014. Se distanció de Maduro en 2016. Propuso elecciones generales para solucionar la severa crisis nacional.