La crisis está alcanzando un nuevo punto de ebullición: el fracaso del intento de mediación internacional se suma al caos que ahora obliga hasta a los pobres a huir. Nadie da el brazo a torcer, y la Constituyente avanza.
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"El intento del presidente de Colombia (Juan Manuel) Santos de convencer a Cuba de participar en una mediación con el Gobierno de Nicolás Maduro para que desistiera de la Asamblea Constituyente fue una misión osada, pero predecible”, dice Eduardo Lindarte, director del departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Manizales, Colombia.
"Predecible porque, a pesar de la crisis, Caracas sigue siendo un soporte económico de La Habana”, acota este analista colombiano. La misión, respaldada por México y Argentina, trascendió por medios como el Financial Times, de Estados Unidos, y antes en RadioBlu, de Colombia.
Cuba negó este 26 de julio pública y "rotundamente" querer participar en una eventual mediación internacional para buscar una salida política a la crisis de Venezuela. Si falló este "último” intento internacional de lograr un consenso pacífico en Venezuela ¿qué hacer ahora ante la evidente inminencia de la elección, este 30 de julio?
¿Una iniciativa de América Latina y la Unión Europea?
Según Lindarte "algunos países latinoamericanos y la Unión Europa debieran tomar la iniciativa y unir esfuerzos para proponer un espacio de transición que le abra una salida al asilo a las principales figuras del Gobierno de Maduro con miras a que Venezuela vuelva al camino de la democracia”. A su juicio, "este escenario no es aún posible, porque la presión internacional no es aún suficiente”.
Este 26 de julio, al comienzo de la huelga de 48 horas convocada por la oposición para presionar la cancelación de la Constituyente, la jefa de la política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, instó, de nuevo, a las autoridades venezolanas a respetar la Constitución y el Estado de derecho, así como a respetar la Asamblea Nacional, como legítimo poder legislativo”.
Por su parte, EE.UU. anunció ahora sanciones contra "13 personajes chavistas”, propuestos por el senador Marco Rubio, del partido Republicano, del mismo partido de quienes dominan el negocio del petróleo venezolano en Estados Unidos, "por lo que sanciones en este campo parecen improbables”, acota Lindarte.
"Sistemáticas detenciones arbitrarias”
"La crisis humanitaria en Venezuela no es una cosa política, de izquierda o derecha, ni una conspiración de fuerzas extranjeras. Es una realidad”, recalca, por su parte, Michelle Kissenkoetter, de Amnistía Internacional Venezuela, y agrega que "la crisis en Venezuela es resultado de un Gobierno que no está cumpliendo con el deber plasmado en su propia Constitución y el derecho internacional de proveer a sus habitantes con lo más básico”.
En medio de las protestas callejeras que ya llevan cuatro meses, y han dejado más de cien muertos, el destino de miles de personas, detenidas arbitrariamente, ha pasado casi inadvertido.
AI destaca el caso de 14 policías, cuya libertad fue ordenada por una corte hace más un año y hasta ahora siguen rehenes del Servicio de Inteligencia Nacional (SEBIN) en Chacao, cerca de Caracas. Estos exagentes del Estado venezolano están en huelga de hambre. Amnistía Internacional denuncia en el informe "Silenciados a la fuerza” la sistematicidad de dichas detenciones arbitrarias por motivos políticos, desde hace varios años, pero que han aumentado en los últimos meses.
¿Qué espera un ciudadano en Venezuela que no esté de acuerdo con el régimen? "Que, por lo menos, Maduro se de cuenta que la única forma de enfrentar la crisis general es empezando por resolver la crisis humanitaria. Si el Gobierno se dedicara a surtir de alimentos y medicamentos a quienes lo necesitan, en vez de reprimir, se sentaría la base para una solución”.
José Ospina-Valencia (er)
Luisa Ortega Díaz: carrera de rupturas en un país roto
La fiscal general de Venezuela pasó de ser una funcionaria oficialista a ser la enemiga pública número uno del gobierno de Maduro. Una chavista enfrentada a chavistas.
Imagen: picture-alliance/C.Becerra
La fiscal y la disidencia chavista
La fiscal general venezolana, Luisa Ortega, está en "peligro" por el proceso que inició el Tribunal Supremo de Justicia con miras a su destitución. Así lo indicó Nicmer Evans, uno de los disidentes del chavismo que rechazaron la Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro. Entre ellos está también el diputado oficialista Germán Ferrer - esposo de Luisa Ortega- y el exdiputado Eustoquio Contreras.
Imagen: picture-alliance
El caso López
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, afirmó que no se puede usar a los políticos privados de libertad como "objeto de negociación" o como "rehenes", en una declaración hecha a horas de que se concediera la prisión domiciliaria al dirigente opositor Leopoldo López. Ortega fue parte acusadora en el juicio en que López fue condenado a 14 años de cárcel.
Imagen: Getty Images/AFP/L. Robayo
Ruptura institucional
Ortega, fiscal desde 2008, abrió la disputa pública en marzo pasado, cuando calificó "ruptura del orden constitucional" dos sentencias del TSJ que despojaron a la Asamblea Nacional de sus atribuciones legales. Ortega es calificada por el oficialismo de "traidora", ya que siempre acompañó la línea oficial en casos como la condena de Leopoldo López a 14 años de cárcel por "instigar" las protestas.
Imagen: picture-alliance
Ortega: "Venezuela se volvió Estado policial"
Agasajada en el Parlamento y tachada de traidora por el Gobierno, Ortega ha llamado a declarar como imputados a dos altos mandos del Ejército y la inteligencia por su papel en la "represión". La fiscal acusa a funcionarios policiales y militares de la muerte de 23 personas durante las protestas, y ha dicho que Venezuela "es un estado policial" en el que se practica "terrorismo de Estado".
Imagen: picture-alliance/dpa/F. Llano
Respaldo de fiscalías de más de 12 países
Maduro ha acusado a Luisa Ortega de liderar los sectores que se oponen a la "formación de una Asamblea nacional Constituyente". Sin embargo, la preocupación de Ortega ante los "ataques contra la labor del Ministerio Público venezolano" le ha valido el respaldo de las fiscalías de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Portugal, Uruguay y España.
Imagen: Getty Images/AFP/J. Barreto
Unos la llaman "traidora", otros "defensora de DD.HH."
Ortega tiene a cargo investigaciones de los crímenes y violaciones de los Derechos Humanos perpetrados por el Estado venezolano. Antigua aliada del chavismo, ahora se opone a Nicolás Maduro. Ha surgido como defensora de la constitucionalidad. Unos la acusan de "traidora", mientras para otros es una "defensora" de los derechos humanos.
Imagen: picture-alliance/dpa/M. Gutierrez
Abogada, consultora y fiscal
Nacida en Guárico, Venezuela, Luisa Ortega es la Fiscal General de la República Bolivariana, cargo que ejerce por designación de la Asamblea Nacional. Se ha desempeñado como consultora jurídica del canal de televisión del Estado. En 2002 ingresó al Ministerio Público. Un año después juró presidenta de la Comisión por la Justicia y la Verdad.
Imagen: picture alliance/dpa/M. Gutierrez
Exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, pide asilo en España
La ex fiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz, muy crítica con el ejecutivo del presidente Nicolás Maduro y destituida en 2017, ha solicitado protección internacional al Gobierno de España. Ortega se exilió en Colombia en 2017, tras ser destituida por la Asamblea Nacional Constituyente, de composición chavista, que la acusó de haber cometido "actos inmorales".