El Gobierno venezolano ha vuelto a tachar de “injerencistas” los llamados hechos desde el extranjero para que los comicios parlamentarios del 6 de diciembre se desarrollen transparente y pacíficamente. El estamento chavista aprobó la visita de emisarios de la Unasur para que “acompañaran” el proceso de votaciones, pero no es mucho lo que éstos han dicho sobre una campaña electoral ensombrecida por denuncias de ventajismo oficialista y violencia política.

Pocos opositores esperaban otra cosa. Y es que, apegándose a la doctrina que los inhibe de inmiscuirse en los asuntos internos de sus vecinos, tanto la Unasur como el Mercosur se han abstenido durante años de criticar las prácticas antidemocráticas del presidente Hugo Chávez (1999-2013) y su sucesor, Nicolás Maduro. La última vez que se pronunciaron rotundamente sobre desafueros similares fue en 2012, tras el golpe en Paraguay.

Antes de eso condenaron con igual dureza el golpe en Honduras (28.6.2009). ¿Cómo explicar la discrecionalidad con que los mandatarios latinoamericanos invocan el principio de no intervención? ¿Por qué se solidarizan con homólogos removidos inconstitucionalmente de sus cargos, pero se niegan a actuar cuando uno de los suyos rompe las reglas del juego democrático?

Ejecutivos blindados

Por el temor que tienen a que ellos mismos puedan ser objeto de intentonas golpistas o de la censura de sus pares. Esa es la tesis de analistas como Claudia Zilla, de la Fundación Ciencia y Política (SWP), y Fernando Mires, profesor emérito de la Universidad de Oldenburg. A sus ojos, en América Latina, las disrupciones del orden constitucional no son castigadas en nombre de la democracia, sino en defensa exclusiva del Poder Ejecutivo.

Mariana Llanos, del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA), secunda ese argumento, añadiendo que la tendencia de los Gobiernos a velar más por sus intereses que por la integridad institucional de sus vecinos se manifiesta por acción y omisión: “El acto de guardar silencio –como se ha hecho frente a los atentados contra la democracia en Venezuela– es una posición conscientemente elegida”, dice Llanos.

¿Cabe decir que los jefes de Estado y de Gobierno latinoamericanos se han blindado jurídicamente, a escala nacional y regional, para evitar rendir cuentas por sus gestiones? Después de todo, apartando la virtual sacralización del principio de no injerencia, la prevalencia de sistemas hiperpresidencialistas en el subcontinente parece guardarles bien las espaldas.

Ética y voluntad política

Y si ese es el caso, ¿no sería saludable para el Estado de derecho quitarle potestades a los mandatarios y concedérselas a los legisladores? “No creo que los problemas aludidos se solucionen por la vía de la ingeniería política, enmendando detalles en el campo del derecho”, señala Peter Birle, experto en Política Comparada del Instituto Ibero-Americano (IAI) de Berlín, admitiendo que también él comparte el diagnóstico de Zilla y Mires.

“Al final, son siempre los políticos quienes deciden cómo usar los instrumentos legales a su alcance”, advierte Birle, poco convencido de que redactar con mayor precisión las cláusulas democráticas de la Unasur y el Mercosur garantice su activación inmediata cuando las circunstancias lo demandan. “Estas herramientas siempre dejan espacio suficiente para interpretaciones diversas”, acota el especialista del IAI.

“Así funcionan las relaciones diplomáticas entre estos Estados. Recordemos que ellos han experimentado directa o vicariamente varias intervenciones de potencias extranjeras; intervenciones que arremetieron contra Gobiernos legítimamente elegidos bajo el pretexto de preservar las democracias en América Latina. El principio de no injerencia no surgió de la nada. Esta discusión es mucho más compleja de lo que parece”, enfatiza Birle.