Este viernes 26 de enero, y luego de un largo silencio, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de sentencia de su Sala Político-Administrativa (SPA), declaró "sin lugar” los recursos intentados por María Corina Machado (MCM), ratificándole así la inhabilitación política que por 15 años le había impuesto la Contraloría General de la República (CGR). Los recursos presentados ante el TSJ por la candidata presidencial opositora respondieron al procedimiento acordado por las partes en el marco del Acuerdo de Barbadospara así permitir que todos los partidos políticos del país escojan a sus candidatos para las elecciones presidenciales y fomentar la autorización de "todos los candidatos” y partidos para que participen en las elecciones de 2024.

La decisión del TSJ fue rechazada de inmediato por María Corina Machado, quien advirtió que con esta sentencia "el régimen decidió acabar con el Acuerdo de Barbados”. De igual manera se pronunciaron los principales partidos de la oposición democrática, así como varios gobiernos del hemisferio. Uruguay señaló que "la decisión es contraria los Acuerdos de Barbados”. El gobierno de Ecuador también rechazó la inhabilitación, mientras que Argentina lamentó la decisión y mostró preocupación por la situación política de Venezuela. Por su parte, la embajada de EE. UU. señaló que "esta decisión, profundamente preocupante, es contraria a los compromisos asumidos por Maduro y sus representantes, en virtud del acuerdo de la hoja de ruta electoral de Barbados, para permitir que todos los partidos escojan a sus candidatos para las elecciones presidenciales”.

Igualmente, veintinueve exmandatarios de la región y de España, reunidos en la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), condenaron la inconstitucional inhabilitación de MCM, calificándola como una violación abierta a los Acuerdos de Barbados. En consecuencia, solicitaron a los países garantes del Acuerdo (Noruega, Barbados, Rusia, Países Bajos, Colombia, México y Estados Unidos, e igualmente a Canadá, Reino Unido y la UE) actuar en consecuencia para hacer respetar lo pactado en Barbados.

Para el régimen, la decisión del TSJ es irreversible

Al día siguiente de ser publicada la decisión del TSJ, Gerardo Blyde, jefe de la delegación opositora, exigió en rueda de prensa revertir la sentencia, por haberse violado el procedimiento acordado. Este procedimiento, aclaró Blyde, "significa un juicio, no un juicio sumario, no un paredón". Similares reclamos en cuanto al procedimiento utilizado por el régimen de Maduro para revisar las inhabilitaciones fueron expresados por la embajada de EE.UU. para Venezuela: "El proceso de reincorporación carecía de elementos básicos, ya que Machado no recibió ni una copia de las acusaciones en su contra ni tuvo la oportunidad de responder a esas acusaciones”.

La exigencia de Blyde fue respondida de forma inmediata por el régimen, por boca de Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda y miembro de la delegación oficialista. Rodríguez sentenció que "las inhabilitaciones son ya cosa juzgada en Venezuela, y no hay nada que debatir”, advirtiendo a continuación que en Venezuela existe un Estado de derecho y "que ningún país del mundo permitiría participar en un proceso electoral a alguien que convoque a golpes de Estado, sea partícipe de intentos de magnicidios y haya solicitado sanciones contra su propio país”.

Falta de autonomía de los poderes públicos

Contrario a lo que señala Héctor Rodríguez, desde hace muchos años la situación del Estado de derecho en Venezuela ha sido objeto de profunda preocupación y críticas por parte de diversas organizaciones internacionales y expertos en derechos humanos. El Índice 2023 del Proyecto de Justicia Mundial (WJP por las siglas de su nombre en inglés, World Justice Project) coloca a Venezuela con una puntuación de 0.26/1.00 en el último puesto de los 142 países del mundo que son evaluados por esta organización.

Uno de componentes del índice WJP donde sale peor evaluada Venezuela es precisamente la independencia de los poderes públicos. La falta de autonomía del sistema de justicia venezolano ha llegado a tal punto que la Corte Penal Internacional tuvo que asumir en 2021 la investigación de los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 2017 por autoridades y funcionarios públicos.

La falta de independencia de los poderes públicos venezolanos ha sido determinante en el caso de la inhabilitación de MCM. La CGR, actuando de forma subordinada a los intereses del Ejecutivo, inhabilitó de forma inconstitucional y arbitraria a Machado, tal como ha sido señalado por diversos juristas venezolanos: MCM nunca fue notificada de la medida; no tuvo derecho a la defensa; nunca recibió, ni administró fondos públicos; y, finalmente, nunca estuvo sujeta a sentencia penal firme, requisito exigido por la Constitución para ser objeto de este tipo de medida.

En el marco de los Acuerdos de Barbados, se esperaba que las medidas arbitrarias de inhabilitación dictadas por la CGR contra dirigentes opositores para impedirles participar en las elecciones iban a ser revisadas y retiradas. No obstante, esto no ocurrió así en el caso de María Corina Machado. El TSJ, bajo las órdenes del Ejecutivo, no solo convalidó el acto inconstitucional de la CGR sino que, al igual que el organismo contralor, el máximo tribunal de Venezuela dejó también en situación de indefensión a MCM.

Decisión sobre el fondo sin que haya habido un juicio

Alí Daniels, reconocido jurista y cofundador de la ONG Acceso a la Justicia, destaca que en la sentencia del TSJ sobre el caso de María Corina Machado, de la cual solo se conoce la ficha, los magistrados de la Sala Político-Administrativa no solo declararon "Improcedente” la acción de amparo cautelar, sino que también sentenciaron "sin lugar” la demanda de reclamación contra las vías de hecho en las que incurrió la CGR. De tal manera que los magistrados decidieron sobre el fondo del juicio sin que hubiera tenido lugar un juicio propiamente dicho y, en consecuencia, dejaron a Machado en situación de indefensión. Según señala Daniels, la única opción extraordinaria que le queda a Machado sería un recurso de revisión ante la Sala Constitucional del TSJ. Considerando los antecedentes del caso, los abogados de María Corina Machado tendrán que evaluar si vale la pena o no recurrir a esta instancia. 

Los argumentos que sirvieron de fundamento a los magistrados de la Sala Político-Administrativa (SPA) para dictar su sentencia, de acuerdo con lo que puede deducirse de la ficha de la sentencia publicada por el TSJ, solo tomaron en consideración las acusaciones expuestas en la Resolución de la Contraloría General de la República (CGR) de fecha del 16 de septiembre de 2021. En dicha resolución, se le imputa a María Corina Machado, entre otras cosas, haber participado en la trama de corrupción orquestada por Juan Guaidó; propiciar la entrega de las empresas Citgo Holding, INC, Citgo Petroleum Corporation y Crystallex; promover la quiebra de Monómeros Colombo Venezolanos, S.A; estar involucrada en el secuestro y robo de treinta y una (31) toneladas de oro venezolano; solicitar la aplicación de sanciones y bloqueo económico que generaron daños en la salud venezolana, incluida la imposibilidad de adquirir medicamentos antirretrovirales para más de 60 mil pacientes de VIH-SIDA, así como la falta de acceso a vacunas para niños y adolescentes.
Todas estas acusaciones descabelladas y sin ningún tipo de fundamento son, a juicio del reconocido jurista venezolano Allan Brewer Carías, "un burdo intento de achacar a María Corina Machado todos los efectos destructivos del Estado depredador, causados por el propio gobierno”, con la única finalidad de cerrarle el paso de forma arbitraria a la candidata presidencial que en estos momentos cuenta con el mayor arrastre popular en el país.

Las intenciones del régimen de Maduro

Llama la atención que, mientras TSJ mantuvo un prolongado silencio sobre las inhabilitaciones, los principales voceros del régimen anticipaban que se mantendría la inhabilitación de MCM. Desde que Machado ganó las elecciones primarias de la oposición, Diosdado Cabello señaló en múltiples ocasiones que "bajo ninguna circunstancia” sería candidata presidencial en 2024. Por su parte, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional chavista, y jefe de la delegación del gobierno en las reuniones de Barbados, aseguró el pasado 25 de enero, dos días antes de darse a conocer la sentencia, que "no hay forma de que esta mujer sea candidata a ninguna elección en la República Bolivariana de Venezuela”.

Por otro lado, resulta paradójico que en momentos en donde supuestamente debían implementarse los acuerdos de Barbados para procurar una salida pacífica a la crisis del país, Nicolás Maduro haya ordenado activar en todo el país la "Furia Bolivariana” el 18 de enero pasado. Este plan ha desatado una nueva ola represiva, especialmente dirigida contra los equipos de campaña de MCM.

Este conjunto de comportamientos y la manera tan irregular con la que los magistrados del TSJ llevaron a cabo el proceso de revisión de las inhabilitaciones dan a entender que entre los altos jerarcas del régimen de Nicolás Maduro nunca hubo la intención real de permitir que se le retirara la inhabilitación a María Corina Machado y, por ende, de cumplir con lo acordado en Barbados.

A esta conclusión llega también la Secretaría General de la OEA en su comunicado fechado el 28.01.2024 donde se señala que "las acciones recientes de la dictadura venezolana de enjuiciamiento y prisión política de opositores, especialmente aquellos vinculados al liderazgo opositor mayoritario, ya dejaron en claro que la dictadura no tenía ninguna intención de permitir la realización de elecciones limpias y transparentes. Los claros objetivos de persecución política expuestos se vieron reafirmados con la ratificación de la inhabilitación de la candidata ganadora de las primarias y quien va primera en las encuestas, María Corina Machado”.

(ers)