Tareck el Aissami está considerado como el hombre del futuro para los socialistas venenzolanos. Este político ascendió al centro del poder cuando tenía solo 33 años, y Hugo Chávez lo nombró ministro de Interior, obteniendo así acceso al aparato policial y de seguridad del país. Hace tan solo unas semanas, el presidente Nicolás Maduro lo nombró vicepresidente. Se trató de una señal dirigida hacia al país, pero también hacia el exterior: Maduro, inmerso en una crisis, se decantó por un sucesor.

Pero precisamente Tareck el Aissami está presuntamente vinculado con el narcotráfico. Esto es, al menos, de lo que le acusa Washington. El Gobierno estadounidense impuso sanciones contra este político y está en la lista del tráfico internacional de drogas. Sus bienes y activos fueron congelados en Estados Unidos, y en dicho país nadie puede hacer negocios con él sin ser sancionado. El Aissami y su hombre de confianza, Samark José López Bello, serían responsables de negocios turbios millonarios, según Washington. 

El Aissami, por su parte, se ve a sí mismo como una víctima. Aseguró que se trata de una agresión contra un "revolucionario antiimperialista”, y envió además un mensaje de batalla: "¡Venceremos!" Todo esto recuerda a las primeras reacciones de numerosos funcionarios de fútbol sudamericanos, cuando la justicia estadounidense los acusó en el marco del escándalo de la FIFA. También entonces, los culpables se sentían víctimas y reprocharon a la Justicia de Estados Unidos de haberlos difamado tachándolos de delincuentes.

Sobrinos y político influyente

El "Caso Venezuela" es bien distinto. No es la primera vez que Caracas se halla en el punto de mira de la agencia de estupefacientes de Estados Unidos. Hay más casos en los que, desde la perspectiva actual, Venezuela no resulta bien parada. Sobre todo la historia de Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores, los sobrinos de la esposa de Nicolás Maduro, Cilia Flores, empaña también las relaciones entre Washington y Caracas.

Los sobrinos fueron declarados culpables por un jurado federal de Nueva York y en marzo se conocerá la sentencia. Los sobrinos de Flores intentaron hacer llegar alrededor de 800 kilos de cocaína desde Venezuela a Honduras y, desde allí, a Estados Unidos. Los agentes se apoyan en indicios que la familia del presidente venezolano niega. Esta habla de secuestro y testigos sobornados. Existen grabaciones, en las que uno de los sobrinos presume de poseer el control completo del hangar presidencial en el aeropuerto de Maiquetía.

Además, otro caso causó furor. En 2015, Estados Unidos investigó a Diosdado Cabello, el antiguo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela  y muy influyente político, por nexo con el narcotráfico. El "Wall Street Journal” informó que Cabello sería el cabecilla de una banda de narcotraficantes. Al igual que El Aissami, Cabello se habría aprovechado de su influencia para acceder a los aeropuertos del país con el fin de organizar el contrabando de drogas desde Venezuela a México y a Estados Unidos. Para ello habría contado con la ayuda de militares de alto rango.

Cuestión de credibilidad

Las acusaciones pesan mucho y afectarán, durante los próximos meses, a la relación diplomática entre ambos países. Si fuesen verdad, aclararían por qué los gobernantes de Venezuela se oponen vehementemente al cambio democrático en el país, aunque los votantes se decantaron en las elecciones parlamentarias por un cambio político.

En caso de que las acusaciones sean infundadas, esto supondría que las investigaciones de las autoridades para el control de drogas estadounidenses tendrían serios problemas en Latinoamérica en los próximos años, porque su credibilidad estaría en juego.