Considerando el desencanto que la clase política ha dejado en buena parte de los países de América Latina y el Caribe, no es de extrañar que muchos partidos –independientemente de sus colores– sean objeto de desdén hasta entre quienes votan por ellos, a falta de opciones más convincentes. Las formaciones izquierdistas, que cerraron en Quito el II Encuentro Latinoamericano Progresista (ELAP) este miércoles (30.9.2015), no son la excepción.

De hecho, algunos observadores sostienen que los abusos de poder cometidos por quienes se describen como artífices del “socialismo del siglo XXI” en Venezuela y la tolerancia de esos desafueros por parte de líderes cercanos al establishment chavista ponen en entredicho la credibilidad de la izquierda regional. Los críticos de la izquierda latinoamericana la acusan de desviar la mirada para no ver los actos antidemocráticos del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

¿Cabe atribuir las omisiones de los izquierdistas del continente a una ceguera ideológica? Algunos creen que sí. Otros argumentan que los presidentes –presentes y pasados– de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, El Salvador, Nicaragua y Uruguay sólo han actuado en función de los intereses económicos que comparten con Venezuela. Sin embargo, no todos los conocedores del acontecer latinoamericano secundan estos diagnósticos del silencio de la izquierda regional.

Solidaridad automática entre Gobiernos

“El factor económico no es lo determinante. Si así fuera, Washington no tendría una relación tan tensa con Caracas. El convenio de no intervenir en los asuntos internos de los vecinos –muchas veces malinterpretado– tiene más peso”, señala Fernando Mires, profesor emérito de la Universidad de Oldenburg. “Tampoco creo que la desatención de los valores democráticos y republicanos sea una tendencia exclusiva de los partidos izquierdistas”, agrega el experto. “Callar frente a las arbitrariedades de Gobiernos vecinos es un gesto que no conoce barreras ideológicas en Latinoamérica”, coincide Claudia Zilla, de la Fundación Ciencia y Política (SWP).

Apartando al conservador-liberal Ricardo Martinelli, presidente de Panamá de 2009 a 2014, quien se inmiscuyó en la crisis política venezolana con palabras a favor de la oposición y puso en juego sus vínculos diplomáticos con Caracas, cuesta recordar a un Gobierno de centro-derecha que haya alzado la voz o propuesto iniciativas con miras a “disciplinar” al Ejecutivo de Hugo Chávez (1999-2013) o al de su sucesor, Nicolás Maduro. “Ninguno de ellos se ha apresurado a formar una ‘alianza latinoamericana por la democracia’ para persuadir al Gobierno venezolano de respetar las máximas del Estado de derecho”, apunta Zilla.

Impulso de autopreservación

Consultado sobre el aislamiento al que fueron sometidos los Gobiernos de facto de Honduras y Paraguay tras los golpes perpetrados contra sus presidentes Manuel Zelaya (28.6.2009) y Fernando Lugo (22.6.2012), respectivamente, Mires subraya que los mandatarios latinoamericanos “de izquierda y de derecha” acordaron castigar esos actos de ruptura del hilo constitucional, no en nombre de la democracia, sino por temor a que lo mismo pudiera ocurrirles a ellos. Zilla comparte esa perspectiva: “los Gobiernos de la región tienen un interés especial en que el Ejecutivo sea intocable, sin importar su signo político”, comenta la politóloga de Berlín.

Desde ese punto de vista, es de esperar que los presidentes latinoamericanos se solidaricen automáticamente con un homólogo en riesgo de ser removido inconstitucionalmente de su cargo, pero no que se pronuncien cuando un Gobierno rompe las reglas del juego democrático, como lo ha hecho Maduro en Venezuela, según varias instancias locales y extranjeras. Suena banal, pero es lógico, parece decir Mires. “¿Para qué buscarse problemas si ellos pueden evitarlo? A eso se debe también que sean expresidentes y no mandatarios en ejercicio quienes se atreven a criticar duramente y a título personal al Gobierno de Maduro”, acota el especialista de Oldenburg.

“Para mí, la solidaridad internacional es un mito. La condena al golpe de Estado de 1973 en Chile no respondió sino al temor de los Gobiernos vecinos a ser blanco de un ataque similar”, concede Mires. “En general, el compromiso de los Gobiernos latinoamericanos con los principios democráticos y republicanos es muy débil. Los mandatarios de la región se abstienen de defender esos valores cuando el costo político o económico de hacerlo es alto. Su poca disposición a blindar esos principios cuando éstos se ven vulnerados en un Estado determinado queda en evidencia cuando se limitan a clamar por que en ese país haya elecciones”, lamenta Zilla.