Aunque sólo han pasado dos semanas desde la celebración de comicios parlamentarios en Venezuela, ya luce lejano aquel 6 de diciembre en que el presidente Nicolás Maduro y la cúpula de su partido juraron portarse como buenos perdedores si los resultados no los favorecían. Poco después de que la oposición despojara al chavismo de la mayoría en la Asamblea Nacional, el discurso del Gobierno volvió a exhibir los agresivos matices preelectorales y los líderes oficialistas empezaron a aplicar lo que parece ser una política de tierra quemada.

El más prominente de ellos, Diosdado Cabello, presidente saliente de la Asamblea Nacional, ha incurrido en arbitrariedades que van desde poner la administración de los medios que cubren la actividad legislativa en manos de sus trabajadores, como si de una empresa cooperativa se tratara, hasta instalar un “Parlamento Comunal Nacional”, que abogados constitucionalistas tachan de ilegal por constituir una suerte de “Asamblea paralela”. Cabello también premió con un alto cargo a Susana Barreiros, una funcionaria controvertida.

Barreiros es la jueza que condenó al dirigente opositor Leopoldo López a casi catorce años de prisión en un juicio criticado, dentro y fuera de Venezuela, por estar plagado de irregularidades. Durante los próximos siete años, Barreiros será la Defensora Pública del país caribeño. Sin embargo, la moción legislativa que más inquieta por sus implicaciones es la que Cabello ha prometido aprobar en las sesiones parlamentarias extraordinarias del 22 y 23 de diciembre: el nombramiento de doce magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia.

Tretas recurrentes

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la coalición de partidos antichavistas, da por sentado que la alta jerarquía del PSUV busca guardarse las espaldas y restringir al máximo la capacidad de maniobra de la oposición durante el próximo período legislativo (2016-2021). “Si el partido de Gobierno hizo lo mismo tras las elecciones parlamentarias de 2010, ahora tiene más razones para actuar como lo hace”, comenta desde Caracas el politólogo Víctor Mijares, del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA).

“Puede que esa treta cumpla su objetivo. No obstante, por poseer una mayoría calificada de dos tercios en la Asamblea Nacional, la oposición puede destituir a los jueces nombrados a última hora por el chavismo. De hecho, los adversarios del PSUV pueden impulsar un proceso para revocar el mandato de Maduro a partir de mediados de 2016. Y, si tienen éxito, pueden llamar a elecciones presidenciales anticipadas”, sostiene por su parte Klaus Bodemer, otro especialista de ese centro de investigaciones con sede en Hamburgo.

Sin poner en duda ese escenario, Mijares alega que la actual prioridad de la élite chavista es colocar obstáculos en el camino de los nuevos diputados opositores para atizar conflictos. “Es muy probable que los ‘colectivos’ chavistas intenten amedrentar a los parlamentarios de la MUD y a sus simpatizantes”, dice el politólogo venezolano, aludiendo a reportes de prensa según los cuales Tarek El Aissami, gobernador del estado Aragua, habría instado a los seguidores del PSUV a acercarse masivamente al Palacio Federal Legislativo el 5 de enero.

Diálogo posible

Esa es la fecha en que los nuevos diputados opositores asumirán sus cargos. “Esto implica un combate de pueblo”, son las amenazadoras palabras que los medios locales le atribuyen a El Aissami. Claudia Zilla, de la Fundación Ciencia y Política (SWP) de Berlín, no cree que las recientes acciones del oficialismo vayan a ser condenadas abiertamente en América Latina. “No hay grandes diferencias cualitativas entre estas embestidas solapadas contra el Estado de derecho y las transgresiones previas del PSUV”, asegura la especialista.

“De ahí que los vecinos de Venezuela puedan permitirse esperar a que el nuevo Parlamento entre en funciones y tome sus primeras medidas para mostrarse imparciales y pedirles a ambas partes que resuelvan sus conflictos negociando”, argumenta Zilla. Mijares aclara, eso sí, que es la alta esfera del PSUV y no el chavismo en pleno el que está buscando la confrontación. El propio Henrique Capriles Radonski, uno de los principales líderes de la MUD, insiste en que la oposición puede dialogar con algunos de los excamaradas de Hugo Chávez.

“Todo dirigente del Gobierno que tenga contacto con el pueblo, sin posiciones fanáticas, creo que es, sin duda alguna, un interlocutor válido para abrir un canal de comunicación”, declaró Capriles Radonski en entrevista con el diario español El País cuando se publicaron los resultados de las elecciones parlamentarias. “Maduro comete un error. Él debería cooperar con la MUD para, más tarde, compartir con ella el costo político que traerán consigo las medidas económicas necesarias para poner coto a la crisis nacional”, enfatiza Mijares.